https://www.sprinforma.mx/noticia/ayotiznapa-y-las-nuevas-lineas-de-investigacion-sabanas-telefonicas-funerarias-la-bandarilla-y-guerreros-unidos
6 min El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, y el fiscal del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, de la Fiscalía General de la República (FGR), presentaron 6 nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
Las nuevas líneas de investigación se centran en la posible participación criminal entre policías y miembros del grupo Guerreros Unidos, así como en el uso de crematorios clandestinos y funerarias de Iguala, el análisis de sábanas telefónicas, la concentración de los estudiantes en la barandilla municipal y la identificación de 17 nuevos implicados.
Además se centran en 10 acciones contundentes entre cateos, aseguramiento de inmuebles, intervención de comunicaciones, ejecución de órdenes de aprehensión, solicitudes de datos conservados, extracción de datos en dispositivos, análisis de sábanas telefónicas, reconocimientos aéreos, análisis geográfico histórico, búsquedas de indicios en campo
Hasta 2026, la FGR tiene la tarea de digitalizar y analizar 5 millones de fojas contenidas en 3 mil tomos.
Entre 2019 y 2023, las madres y padres de los jóvenes, acompañados por sus representantes y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ingresaron a diversas instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde tuvieron acceso a archivos, los consultaron y solicitaron copia de diversa documentación. En total, les fueron entregadas 121 mil 28 hojas.
La documentación correspondía a distintos temas y no necesariamente estaba relacionada con la desaparición de los estudiantes. Entre este volumen de información se encontraban algunos de los llamados folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI).
No obstante, en 2023, las madres y padres solicitaron copia de 866 folios del CRFI que, sostienen, deberían estar en poder de la Sedena. De estos, la dependencia entregó 33. En 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó proporcionar los folios restantes; sin embargo, la Sedena señaló que no contaba con mayor información después de la entrega de los 120 mil documentos.
Desde 2019 a la fecha, también se ha fortalecido la búsqueda en campo. Se han intervenido mil 931 sitios en nueve municipios de Guerrero: Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tepecoacuilco de Trujano.
Estas acciones se derivan de declaraciones contenidas en los expedientes, testimonios e indicios que permiten identificar nuevos puntos de búsqueda sobre el posible paradero de los 43 estudiantes.
Ante estos hechos, se realizaron jornadas de búsqueda en el predio de la funeraria “El Ángel”, con la participación de un representante de los padres y madres de los estudiantes. Estas diligencias se llevaron a cabo de marzo a junio de 2026 y permitieron localizar 23 indicios:
Cientos de fragmentos óseos
Prótesis dentales
Restos biológicos
Cartuchos
Casquillos
Documentación
Los restos se encuentran bajo análisis, a la espera de los resultados que permitan establecer su antigüedad, obtener perfiles genéticos y determinar posibles coincidencias con personas desaparecidas.
Sin embargo, los análisis también permitieron identificar que uno de los restos humanos coincidía genéticamente con otro fragmento localizado por la Fiscalía General de la República (FGR) el 17 de diciembre de 2021, a 123 kilómetros de distancia del Semefo, en el camino a Las Antenas de Mezcaltepec, en Taxco, Guerrero.
El 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvió el amparo en revisión 203/2017 y otros recursos interpuestos por integrantes de Guerreros Unidos.
Los efectos de esta sentencia ocasionaron que 65 personas, la mayoría integrantes de Guerreros Unidos, así como policías municipales, fueran liberadas bajo el argumento de que habrían sido víctimas de tortura, sin que esto se acreditara en todos los casos. También se anularon declaraciones, testimonios y otras pruebas de personas señaladas de participar en la desaparición de los jóvenes.
Años después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aplicó el Protocolo de Estambul, mediante el cual siete personas dieron positivo a indicios de tortura.
