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Allanan casa de Ilhan Omar, congresista señalada reiteradamente por Trump

Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) allanaron este 12 de octubre la vivienda de la congresista demócrata Ilhan Omar, ubicada en el área de Washington D. C., como parte de una investigación federal en curso, confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La dependencia informó que la operación se realizó mediante una orden de registro autorizada judicialmente, aunque no detalló el alcance de las indagatorias ni precisó si existen cargos formales contra la legisladora.

De acuerdo con Fox News Digital, que citó fuentes no identificadas, la investigación estaría relacionada con documentación migratoria presentada por el padre de Omar cuando ella era niña. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente todos los detalles del caso.

El allanamiento ocurre a menos de un mes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado estadounidense.

Demócratas condenan el allanamiento y cuestionan su momento

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes condenaron el registro de la vivienda de Omar y lo calificaron como un “abuso de poder”. En un comunicado, señalaron que la congresista ha sido blanco durante años de ataques personales y acusaciones que consideraron infundadas por parte del presidente Donald Trump y sectores de la extrema derecha.

También cuestionaron que la operación ocurriera a menos de 30 días de las elecciones legislativas y afirmaron que la política de deportaciones masivas del mandatario había llegado hasta el hogar de una representante electa y su familia.

De acuerdo con Associated Press, el operativo provocó críticas inmediatas de altos dirigentes demócratas y reavivó el debate sobre la conveniencia de realizar acciones de investigación de alto perfil en las semanas previas a una elección. Los protocolos del Departamento de Justicia buscan evitar actuaciones investigativas que puedan interferir en el proceso electoral, aunque las autoridades no han explicado públicamente las circunstancias específicas de este registro.

Una década de ataques y amenazas contra Ilhan Omar

Omar, nacida en Somalia y representante demócrata por Minnesota, ha sido blanco recurrente de ataques verbales de Trump desde su llegada al Congreso. La legisladora, integrante del ala progresista del Partido Demócrata, ha cuestionado las políticas migratorias del mandatario y sus declaraciones contra las comunidades musulmanas y migrantes.

En julio de 2019, Trump publicó mensajes contra cuatro congresistas demócratas, incluida Omar, a quienes instó a regresar a los países de los que supuestamente provenían, pese a que tres de ellas habían nacido en Estados Unidos.

Ese mismo año, Omar denunció un incremento de las amenazas de muerte después de que Trump difundiera un video relacionado con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y declaraciones de la congresista. La legisladora señaló que algunas amenazas hacían referencia directa a las publicaciones del presidente.

Las amenazas también derivaron en procesos judiciales. En marzo de 2019, Patrick Carlineo Jr. llamó a la oficina de Omar en el Congreso y amenazó con dispararle en la cabeza, además de utilizar expresiones que la vinculaban con el terrorismo. En noviembre de ese año, el hombre se declaró culpable de amenazar con agredir y asesinar a una funcionaria federal.

En otro caso, David Hannon, residente de Florida, se declaró culpable en abril de 2022 de amenazar de muerte a Omar mediante un correo electrónico enviado en julio de 2019. El Departamento de Justicia documentó ambos procesos.

Agresión física durante un acto público

La congresista también sufrió una agresión durante una asamblea pública en Minneapolis el 27 de enero de 2026. Anthony James Kazmierczak, de 56 años, se acercó a Omar y le roció una mezcla de vinagre con una jeringa mientras ella participaba en el evento.

El ataque ocurrió durante un periodo de tensión en Minnesota por las operaciones federales de control migratorio, que provocaron protestas y enfrentamientos en la región.

Kazmierczak se declaró culpable y en septiembre de 2026 fue sentenciado a 14 meses de prisión, además de tres años de libertad supervisada, informó Associated Press.

Aunque Omar no sufrió lesiones físicas de gravedad y continuó con el acto, la agresión volvió a colocar en el centro de la discusión las condiciones de seguridad de la legisladora.

Trump intensifica sus declaraciones contra la comunidad somalí

Los ataques verbales del mandatario también se han dirigido contra la comunidad somalí de Estados Unidos, particularmente en Minnesota, donde reside una importante población de origen somalí.

En diciembre de 2025, Trump calificó de “basura” a integrantes de esa comunidad y pidió que regresaran a sus países de origen. Las declaraciones fueron criticadas por legisladores demócratas y defensores de los derechos civiles, quienes señalaron su contenido discriminatorio.

El presidente también ha dirigido insultos personales contra Omar y ha cuestionado reiteradamente sus antecedentes migratorios. Entre las acusaciones difundidas por figuras republicanas se encuentra la afirmación de que la congresista contrajo matrimonio con su hermano para obtener beneficios migratorios, señalamiento que ella ha rechazado.

Omar ha descrito los ataques del mandatario como una “obsesión malsana y espeluznante” y ha denunciado amenazas contra ella y su familia, que atribuye al clima de hostilidad política.

Registro en vísperas de las elecciones legislativas

La operación federal se produce en un contexto de fuerte polarización política y a pocas semanas de los comicios de mitad de mandato, en los que el Partido Republicano buscará conservar sus mayorías en el Congreso.

El registro de la vivienda ha generado atención debido a los antecedentes de confrontación entre Trump y Omar, así como a las acusaciones migratorias que han circulado contra la congresista durante años.

Sin embargo, las autoridades no han divulgado públicamente pruebas que permitan establecer si las sospechas sobre la documentación migratoria tienen fundamento. La ejecución de una orden de registro tampoco demuestra por sí misma que una persona haya cometido un delito.

Por ahora, la investigación continúa abierta y el Departamento de Justicia no ha informado públicamente de una acusación formal contra Omar.