La manía de regularlo todo

El proceso de selección de quien será el coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, y posteriormente candidato a la presidencia de la república de los partidos políticos Morena, PT y PVEM; ha sido visto por muchos como un desafío de la izquierda en contra de la legislación electoral y las “sacro santas” instituciones sobre las que descansa la democracia mexicana.

Sin embargo, no habían pasado ni unos días cuando la oposición, calculando no quedarse atrás en la carrera presidencial rumbo al 2024, decide emprender un lance parecido, con más o menos recovecos; pero trazando una ruta que le permitirá llevar a sus aspirantes a la titularidad del poder ejecutivo a la palestra de la opinión pública nacional.

Los procesos electorales han sido pruebas de fuego para la legislación en la materia. Las elecciones presidenciales de 1994 y de 2006 Trajeron sendas reformas electorales que han generado todo un entramado jurídico rigorista que, sin embargo, sigue mostrando socavones que actúan de facto como elementos de discrecionalidad y de inequidad.

 En 1996, después de la inequitativa elección que llevó a Ernesto Zedillo a la presidencia de la república y en la que su partido, el PRI, había erogado tres de cada cuatro pesos gastados en los comicios; la reforma a la legislación electoral otorgó una preponderancia al financiamiento público sobre el privado y se generó una nueva fórmula para distribuir los recursos entre los partidos políticos.

 En 2006, la vulgar intromisión de los poderes económicos en la elección presidencial a través de la guerra sucia en contra del entonces candidato Andrés Manuel Lopez Obrador, derivó en reformas que prohibieron la contratación de espacios mediáticos fuera de los tiempos estatales, así como en la derogación del financiamiento privado en las campañas y en mecanismos de fiscalización mucho más rígidos hacia partidos y candidatos.

Las dudas que han despertado los procesos internos que están corriendo en estos momentos, tanto al interior de Morena como de sus opositores, podrían llevar a la exigencia de una nueva reforma electoral después de que concluyan los comicios del 2024. Sin embargo, convendría preguntarse si los cambios a la legislación que hemos tenido en el pasado inmediato como producto de las negociaciones entre actores políticos después de las elecciones, nos han dejado un mejor régimen democrático.

Las dudas sobre la efectividad de los cambios legales sobre la calidad de nuestra democracia se sustentan en la falta de correlación entre lo caro que resulta celebrar elecciones y el grado de satisfacción que tenemos los mexicanos hacia la democracia. Mientras en 2006, el 41.3 por ciento de los mexicanos se decía estar satisfecho con la democracia, en 2020 el porcentaje se había reducido a 33.1, según la encuesta de Latinobarómetro. Este decepcionante desempeño de nuestra vida democrática nada tiene que ver con los 25 dólares que cuesta un voto en México frente a los 12 dólares que cuesta, por ejemplo, en Brasil.

La manía de regular todo no necesariamente ha significado mejores procesos electorales. Convendría reflexionar sobre si requerimos mecanismos de participación democrática que doten de más peso al juicio popular y al castigo social, antes que al enorme peso de las burocracias.