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Desahucian a Ghariba Nahri de su vivienda en Barcelona pese a las medidas de protección contra los desalojo

Ghariba fue desalojada este martes de la vivienda que habitaba con su hijo de nueve años en el barrio del Clot, en Barcelona. El desahucio se ejecutó a pesar que ella no presentaba ninguna deuda, pero el contrato no estaba a su nombre, sino al de un intermediario que presuntamente recibía la renta, pero no entregaba el dinero a la propietaria, la empresa Rambert 2001 SL. El juzgado rechazó suspender el procedimiento porque Ghariba no figuraba como titular del contrato.

Desahucian a una madre y a su hijo de nueve años en el Camp de l'Arpa  después de tres intentos en octubre

La Justicia rechazó suspender el desahucio de Ghariba porque no figura como titular del contrato de alquiler. Aunque cumple los requisitos de vulnerabilidad, el juzgado considera que no puede acogerse a la protección del decreto de vivienda, cuyo artículo 2 establece la suspensión de los desahucios para la “parte demandada”, condición que no le reconoce al considerarla una tercera parte.

Esta interpretación deja a la madre y a su hijo sin protección frente al desalojo, pese a que ella pagaba puntualmente la renta. El caso también pone en evidencia la situación de otras personas que viven en viviendas subarrendadas y podrían quedar fuera de las medidas legales contra los desahucios.

El Sindicat d’Habitatge del Clot denunció que el caso de Ghariba evidencia las limitaciones de las leyes para proteger el derecho a la vivienda, al permitir que una madre y su hijo sean desalojados pese a pagar la renta. Además, advirtió que otras personas que viven en viviendas subarrendadas podrían quedar desprotegidas ante situaciones similares.

Tercer intento de desahucio

Ghariba fue desalojada este martes de su vivienda en Barcelona, en el tercer intento por ejecutar la orden. Pese a la movilización de vecinos y activistas para impedirlo, agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra ingresaron al inmueble y concretaron el desahucio, mientras decenas de personas que se concentraban en el lugar fueron retiradas una a una.

El primer intento, el 5 de octubre, se suspendió a las condiciones metreol´gocias de ese día tras una alerta del gobierno de la ciudad. El segundo, previsto para el 14 de octubre, se aplazó por falta de un dispositivo policial. La nueva fecha se fijó para este martes a las 9:00 horas, pero la comitiva llegó hasta las 11:30 y el desalojo se concretó aproximadamente dos horas después.

Víctima de fraude

Ghariba supo del presunto fraude cuando recibió una denuncia por impago. Aunque había pagado la renta, el dinero nunca llegó a la propietaria. El sindicato de inquilinas intentó mediar con la empresa Rambert 2001 SL para regularizar su situación u ofrecerle un alquiler social, pero no obtuvo respuesta. Según el sindicato, la mujer podía acogerse a la Ley 24/2015 de Cataluña, vigente desde hace más de una década.

La Ley 24/2015 de Cataluña establece que los grandes propietarios deben ofrecer alquiler social a inquilinos vulnerables antes de demandarlos por impago. Ghariba cuenta con un informe de vulnerabilidad, no tiene otra vivienda y lleva más de tres años en lista de espera para acceder a una vivienda social, sin que hasta ahora le hayan ofrecido una alternativa para ella y su hijo de nueve años.