Bancada de Movimiento Ciudadano revienta sesión del Congreso de Jalisco que discutiría hoy el CMRO

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) "reventó" la sesión de este jueves del Congreso de Jalisco, lo que provocó su suspensión por falta de quórum. Se esperaba turnar a comisiones la iniciativa del Ejecutivo estatal para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajaramediante el modelo de financiamiento de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO).

La sesión estaba programada para las 10:00 horas de este jueves; sin embargo, fue suspendida casi tres horas después debido a la ausencia de los 11 legisladores de MC y 6 de otros partidos.

Entre los ausentes también se encontraban dos diputados de Morena, dos del PAN y dos del PRI.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Alondra Fausto, calificó el hecho como una falta de respeto y cuestionó el desinterés ante la crisis hídrica.

“Puede ser por la propuesta, puede ser por el tema de la manifestación, porque no les importa, porque tenemos una crisis hídrica importante que urge y que, evidentemente, no les interesa atender. Si bien no se iba a discutir el día de hoy ni a votar, es un tema importante todo lo que se iba a ver y aprobar el día de hoy para todos los ciudadanos del estado de Jalisco. Es una falta de respeto, no es la primera vez que esto sucede”, declaró.

La legisladora añadió que también se sometería a votación la comparecencia de autoridades estatales por las detenciones derivadas de la manifestación del pasado domingo.

Manifestaciones en el congreso

Integrantes de colectivos, organizaciones y comunidades de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago exigieron al Congreso de Jalisco realizar un Parlamento Abierto para analizar el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, transparentar sus costos y garantizar la participación ciudadana antes de comprometer recursos públicos.

En conferencia de prensa, Marco Llamas, integrante del Frente de Pueblos Unidos de la Ribera de Chapala, señaló que el proyecto contempla compromisos financieros de hasta 48 mil 296 millones de pesos durante 25 años, bajo el esquema de contratación CMRO, por lo que rechazaron este modelo y pidieron evaluar sus implicaciones económicas, sociales y ambientales.

Entre sus principales exigencias destacan realizar un Parlamento Abierto con la participación de comunidades, especialistas y ciudadanía; transparentar los compromisos financieros, publicar los estudios de costo-beneficio y revisar el esquema de contratación para garantizar que la gestión del agua permanezca bajo control público.

Los manifestantes solicitaron publicar los estudios de costo-beneficio, revisar alternativas como la rehabilitación de la red de distribución, la reducción de fugas, el saneamiento y la reutilización del agua; así como garantizar que la gestión hídrica permanezca bajo control público. Además, exigieron restaurar el lago de Chapala, los ríos, humedales y acuíferos; proteger los manantiales y las fuentes de abastecimiento.

Asimismo, demandaron atender a las colonias afectadas por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, priorizar el saneamiento, rehabilitar las redes de distribución y reducir las fugas; además, solicitaron cerrar las carpetas de investigación contra las personas que, aseguraron, fueron detenidas arbitrariamente durante la manifestación del 11 de octubre, así como sancionar a los responsables y garantizar la reparación integral de los daños.

Con consignas como “No más muertes por la contaminación”, “Juanacatlán libre de megaproyectos” y “Salvemos el lago más grande de México”, los manifestantes advirtieron que la crisis hídrica no debe justificar compromisos financieros de largo plazo sin transparencia ni consulta pública, y sostuvieron que el derecho humano al agua y la protección ambiental deben ser prioritarios.

El espacio para que los colectivos expusieran sus propuestas y realizaran la conferencia de prensa fue facilitado por la diputada Mariana Casillas Guerrero.

Que propone el CMRO

El modelo de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) propone que una empresa privada financie y ejecute la construcción del acueducto, además de encargarse de su mantenimiento, rehabilitación y operación durante un periodo establecido, bajo un esquema de pagos acordado con el gobierno.}

Al igual que ocurrió con los hospitales del IMSS y del ISSSTE, donde el erario terminó pagando tres y hasta cuatro veces el valor físico de los inmuebles a cambio de evitar registrar deuda directa, Jalisco se perfila a asumir un compromiso presupuestal multimillonario que comprometerá los recursos públicos hasta por veinticinco año

Según la postura de la Secretaría de Hacienda Pública estatal, la inversión inicial rondará los 11 mil 922 millones de pesos y el costo de operación y mantenimiento se situará en torno a los 587 a 590 millones de pesos anuales. 

Sin embargo, esta última cifra corresponde únicamente al componente operativo básico del contrato, no a la contraprestación total que el erario deberá liquidar al consorcio. Como advirtió la bancada de Morena en el Congreso local, si el gobierno pagara una cuota lineal de 587 millones de pesos al año durante dos décadas, apenas se cubrirían 11 mil 740 millones, un monto que ni siquiera alcanzaría para amortizar el costo de construcción original de la obra.

El Gobierno de Jalisco terminará absorbiendo el servicio de una deuda bancaria comercial mucho más cara que si hubiera contratado directamente un crédito preferencial con la banca de desarrollo, todo para sostener la narrativa política de que el proyecto no computa formalmente como “deuda pública directa”.

Lemus argumenta que no existe privatización porque los títulos de concesión ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) permanecen bajo la titularidad del Estado y el cobro de tarifas continuará en manos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Sin embargo, en los hechos se configura una privatización fáctica y operativa.

Al ceder la Construcción, el Mantenimiento, la Rehabilitación y la Operación por un cuarto de siglo, el consorcio empresarial asume la administración física del activo estratégico más importante para el abastecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara. 

Es la empresa privada la que controlará las estaciones de bombeo, los sistemas de telemetría y las decisiones sobre paros técnicos programados o contingencias en la tubería. Además, ante cualquier controversia contractual o retraso en las mensualidades gubernamentales, la infraestructura queda respaldada en fideicomisos y garantías mercantiles.

Bajo este esquema, la rectoría pública queda reducida a una función meramente administrativa y de ventanilla de cobro frente a los usuarios, mientras que la continuidad operativa del derecho humano al agua queda subordinada, durante 25 años y a lo largo de cuatro administraciones estatales, al cumplimiento puntual de un contrato mercantil de disponibilidad con intereses privados.