¿A quién le pertenecen los muertos ilustres?

En las últimas décadas, el debate sobre la restitución del patrimonio cultural ha adquirido una dimensión ética tal que hoy resulta difícil sostener que un objeto ligado a la historia de un pueblo deba permanecer lejos de él únicamente porque alguien lo adquirió, lo saqueó o lo heredó en otro tiempo en el que la ausencia de una legislación específica lo permitía. El consenso internacional nos dice que los bienes culturales forman parte de la memoria colectiva de las naciones y, cuando existen razones históricas que lo justifican, deben poder regresar a sus lugares de origen.

La discusión se vuelve mucho más incierta cuando aquello que constituye el patrimonio no es un objeto, sino una persona, porque sabemos que los artistas también terminan por convertirse en símbolos de la identidad cultural de sus países. Si bien la voluntad de preservar sus archivos y sus casas natales es indiscutible, el debate se abre con la última disposición de sus restos que suelen permanecer, casi siempre, allí donde la muerte los sorprende. Y es que, ¿qué ocurre cuando quien permanece lejos de su lugar de origen no es una escultura sino una persona?, ¿quién hereda a los intelectuales del exilio, a los artistas que nunca volvieron?, ¿a quién les pertenecen sus cuerpos?

Es un debate muy complejo y antiguo. Hace dos mil quinientos años, Sófocles nos relató en “Antígona” un conflicto que giraba más que en torno a la muerte de Polinices, a su derecho a recibir sepultura entre los suyos y; desde entonces, la muerte se ha convertido en una cuestión de soberanía, pero también de memoria. De algún modo, no deja de ser contradictorio que aceptemos sin ninguna duda que cualquier objeto artístico deba regresar al país donde fue creado porque constituye un bien cultural irrenunciable, pero que se acepte sin apenas discusión que los restos de un artista o de un intelectual permanezcan para siempre lejos de la comunidad que los forjó.

En ese sentido, el historiador francés Pierre Nora sostuvo que las naciones construyen su identidad a través de los lugares de memoria, espacios físicos donde se cristaliza el recuerdo colectivo. Y una tumba ilustre es, sin duda, uno de esos lugares, un punto de encuentro entre la memoria individual y la memoria histórica nacional. Existen algunos precedentes que nos demuestran que los Estados sí han entendido esa dimensión simbólica. Podemos citar el caso de Francia que organizó en 1840 el célebre Retour des Cendres para recuperar los restos de Napoleón Bonaparte y trasladarlos a París con el fin de reincorporar al emperador al relato nacional francés. Más de un siglo después, Argentina convirtió el regreso del cuerpo de Eva Perón en una cuestión política de primer orden, consciente de que sus restos representaban mucho más que a la esposa del presidente.

Entonces, ¿por qué esta lógica desaparece cuando se trata de los restos de los exiliados del siglo XX?

El caso particular mexicano es interesante poque pocas naciones acogieron a tantos extranjeros que huyeron de la Guerra Civil española o del ascenso del fascismo europeo y que acabaron por fallecer en el país. Es el caso de Tina Modotti que continúa enterrada en el Panteón de Dolores, el de las cenizas de León Trotski que permanecen en el jardín de la casa donde fue asesinado en Coyoacán o el de Luis Buñuel, José Gaos, Max Aub, Adolfo Sánchez Vázquez y buena parte de la intelectualidad republicana española. A pesar de que todos ellos formaron parte del patrimonio cultural de sus países de origen y, al mismo tiempo, de la historia intelectual de México no impide que nos cuestionemos por qué siguen aquí y nunca se ha abierto un debate sobre la posibilidad de su regreso.

Tomando como base que el respeto hacia la voluntad del difunto debería suponer el principal límite moral para cualquier propuesta de repatriación, la historia nos ha demostrado que no siempre hubo una voluntad expresa. Muchos de estos intelectuales murieron en el exilio convencidos de que regresarían algún día y; aunque otros fallecieron de manera inesperada o fueron enterrados en circunstancias políticas excepcionales, la ausencia de un debate resulta, cuando menos, llamativa.

No considero que la repatriación de unos restos implicara borrar la memoria construida en el país que los acogió. Al contrario. El traslado podría ir acompañado de la creación de nuevos centros de estudio o la erección de monumentos públicos que preservaran el vínculo entre las naciones en consciencia de que las tumbas, a diferencia de los museos, requieren un cuidado constante. Basta recorrer los cementerios históricos de la Ciudad para comprobar hasta qué punto el abandono amenaza incluso a personajes fundamentales de la cultura contemporánea. El caso de Tina Modotti resulta especialmente significativo ya que, mientras sus fotografías recorren museos de todo el mundo, su tumba (sometida al deterioro propio del paso del tiempo y en riesgo de pérdida total) permanece alejada de los circuitos de la memoria pública.

Tal vez haya llegado el momento de ampliar el concepto de restitución patrimonial. Si el derecho internacional reconoce que los pueblos pueden recuperar los objetos que forman parte de su identidad histórica, también debería abrirse la discusión sobre aquellos hombres y mujeres que llegaron a otros países y que merecen regresar a casa sin pensar que eso supondría el despojo de una parte de la historia nacional. Más bien se haría con el fin de reconocer que, en ocasiones, el último acto de justicia patrimonial consiste en devolver a una nación a quienes ayudaron a construirla.