De la anulación a la corrección: lecciones de la compra de medicamentos

La decisión de cancelar por completo el procedimiento de la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 no fue menor. Se trató de una licitación histórica, ambiciosa en su alcance, volumen y monto de adjudicación -338 mil millones de pesos-, que terminó anulada por vicios de origen que comprometían su legitimidad y su eficiencia.

La detección de que 175 claves de medicamentos fue adjudicada con sobreprecios y condiciones desfavorables para el Estado significó poner un alto a un engranaje ya en marcha, reconocer fallas estructurales y comenzar una reconstrucción institucional de un modelo que, aunque bien intencionado, había sido mal ejecutado.

Sin embargo, lo verdaderamente relevante no fue la anulación en sí misma, sino lo que vino después: la capacidad del Estado para rectificar con rapidez. Desde ese punto de vista, lo que parecía un fracaso comenzó a transformarse —si el proceso se termina de consolidar— en una muestra de corrección institucional y de rediseño administrativo.

El nuevo modelo no se limitó a repetir la licitación anterior con otros nombres. Se introdujo un mecanismo que cambia el eje de la relación con los proveedores: la subasta inversa electrónica, figura novedosa en el sector salud, que ahora es posible gracias a las reformas a la Ley de Adquisiciones promovidas por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. 

A través de este instrumento, la subasta inversa, los oferentes compiten entre sí para reducir precios en tiempo real, en un entorno público, trazable y verificable. Así, el Estado compra más barato, con mayor transparencia y bajo reglas más justas.

Los resultados no se hicieron esperar. En las primeras rondas de subasta se logró un ahorro superior a los 12 mil millones de pesos respecto a los precios originalmente adjudicados en la licitación anulada. Sumados a los ahorros derivados de mejores prácticas en otras claves, el gobierno reporta una reducción total cercana a los 35 mil millones de pesos.

Pero quizás el mayor logro no sea monetario, sino simbólico: se logró reencauzar un proceso fallido sin caer en la opacidad ni en el inmovilismo. Se preservó la institucionalidad. El sector salud actuó en conjunto, con el respaldo de la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y con acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública y de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud demuestra un esfuerzo genuino de coordinación estatal.

Pero no por ello debe pasarse por alto el costo político y operativo que tuvo esta reconfiguración. El proceso se retrasó, se tensó la relación con proveedores, y se removió a toda la cúpula directiva de Birmex, la empresa estatal encargada de ejecutar la compra. Hubo pacientes, particularmente en tratamientos oncológicos y enfermedades crónicas, que vivieron la incertidumbre de los tiempos administrativos. Hubo personal de salud que volvió a enfrentar la frustración del desabasto puntual. La anulación tuvo consecuencias que deben considerarse.

Por ello, corresponde reconocer con seriedad que se ha recuperado el rumbo, y que ahora toca consolidarlo con una visión de largo plazo. Porque el riesgo de recaer persiste. El proceso de compra de medicamentos e insumos médicos se ha tenido que reconfigurar en seis ocasiones en pocos años. Las estructuras públicas no pueden construirse sobre el ensayo y error permanente.

Los retos que siguen son tan complejos como urgentes:

Garantizar logística y distribución eficaces: comprar no es entregar. Los medicamentos deben llegar completos, a tiempo, a todas las unidades médicas del país, incluidas las más alejadas. Eso implica una red logística nacional que aún tiene áreas de mejora.

Vigilar el cumplimiento de proveedores: ahora que los contratos están firmados, el verdadero desafío es que se cumplan en tiempo y forma. La vigilancia operativa será tan importante como la adjudicación.

Asegurar estabilidad financiera y presupuestal: con una compra de miles de millones de pesos, garantizar los flujos financieros sin recurrir a retrasos en pagos es indispensable para que el modelo sea sostenible.

Impulsar la producción nacional: el objetivo de producir medicamentos y vacunas en México debe dejar de ser un discurso aspiracional para convertirse en una política de Estado.

Reconstruir la confianza social: el éxito del modelo dependerá de que los pacientes sientan que sus recetas se surten con oportunidad. La legitimidad se construye desde el mostrador de la farmacia.

México tiene hoy la oportunidad para dotar al país de un sistema de compras públicas de medicamentos que sea eficiente, transparente y sostenible. El gobierno ha corregido, ha reformado la ley, ha innovado con nuevos mecanismos. Pero lo que sigue es la prueba de fuego: lograr que esta nueva arquitectura institucional se traduzca en un abasto constante, justo y digno para todas y todos. 

Porque cuando se trata de salud, cada decisión cuenta. El pueblo —sabio y paciente— sabe reconocer el rumbo correcto, y espera que este sea el primer paso hacia un sistema más digno y cercano a quienes más lo necesitan.