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Cuando el poder se pasa de copas: Tequila y la prueba del Estado de Derecho

Cuando el poder se pasa de copas: Tequila y la prueba del Estado de Derecho

Por Miguel Arzate

Tequila no solo emborracha. También desnuda. Lo ocurrido esta semana —la detención del alcalde Diego Rivera Navarro por presuntos vínculos con el CJNG y esquemas de extorsión— es de esos golpes informativos que sacuden porque tocan fibras profundas: identidad, poder y una vieja costumbre de confundir el cargo público con una cantina privada. 

Conviene decirlo desde el principio, aunque a veces se nos olvide entre titulares y linchamientos digitales: detenido no es condenado. Las acusaciones deberán probarse con evidencia, no con rumores ni con el volumen del escándalo. Dicho eso, también hay que subrayar lo evidente: no estamos frente a una ocurrencia ni a una cacería política improvisada.

La detención se da en el marco de la Operación Enjambre, una estrategia federal que ya había tocado a presidentes municipales en el Estado de México y que ahora llegó a Jalisco. El operativo no fue discreto ni solitario: participaron Defensa, Marina, FGR, SSPC y el CNI; hubo cinco cateos y una orden de aprehensión cumplimentada. Cuando el Estado se mueve así, es porque algo más que sospechas hay sobre la mesa.

Según las investigaciones, el alcalde y parte de su equipo habrían montado un esquema de extorsión contra empresas tequileras y cerveceras. El caso más sonado es el de José Cuervo: un presunto cobro de hasta 60 millones de pesos para evitar la clausura de una planta. El monto se negoció, bajó a 17 millones… y aun así llegó la denuncia. Porque a veces el miedo negocia, pero la conciencia denuncia.

A eso se suman acusaciones por violencia política de género contra regidoras, la investigación por el uso irregular del Museo Nacional del Tequila y antecedentes tan simbólicos como inquietantes: la proyección de imágenes de “El Mencho” en un evento público. Nada de esto prueba culpabilidad por sí solo, pero todo junto dibuja un patrón que exige ser investigado a fondo.

Aquí aparece el mensaje político más relevante. Morena Jalisco fue claro: nadie está por encima de la ley, se respeta el debido proceso y será la justicia —solo la justicia— la que determine responsabilidades. Ese posicionamiento importa porque rompe con una vieja práctica nacional: cerrar filas ciegamente cuando el problema toca a los propios. El mensaje del gobierno federal va en la misma línea: no hay impunidad, sin importar partido, cargo o apellido.

Y ese es, quizá, el dato más esperanzador en medio del ruido. Durante años se dijo que el crimen organizado solo se combatía con soldados y patrullas. Hoy queda claro que también se enfrenta limpiando ayuntamientos, revisando licencias, siguiendo el dinero y tocando intereses que antes parecían intocables. No es rápido, no es popular y no es cómodo, pero es el camino.

Tequila, el municipio, hoy no invita a brindar. Invita a pensar. A recordar que el poder público no embriaga por sí solo, pero sin controles puede fermentar muy mal. Si las acusaciones se prueban, que caiga todo el peso de la ley. Si no, que se repare el daño. En ambos casos, que quede claro algo fundamental: en México, la paz no se construye con silencios ni con complicidades, sino con justicia, aunque a veces deje un sabor amargo… como el primer trago de un tequila bien servido.