Aprueban en Aguascalientes reforma para limitar semanas para la interrupción del aborto

Con 19 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el Congreso de Aguascalientes aprobó en lo general la Reforma al Código Penal que limita a seis semanas el periodo permitido para la interrupción legal del embarazo.

El 28 de agosto se discutió y aprobó en el Congreso local de Aguascalientes la iniciativa de reforma a los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código Penal Estatal presentada el pasado 23 de agosto. Dicha iniciativa considera, en favor de un “enfoque que no solo considera al no nacido como un ser humano, sino que también lo trata con la dignidad inherente que le corresponde desde el momento de su concepción”, que el aborto pone en riesgo la integridad de la vida y por ello “debe estar sujeto a restricciones y penalizaciones para salvaguardar este derecho primordial”. 

La discusión en el Pleno reunió alegatos alineados con una perspectiva en pro de la familia y la infancia, como el de Nancy Macías, quien mencionó que “la vida es sagrada y debe protegerse”. Aseguró también que esta legislación, que forma parte del proyecto de la gobernadora Teresa Jiménez, la Ley de Protección de la Vida, pretende “crear un entorno en el que la vida, en cualquiera de sus etapas, pueda florecer”. 

Dichas declaraciones fueron puestas en duda por la legisladora Leslie Figueroa, que, aunque votó a favor de la reforma,  desmintió que el dictamen propuesto sea inclusivo y no discriminatorio. Mencionó que éste  pretende “dar modernidad en la legislación civil local, asegurando de hecho, que el código civil de Aguascalientes es uno de los más vanguardistas y que sirve de molde para las legislaciones de otros estados, cuando en realidad sabemos que no es así, ya que en este congreso hemos sido omisos en actualizar el marco legal en el matrimonio igualitario y los derechos para comunidad LGBTQI+, lo que evidencia que no es moderna ni vanguardista sino todo lo contrario ya que a pesar de las diversas sentencias de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, nuestro Estado ha sido negligente en legislar para todas las personas”.

Por su parte, los integrantes del Congreso que se manifestaron en contra advirtieron que esta reforma atenta en contra de los derechos reproductivos de las mujeres. Juan Carlos Regalado dijo que aunque los partidarios de esta acción legislativa aseguran que no se trata de un acto de criminalización, “este proyecto sí contempla una pena privativa de libertad de tres a seis meses a quienes voluntariamente se practiquen un aborto u otorguen su consentimiento para que se realice”. 

Sin embargo, el día de ayer múltiples grupos feministas se reunieron en las inmediaciones del PAN en Aguascalientes para exigir al Congreso local que se respete la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Según el pronunciamiento de organizaciones como Fondo de Aborto para la Justicia Social María y Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C, “La Suprema Corte ha sido muy clara y contundente: el diseño legislativo que se adopte al despenalizar el aborto voluntario no debe anularel inejercitable el derecho a decidir, por lo que la temporalidad que se fije debe ser razonable, basada en la mejor evidencia científica disponible. Tratar de reducir a la mitad el período en el cual una persona puede decidir si continúa, o no, con su embarazo no es razonable a, ni responde evidencia científica o consideración médica válida, aunque así lo asegure falsamente el dictamen de la Comisión de Justicia [...] Es inconstitucional, contrario al criterio establecido por la propia Suprema Corte y violatorio de los derechos humanos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.”  

A su vez, Adriana López, de Católicas por el Derecho a Decidir consideró que la aprobación de esta reforma al Código Penal representaría “un antecedente negativo para el resto de las legislaturas” en términos del principio nacional de progresividad de derechos que condena la regresión de “los derechos que han sido conquistados”. Por último, recordó que “México es un Estado laico y los argumentos que se dan en la iniciativa de Aguascalientes están fundamentados en aspectos morales y religiosos”. 

Hasta ahora, estas organizaciones feministas se han pronunciado a través de redes sociales advirtiendo que esta restricción en la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes se trata de un retroceso significativo en términos de derechos humanos. Asimismo, reiteran su convicción de continuar el acompañamiento de procesos de interrupción del embarazo así como gestión para “hacer inoperante” esta iniciativa.