Retiran prisión domiciliaria a Brenda Quevedo a 20 años de caso Wallace

El juzgado primero de Distrito en materia penal de la Ciudad de México revocó las medidas cautelares a Brenda Quevedo Cruz, procesada por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, por lo que podrá continuar su proceso penal en libertad.

Luego de 12 horas de audiencia, el encargado de despacho Juan Alfredo Buendía determinó el fin del arraigo domiciliario y la remoción del brazalete que Quevedo Cruz portó durante más de un año. 

La defensa de Brenda Quevedo, integrada desde junio por un equipo multidisciplinario, solicitó la audiencia para revisar las medidas cautelares que le fueron impuestas en 2024, que incluían el arraigo domiciliario, la portación del brazalete, la prohibición de salir de la zona conurbada o del país, así como no acercarse a la parte acusadora o a su lugar de trabajo y una custodia permanente por parte de la Guardia Nacional. 

Argumentó que diversas condiciones dentro del juicio variaron durante los últimos años, ello en parte por el “hecho irrebatible” que implicó el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo Alberto, quien la señaló y consideraba que presuntamente podía representar un riesgo para su integridad.

Además, los abogados defensores documentaron que tras haber pasado 15 años bajo prisión preventiva, Quevedo Cruz había mostrado un comportamiento respetuoso respecto a las medidas que le fueron impuestas y aseveraron que no existe un riesgo de fuga.

Asimismo, se evidenció que Brenda Quevedo ha sufrido afectaciones de salud provocadas por las medidas cautelares. 

En tanto, la defensa ofreció que la señalada se presentara a firmar ante el juzgado mensualmente lo que reste del proceso sin posibilidad de salid del país. 

Nueva representación

A finales del mes de junio, un grupo interdisciplinario integrado por especialistas de CEA Justicia, la Clínica Jurídica "Minerva Calderón" de la IBERO Puebla, la Clínica de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Perteneces y la Red de Abogadas "Digna Ochoa",   asumió la representación jurídica de Quevedo Cruz y anunció la presentación de tres nuevos amparos orientados a conseguir su libertad a tras casi dos décadas de un proceso marcado por tortura, violaciones al debido proceso e irregularidades insostenibles.

Además, informaron sobre la conformación de la Red Internacional de Solidaridad y Acompañamiento para Brenda Quevedo, un frente de organizaciones, defensores de derechos humanos, periodistas y académicos que vigilará el actuar de las autoridades judiciales.

En ese momento, afirmaron que el llamado caso Wallace, iniciado en 2005 tras la denuncia de la desaparición de Hugo Alberto Wallace por parte de su madre, Isabel Miranda, se construyó a partir de un crimen fabricado, declaraciones obtenidas bajo coacción y pruebas ilícitas. 

La defensa subrayó que estas graves violaciones han sido ampliamente documentadas y acreditadas por instancias nacionales e internacionales, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. No obstante, el Estado mexicano ha mantenido pendientes de cumplimiento las resoluciones y recomendaciones emitidas por dichos organismos.

Suspensión a juez por irregularidades 

Un mes después del cambio de defensa, el Tribunal de Disciplina Judicial suspendió temporalmente al juez Carlos Alberto Rico Mondragón, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, tras acreditarse irregularidades en el manejo del caso.

La resolución tuvo lugar luego de que los defensores denunciarán el rechazo sistemático del juez a garantizar la atención médica urgente y permisos humanitarios para Brenda Quevedo.