El 15 de junio de 2010 el Pleno de la Suprema Corte de Justica de la Nación resolvió no fincar responsabilidades a las y los funcionarios que hubieran incurrido en la violación grave de garantías individuales en el incendio ocurrido en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que dejó un saldo mortal de 49 menores y más de 100 heridos.
Esta decisión muestra la negligencia y complicidad de los ministros de la Suprema Corte con grupos de élite en nuestro país, pues a pesar la tragedia y la responsabilidad de los gobiernos en turno, solo se limitaron a señalar a quienes resultaran involucrados.
Esto generó controversia dentro del mismo Tribunal, pues los ministros que votaron a favor avalaron el sistema de subrogación del IMSS por considerar que el Instituto no contaba con los medios económicos, materiales ni humanos para cumplir con sus propios medios con la obligación constitucional de otorgar el servicio de guarderías a las y los trabajadores.
Sin embargo, los ministros opositores señalaron que este esquema es incompatible con la Constitución mexicana por ser “un modelo de negocios que se justifica para reducir los costos”.
El 5 de junio de 2009 un incendio se originó en una bodega anexa a la Secretaría de Hacienda en Hermosillo, el cual se propagó en las instalaciones del plantel subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que no cumplía con los requisitos necesarios para garantizar la seguridad de las personas en su interior.
Las conclusiones acusatorias fueron emitidas por el Ministerio Público en noviembre de 2015 en contra de 22 personas, entre ellas funcionarios, particulares y responsables operativos de la estancia infantil.
En mayo de 2016, un juez federal dictó la primera sentencia, que fue apelada. La segunda instancia llegó en junio de 2017 y derivó en amparos cuya relevancia jurídica llevó a que la SCJN atrajera el caso en 2019.
Aunque este lamentable suceso indignó a la población mexicana, que se movilizó para exigir justicia por las y los niños que fueron víctimas del incendio, así como por sus familias, no fue hasta el 26 de mayo de 2021 que la Primera Sala del máximo Tribunal de nuestro país confirmó definitivamente la responsabilidad por el delito de negligencia de 22 funcionarios locales y federales.
Esta resolución demoró más de 10 años en llegar, debido a que integrantes de la SCJN obstruyeron el acceso a la justicia de las y los familiares de las víctimas favoreciendo a los funcionarios involucrados en función de la influencia política de los dueños de la guardería, así como evitando divulgar la información sobre el caso.
Además en 2022, la Corte resolvió esos amparos, con resultados que indignaron a las familias, ya que se redujeron penas y varios implicados fueron exonerados, entre ellos la dueña de la guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón.
Entre los liberados figuran exfuncionarios y personas vinculadas a la operación y supervisión de la guardería, como Jesús Davis Osuna, Ignacio Alduenda y Manuel Gaxiola.
A 16 años del incendio ocurrido en la Guardería ABC y a unos días de la histórica elección para designar a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación, una herida sigue abierta en el país, mientras las madres y padres de los 49 niños fallecidos continúan en su lucha contra la impunidad.