México ante las presiones externas y la defensa de la justicia social

Ante los embates de la derecha en nuestro país respecto a los presuntos nexos de algunos gobiernos de Morena y los constantes ataques mediáticos impulsados desde el extranjero, así como los comentarios de Donald Trump, las condiciones que se presentan en la actualidad para las y los mexicanos se vuelven cada día más adversas. La desinformación, la manipulación política y los intereses económicos internacionales buscan debilitar un proyecto de nación que millones de ciudadanos han decidido construir a través de la vía democrática.

Desde nuestro origen como nación independiente nos hemos encontrado ante diversos retos: la invasión francesa, la guerra donde los norteamericanos - en su afán expansionista y su supuesta superioridad racial- nos quitaron ilegalmente más de la mitad de nuestro territorio, las intervenciones norteamericanas en la vida política y económica de México, así como las múltiples presiones de las potencias extranjeras que históricamente han pretendido controlar nuestras riquezas naturales, nuestra economía y nuestras decisiones soberanas.

Sin embargo, el pueblo mexicano ha demostrado a lo largo de la historia una enorme capacidad de resistencia y dignidad. Desde los tiempos de la Independencia encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, pasando por la defensa de la soberanía nacional liderada por Benito Juárez durante la intervención francesa, hasta la Revolución Mexicana impulsada por figuras como Emiliano Zapata y Francisco Villa, nuestro país ha sabido levantarse frente a quienes han querido someterlo.

Actualmente, las amenazas ya no siempre llegan mediante invasiones militares, sino a través de mecanismos económicos, campañas de desprestigio, control mediático y presiones diplomáticas. Los grandes intereses internacionales no toleran que un país con tantos recursos naturales, riqueza cultural y una ubicación estratégica como México busque fortalecer su independencia económica y política. Por ello, cada vez que surge un gobierno con intención de priorizar el bienestar social, inmediatamente aparecen ataques internos y externos destinados a desestabilizarlo.

No obstante, la defensa de la soberanía nacional no solo tiene un fundamento histórico y moral, sino también jurídico y constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente los principios fundamentales que garantizan la autodeterminación del pueblo mexicano y la protección de los derechos humanos.

El artículo 39 constitucional señala que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo” y que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Este principio constituye uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano, pues reconoce que ninguna fuerza extranjera ni grupo de poder económico puede situarse por encima de la voluntad popular expresada democráticamente.

Asimismo, el artículo 40 establece que México es una república representativa, democrática, laica y federal, integrada por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Este precepto reafirma el derecho del pueblo mexicano a decidir libremente el rumbo político y económico de la nación sin injerencias externas.

En materia de derechos humanos, la reforma constitucional de 2011 marcó un momento histórico para el país. El artículo 1º constitucional reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Además, obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Esto significa que el Estado mexicano tiene la obligación jurídica de proteger la dignidad humana, combatir la desigualdad social y garantizar condiciones de bienestar para toda la población. Bajo esta lógica, las políticas públicas orientadas al combate de la pobreza, la ampliación de programas sociales, el acceso a la salud, la educación y el trabajo digno no representan actos de populismo, como afirman algunos sectores conservadores, sino mecanismos constitucionales para hacer efectivos los derechos humanos reconocidos por la ley suprema de la nación.

Por su parte, el artículo 3º garantiza el derecho a la educación; el artículo 4º reconoce derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la vivienda digna y el acceso al agua; mientras que el artículo 123 protege los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. Todos estos principios reflejan el carácter social de la Constitución mexicana, heredado de las luchas revolucionarias del siglo XX.

De igual manera, el artículo 25 constitucional establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, fortaleciendo la soberanía de la nación y promoviendo una más justa distribución del ingreso y la riqueza. Esto demuestra que el desarrollo económico no debe beneficiar únicamente a las élites financieras, sino contribuir al bienestar colectivo.

La derecha mexicana, históricamente vinculada a grupos empresariales privilegiados y a intereses extranjeros, ha utilizado el miedo como instrumento político. Intentan convencer al pueblo de que cualquier política enfocada en la justicia social representa un peligro para la economía, cuando en realidad durante décadas fueron precisamente esos grupos quienes promovieron políticas neoliberales que empobrecieron a millones de mexicanos.

La privatización de recursos estratégicos, el abandono del campo, la precarización laboral y la dependencia económica hacia Estados Unidos dejaron profundas heridas en la nación. En contraste, los movimientos progresistas actuales han intentado recuperar el papel del Estado como garante del bienestar colectivo. Programas sociales, incrementos al salario mínimo, rescate de empresas nacionales y proyectos de infraestructura buscan devolver dignidad a sectores históricamente olvidados. Estas acciones encuentran respaldo en el principio constitucional de justicia social y en la obligación estatal de garantizar los derechos fundamentales de la población.

Además, resulta preocupante observar como ciertos actores internacionales pretenden influir en la política mexicana utilizando discursos xenófobos y racistas. Los ataques provenientes de sectores conservadores estadounidenses no son nuevos. Desde el siglo XIX parte de la clase política norteamericana ha considerado a América Latina como una zona de subordinación. Las declaraciones ofensivas hacia los migrantes mexicanos, la criminalización de nuestra cultura y las amenazas de intervención son reflejo de una visión imperialista que aún persiste en algunos grupos de poder.

Frente a ello, el derecho internacional también reconoce el principio de autodeterminación de los pueblos. La Organización de las Naciones Unidas establece en su Carta fundacional la igualdad soberana de los Estados y la prohibición de intervenir en los asuntos internos de otras naciones. México, históricamente, ha defendido estos principios mediante doctrinas diplomáticas como la Doctrina Estrada, basada en la no intervención y el respeto a la soberanía de los pueblos.

Hoy existe una ciudadanía más consciente, más participativa y más informada sobre sus derechos. Las nuevas generaciones comprenden que la soberanía no solo implica defender el territorio nacional, sino también proteger la independencia económica, energética, cultural y política del país. La soberanía significa que las decisiones fundamentales deben responder a los intereses del pueblo mexicano y no a las imposiciones extranjeras ni a los privilegios de una minoría.

La continuidad de un proyecto nacional basado en la justicia social depende de la participación activa de la población. La democracia no puede reducirse únicamente al acto de votar cada ciertos años; requiere vigilancia constante, organización popular y compromiso colectivo. Cuando el pueblo se mantiene unido y consciente de su historia, resulta más difícil que intereses externos logren imponer agendas contrarias al bienestar nacional.

La historia de México es, en gran medida, la historia de la lucha por la soberanía. Cada generación ha enfrentado sus propios desafíos y ha tenido que decidir entre la sumisión o la dignidad. Hoy nos corresponde defender los avances sociales, fortalecer nuestras instituciones y continuar construyendo un país más justo, más independiente y más humano. Porque solo un pueblo que conoce sus derechos, su historia y su Constitución puede defender verdaderamente su futuro.