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  • hace 21 horas
  • 15:04
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Autoriza tribunal que la Policía de Texas detenga a personas que sospeche están en EE.UU. de forma irregular

Un tribunal federal de apelaciones autorizó la entrada en vigor de la SB4, una ley migratoria estatal, que permitirá a policías estatales y locales detener a personas que sospechen están en Estados Unidos de manera irregular.

La decisión, emitida por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con una votación de 10 contra 7, levanta la suspensión que mantenía bloqueada la ley desde 2024. Con ello, el estado podrá tipificar como delito el cruce irregular desde México y permitir que jueces locales ordenen la expulsión de migrantes. La norma está programada para entrar en vigor el 15 de mayo, mientras organizaciones civiles preparan nuevas impugnaciones.

El tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley. En su fallo, se limitó a determinar que los demandantes no tenían legitimidad procesal para impugnarla, por lo que el debate sobre si Texas invade facultades del gobierno federal en materia migratoria permanece sin resolverse.

La SB4 fue aprobada durante la administración de Joe Biden, en un contexto de aumento en los cruces fronterizos. Su implementación, sin embargo, se da ahora bajo el gobierno de Donald Trump, que ha endurecido la política migratoria y retiró el respaldo federal a la demanda que buscaba frenar la ley.

Desde el inicio de este segundo mandato, la estrategia ha estado enfocada en ampliar detenciones y acelerar deportaciones. Entre las medidas adoptadas se incluyen la expansión de redadas en el interior del país, la extensión de procesos de expulsión rápida a todo el territorio y la eliminación de mecanismos como la aplicación CBP One, que permitía a migrantes gestionar solicitudes de ingreso.

Los efectos de ese giro ya son visibles en las cifras. Las detenciones de migrantes en la vía pública aumentaron más de 1,000%, mientras que los arrestos de personas sin antecedentes penales crecieron 770%, de acuerdo con análisis académicos recientes. Este cambio ha ampliado el alcance de la política migratoria hacia personas que anteriormente no eran el foco principal de los operativos.

En paralelo, investigaciones recientes documentan que al menos 11 mil niñas y niños con ciudadanía estadounidense han sido separados de sus padres en los primeros meses del actual gobierno, con un promedio de más de 50 menores afectados diariamente, en su mayoría dentro de comunidades latinas.

La ley de Texas se inserta en este contexto al ampliar las facultades de autoridades locales en tareas migratorias, lo que incrementa el número de agentes con capacidad de realizar detenciones por estatus migratorio. Organizaciones defensoras han advertido que esto podría derivar en perfiles raciales, detenciones arbitrarias y mayor incertidumbre entre comunidades migrantes.