Hasta octubre de 2024 de las 145 personas procesadas, cinco son exfuncionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), 37 pertenecen a Guerreros Unidos, 16 son integrantes del Ejército, además del expresidente municipal de Iguala y la expresidenta del DIF municipal, una persona de la Secretaría de Marina y 84 policías. De estos últimos, 46 eran policías municipales de Iguala, 16 de Huitzuco, 10 estatales, seis federales y seis ministeriales.
Mauricio Pazarán Álvarez, fiscal del caso Ayotzinapa, detalló durante la presentación del informe que, mediante el reanálisis de llamadas telefónicas, se logró identificar a 17 personas que no habían sido detectadas previamente y que ahora son objeto de investigación para reconstruir los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El análisis de las comunicaciones telefónicas permitió identificar conexiones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y otras personas relacionadas con establecimientos y servicios, como funerarias, así como sus patrones de comunicación durante horarios de relevancia para la investigación.
En cuanto a la nueva línea de investigación que involucra a los dueños de la funeraria El Ángel con la desaparición de los estudiantes, en agosto de 2025 se estableció que Rodolfo “N”, propietario del establecimiento, utilizó en octubre de 2014 un equipo telefónico que pertenecía al estudiante Julio César “N”, abriendo líneas que implicarían la infraestructura del lugar con la desaparición de los estudiantes.
Este hallazgo fortaleció los indicios que vinculan a personal de las funerarias con la desaparición de los estudiantes. Asimismo, se identificaron posibles vínculos con el Servicio Médico Forense (Semefo) y el uso de un horno que no contaba con registro sanitario, además de autorizaciones para inhumaciones y cremaciones.
Sobre los actos de investigación relacionados con Mauro “N”, los diversos elementos recabados permitieron que el 24 de agosto de 2026 se ejerciera acción penal en su contra. Asimismo, se obtuvo una orden de aprehensión por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, en agravio de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Entre las líneas de investigación pendientes se encuentra el paradero de las videograbaciones de las cámaras ubicadas en el Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, frente al punto donde desaparecieron algunos estudiantes y que pudieron aportar información para reconstruir los hechos.
El reanálisis del caso permitió avanzar en esta línea y detener a la expresidenta del Tribunal, Lambertina “N”, y a la visitadora Blanca “N”, quienes se encuentran sujetas a proceso y han colaborado con la Fiscalía.
De acuerdo con sus declaraciones, Ángel “N” habría ordenado eliminar las videograbaciones y cualquier otra evidencia relacionada con los hechos.
El caso de la Barandilla, descartado por la entonces verdad hsitórica implica el quiebre de esa “verdad” y establece que el Estado, a través de sus cuerpos de seguridad y de inteligencia, retuvo formalmente a los estudiantes y participó activamente en su desaparición forzada.
Por su parte, el subsecretario y el fiscal del caso garantizaron que continuarán las investigaciones, que se buscará hacer justicia y atender a las madres y padres de los estudiantes. Asimismo, señalaron que se agotarán todas las líneas de investigación y se mantendrán los trabajos de campo para localizar a los 43 normalistas.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 se registró la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.
Durante esos hechos, elementos de la Policía Municipal interceptaron y abrieron fuego contra los autobuses en los que se trasladaban los normalistas. De acuerdo con las investigaciones, agentes locales y civiles armados vinculados con el grupo criminal Guerreros Unidos serían responsables de las agresiones ocurridas aquella noche.
Los ataques dejaron un saldo de seis personas asesinadas, al menos 40 heridas y la desaparición de los 43 jóvenes, cuyo paradero continúa sin conocerse.
Mientras la llamada “Verdad Histórica” estableció inicialmente que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero del municipio vecino de Cocula, actualmente permanecen abiertas nuevas líneas de investigación.
El caso ha sido señalado como un crimen de Estado debido a la presunta participación, omisión o negligencia de autoridades de los tres niveles de gobierno en la desaparición de los estudiantes.
Por estos hechos, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fue detenido. Durante su gestión, presentó la llamada “Verdad Histórica” como la explicación oficial sobre lo ocurrido con los estudiantes.
El gobierno de México presentó las nuevas 6 líneas de investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa
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