Pasamos de 148 oficinas a una red de 1,054 Centros de Atención Agraria, sin incrementar el gasto presupuestal. No es únicamente un crecimiento institucional; es la expresión de una nueva forma de gobernar. La Procuraduría Agraria dejó de esperar a las personas ejidatarias y comuneras detrás de un escritorio para encontrarse con ellas en sus territorios, donde nacen las decisiones que fortalecen la propiedad social, la organización comunitaria y el desarrollo con justicia.
Esta transformación responde a las directrices del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha impulsado un gobierno que camina los pueblos, los abraza y resuelve junto con quienes los habitan. Esa visión también guía a la Nueva Procuraduría Agraria: estar donde está la gente, escuchar antes de decidir y construir soluciones desde los territorios.
Durante décadas, el neoliberalismo promovió una visión que redujo la tierra a una mercancía y pretendió convertir la propiedad social en un activo sujeto exclusivamente a las reglas del mercado. Al mismo tiempo, debilitó la organización comunitaria, alejó a las instituciones de los territorios y rompió el vínculo entre el Estado y los ejidos y las comunidades agrarias.
Hoy estamos recuperando esa relación.
Los Centros de Atención Agraria representan mucho más que una nueva presencia institucional. Son espacios donde las personas ejidatarias y comuneras fortalecen sus asambleas, actualizan sus órganos de representación, resuelven conflictos mediante la conciliación, construyen sus planes de desarrollo y articulan el trabajo con las instituciones de los tres órdenes de gobierno. La justicia agraria deja de ser un servicio distante para convertirse en una presencia permanente en los territorios.
Durante nuestra Décima Cuarta Conferencia Mensual, tuvimos el honor de contar con la presencia del coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien nos compartió una idea que sintetiza el momento que vive México: hacer milpa.
La milpa no es únicamente una forma de sembrar; es una forma de construir comunidad. El maíz, el frijol y la calabaza prosperan porque cooperan y se fortalecen mutuamente. Esa misma lógica debe orientar la acción pública: instituciones que suman capacidades, comunidades organizadas que participan en las decisiones sobre su territorio y gobiernos que entienden que el bienestar sólo puede construirse junto con el pueblo.
No es casualidad que sea precisamente en los ejidos y las comunidades agrarias donde se encuentra el 51 por ciento del territorio nacional, vivan más de 5.3 millones de personas ejidatarias y comuneras, se resguarden buena parte de los bosques, el agua y la biodiversidad del país, y se produzcan los alimentos que comemos.
Por eso, defender la propiedad social también es defender la soberanía nacional. Cada bosque conservado, cada manantial protegido, cada conflicto resuelto mediante el diálogo, cada asamblea fortalecida y cada núcleo agrario que decide libremente sobre su territorio contribuyen a un México más fuerte, más justo y más soberano. Alejado de los intereses ajenos.
Esa es la razón de ser de una Procuraduría de Territorio: fortalecer a los ejidos y las comunidades agrarias, acompañar a las personas ejidatarias y comuneras y contribuir a que la propiedad social siga siendo uno de los pilares del desarrollo nacional.
Porque la soberanía alimentaria, la soberanía territorial y la soberanía nacional no nacen en un escritorio. Se cultivan todos los días en los ejidos y las comunidades agrarias, donde millones de mexicanas y mexicanos cuidan la tierra, protegen los bienes naturales y construyen, desde el territorio, el futuro de nuestra nación.