Sin memoria no hay futuro

Las demandas de las juventudes no nacen del capricho: nacen de la incertidumbre. La Encuesta Gen Z y Millennial 2025 de Deloitte muestra que, entre la generación Z en México, el costo de vida y la delincuencia o seguridad personal preocupan al 52%; la escasez de recursos, al 51%; el cambio climático y la protección del medio ambiente, al 46%; y el desempleo, al 39%. Detrás de estas cifras se encuentra el miedo a que trabajar no alcance, a vivir en un entorno inseguro, a no encontrar oportunidades y a heredar un planeta cada vez más deteriorado. En el fondo, lo que estamos exigiendo es algo mucho más sencillo y profundo: la posibilidad real de construir una vida digna y un futuro que todavía valga la pena imaginar.

Las juventudes tenemos que exigir certidumbre sobre el futuro. Tener un espacio en el cual estudiar, acceder a trabajos dignos, contar con una vivienda, vivir con seguridad y el poder desarrollar un proyecto de vida. También tenemos derecho a exigir que esas condiciones no dependan de la suerte, del lugar donde nacimos o de los recursos de nuestras familias, sino de instituciones capaces de garantizar derechos y reducir desigualdades. La preocupación que muestran los datos de Deloitte es una señal política: existe una generación que observa con incertidumbre su presente y que exige condiciones reales para poder imaginar su futuro.

Por la urgencia de esas demandas, debemos aprender a distinguir entre una propuesta política y una promesa diseñada únicamente para capturar nuestro descontento. Tener derecho a vivienda, salarios suficientes, educación, seguridad, salud, igualdad y un medio ambiente sano no debería significar aceptar automáticamente a quien prometa garantizarlos mediante propuestas populistas presentadas como soluciones simples. Cualquier proyecto político tendría que responder preguntas mucho más incómodas: cómo financiará aquello que ofrece, qué instituciones necesitará, quién asumirá sus costos y qué derechos pueden verse afectados en el camino.

En diversas latitudes del mundo —y especialmente en América Latina—, las fuerzas de la derecha radical han logrado conectar con sectores juveniles mediante discursos construidos alrededor del hartazgo con la política tradicional, la defensa de la libertad individual, la seguridad y el rechazo a las élites. Argentina fue uno de los casos más visibles: durante la elección de 2023, Reuters documentó cómo Javier Milei logró conectar particularmente con jóvenes frustrados por años de inflación y falta de oportunidades. Ya en el gobierno, su administración impulsó recortes presupuestarios que afectaron a la educación pública y provocaron que los universitarios salieran a las calles. Al mismo tiempo, las políticas de ajuste se direccionaron a jubilados y pensionados, quienes también se han movilizado para reclamar por el deterioro de sus condiciones de vida. El descontento político se refleja en las encuestas: de acuerdo con un estudio reciente de Poliarquía, la desaprobación de Milei alcanza el 52% entre la ciudadanía argentina.

Chile nos ofrece otra advertencia sobre la relación entre el presente y la memoria. José Antonio Kast ganó la presidencia en diciembre de 2025, después de una campaña marcada principalmente por la seguridad, el endurecimiento de la política migratoria y el crecimiento económico. Su llegada al poder también reabrió una discusión que Chile conoce profundamente: Kast hizo campaña por el “Sí” en 1988, que buscaba la permanencia de Augusto Pinochet en el poder, y años después ha evitado describir aquel periodo como una dictadura, prefiriendo expresiones como “gobierno militar”. Incluso ha realizado afirmaciones como que durante esa etapa “no se encerró a los opositores políticos”, una declaración contradicha por los registros de las comisiones oficiales chilenas sobre miles de víctimas de prisión política, tortura, ejecución y desaparición. El caso chileno recuerda que la memoria democrática no puede darse por sentada: cuando el pasado deja de conocerse, también resulta más fácil negar las consecuencias que tuvo.

Nuestra generación, las personas jóvenes, no podemos darnos el lujo de olvidar. No podemos olvidar el 2 de octubre de 1968, cuando el Estado mexicano reprimió al movimiento estudiantil en Tlatelolco. Casi medio siglo después, durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos; la Comisión para la Verdad concluyó que se trató de un crimen de Estado. Tampoco podemos olvidar Atenco, donde en mayo de 2006 la represión de las protestas derivó en graves violaciones a los derechos humanos; años después, la Corte Interamericana responsabilizó al Estado mexicano por detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual contra once mujeres. Son heridas de nuestra historia que tenemos que mantener presentes, no para permanecer atrapados en el pasado, sino para reconocer hasta dónde llegaron estos gobiernos y cuánto daño causaron a nuestro país.

Construir memoria histórica no debe ser una excusa para expulsar de la conversación a quienes piensan diferente. Una democracia necesita discusión, contraste y pluralidad. Pero también necesita reconocer que los derechos laborales, las libertades democráticas, el acceso a la educación y las instituciones de protección social no aparecieron espontáneamente: son resultado de décadas de conflictos, movilizaciones y conquistas colectivas. Por eso debemos mirar con especial atención a aquellos proyectos de derecha que presentan como “libertad”, “eficiencia” o “ruptura con el sistema” propuestas que implican reducir la protección social, debilitar derechos o desmontar instituciones construidas precisamente para protegerlos. La memoria sirve también para reconocer cuándo un retroceso intenta presentarse como modernización y cuándo una promesa de futuro pretende hacernos olvidar lo que otras generaciones tuvieron que conquistar. 

Las juventudes debemos seguir preguntando por nuestro futuro, pero también aprender a preguntar quién paga cada promesa, quién gana con cada reforma y qué consecuencias tendrán nuestras decisiones dentro de veinte o treinta años. Libertad, justicia, seguridad o progreso son palabras poderosas, pero ninguna sustituye a un proyecto de país. La memoria colectiva sirve precisamente para eso: no para decirnos qué debemos pensar o por quién debemos votar, sino para impedir que enfrentemos cada elección como si nada hubiera ocurrido antes. Un futuro común requiere derechos materiales, instituciones capaces de garantizarlos y una generación suficientemente crítica para distinguir entre una consigna atractiva y una política capaz de cambiar realmente la vida de las personas.