El mito de la recaudación: cuando el Estado no cobra, el pueblo paga

Hay números que gritan. La CEPAL lo acaba de confirmar: la relación entre ingresos tributarios y Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina y el Caribe cayó a un 21.3% en 2023. Es decir, recaudamos menos impuestos que antes de la pandemia. Y no solo eso, sino que en más de la mitad de los países analizados —14 de 26— la situación empeoró. Detrás de esa décima decimal hay algo más grave: el Estado está dejando de financiarse, y quien termina pagando la factura no es el gran capital, sino el ciudadano común.

En el informe más reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se revela un patrón que, si no fuera por lo trágico, sería predecible: los países ricos en recursos naturales (como Chile, Perú o México) son los mismos que hoy sufren caídas estrepitosas en los ingresos por impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque el modelo económico de exportar materias primas como si no hubiera mañana, sin prever los vaivenes del mercado internacional, termina por cobrarse su costo en la recaudación. Y lo más alarmante no es la cifra, sino el silencio institucional que la rodea.

Mientras en países como Brasil se mantiene una tasa de recaudación sobre el PIB del 32%, en Guyana —un país con petróleo— apenas alcanza el 11.6%. Para que se entienda el contraste: los países de la OCDE, aquellos que llamamos desarrollados, recaudan en promedio el 33.9% del PIB. La distancia no es solo económica: es estructural y profundamente política.

La historia se repite con nombres y apellidos. En 2023, Chile y Perú reportaron las mayores caídas en esta relación fiscal. Lo que ocurrió ahí no fue un accidente: la baja en los precios internacionales del cobre y otros minerales, combinada con generosos créditos fiscales y devoluciones de impuestos a grandes empresas, derivó en una reducción brutal en los ingresos estatales. Según el informe de la CEPAL, los ingresos derivados de la minería en la región cayeron de 0.74% a 0.59% del PIB. Pero ¿Quién responde por eso?

Mientras los Estados renuncian a su capacidad de cobrar, el discurso oficial sigue culpando a la informalidad, a la evasión o, peor aún, a la falta de cultura tributaria del ciudadano de a pie. La realidad es que la arquitectura fiscal de América Latina está diseñada para favorecer a los grandes capitales. Por eso las contribuciones a la seguridad social suben tímidamente (0.1 puntos porcentuales), pero los impuestos a la renta y a los recursos naturales caen en picada.

Tomemos el caso de México. El presidente López Obrador ha insistido en que su gobierno no subirá impuestos ni creará nuevos. Pero en la práctica, eso significa que las grandes fortunas no pagan más, y que el Estado depende cada vez más del IVA —un impuesto regresivo que paga igual un millonario que un jornalero. Y aunque el informe de la CEPAL no menciona a México de forma destacada, el patrón aplica: se cobra más a quienes menos tienen. Los ingresos no tributarios, que incluyen cosas como tarifas, rentas de empresas estatales o utilidades del sector público, también están en picada: promediaron apenas un 3.1% del PIB en 2023, y en países como Perú apenas alcanzaron el 0.4%. ¿Dónde están los ingresos del litio, del petróleo, del gas? ¿Dónde va ese dinero?

Pero quizá lo más cínico de todo es que se pretende maquillar esta crisis con cifras relativas. Cuando se dice que “la recaudación cayó 0.2 puntos del PIB”, suena manejable. Pero en términos reales, eso representa miles de millones de dólares que ya no llegan a salud, educación, infraestructura o seguridad. Y eso, en una región donde más del 30% de la población vive en situación de pobreza.

¿Y en México?

El gobierno mexicano ha proyectado una recaudación tributaria récord de 5.3 billones de pesos para 2025, lo que representaría un incremento del 2.8% respecto al año anterior. Esta cifra equivale al 14.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, la mayor proporción alcanzada en la historia reciente del país. Este aumento se logra sin la creación de nuevos impuestos ni el incremento de los existentes, destacando el esfuerzo por mejorar la eficiencia en la recaudación y ampliar la base tributaria.

En enero de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó una recaudación de 517 mil 416 millones de pesos, superando en un 5.1% la meta establecida para ese mes. Los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA) fueron los principales impulsores de este crecimiento, con incrementos reales del 2.4% y 12.7%, respectivamente. Este desempeño refleja una recuperación en los salarios reales y una sólida demanda interna.

A pesar del aumento en la recaudación, México enfrenta desafíos fiscales significativos. El déficit fiscal proyectado para 2025 es de 1.6 billones de pesos, lo que podría elevar la deuda pública a cerca de 20 billones de pesos. Los pagos por concepto de intereses de la deuda alcanzarán 1.25 billones de pesos, representando aproximadamente el 73% de los ingresos tributarios, lo que limita la capacidad del gobierno para financiar otros sectores prioritarios.

El modelo fiscal actual, centrado en impuestos indirectos como el IVA, ha mostrado limitaciones en términos de equidad y suficiencia. La alta informalidad laboral y la dependencia de los ingresos petroleros han dificultado una recaudación más progresiva y estable. Aunque el gobierno ha descartado reformas fiscales profundas, se han implementado medidas para mejorar la eficiencia recaudatoria, como la digitalización de trámites y la simplificación de procesos fiscales.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que el costo financiero de la deuda alcanzará el 3.8% del PIB en 2025, el nivel más alto desde el año 2000. Este aumento en los costos financieros, junto con un entorno económico global incierto, plantea riesgos para la estabilidad fiscal del país. La implementación de políticas fiscales prudentes y la búsqueda de fuentes de ingreso más sostenibles serán esenciales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo.

De tal modo que ahora sólo queda decirlo con todas sus letras: el modelo fiscal latinoamericano está roto. Está diseñado para castigar al pequeño contribuyente, al comerciante informal, al asalariado. Y al mismo tiempo, abre un mar de exenciones fiscales, condonaciones e “incentivos” a las grandes empresas nacionales y transnacionales. La CEPAL advierte que los ingresos derivados del petróleo bajaron a 3.9% del PIB entre los diez principales países productores. Y las proyecciones para 2024 son peores: 3.2% para hidrocarburos y 0.5% para minería. Si no hay una reforma tributaria seria, progresiva y orientada a la justicia fiscal, la región seguirá cayendo en la trampa de financiar el gasto público con deuda o con impuestos indirectos que profundizan la desigualdad.

Lo que hoy parece un problema técnico de recaudación es, en realidad, una señal política. Y la pregunta es tan vieja como incómoda: ¿a quién sirve el Estado cuando deja de cobrar impuestos a quienes más tienen? Porque mientras el Estado no cobra, alguien paga. Y casi siempre, ese alguien eres tú.