El ritmo de detenciones diarias de inmigrantes en Estados Unidos cayó casi un 20% en julio pasado, mientras el gobierno del presidente Donald Trump enfrenta desafíos judiciales, protestas y crecientes tensiones en torno a su política de deportaciones masivas.
Según un análisis del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, entre el 1 y el 27 de julio el ICE realizó un promedio de 990 detenciones diarias, frente a las 1,224 registradas en junio. Esta caída ha sido atribuida, en parte, a recientes fallos judiciales en California que restringen las detenciones indiscriminadas por parte de agentes federales.
A pesar de la disminución en arrestos, las deportaciones aumentaron en promedio 84 personas por día durante el mismo periodo. La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, aseguró que el ICE continúa enfocándose en “delincuentes peligrosos”, pese a las limitaciones impuestas por los tribunales.
La cifra de detenciones sigue lejos del objetivo de 3,000 arrestos diarios promovido por Stephen Miller, asesor clave en materia migratoria. Aunque la Casa Blanca niega la existencia de una cuota formal, activistas y abogados reportan redadas cada vez más agresivas.
Uno de los operativos más grandes se llevó a cabo el 10 de julio en el sur de California, donde 361 personas fueron arrestadas en dos granjas legales de cannabis. Durante el operativo, un hombre murió tras caer de un invernadero, y cientos de personas protestaron contra el accionar del ICE. Entre los detenidos se encontraba George Retes, ciudadano estadounidense y veterano militar, quien fue liberado sin cargos tras pasar varios días detenido en Los Ángeles. Retes planea demandar por detención ilegal.
El enfoque de las redadas varía según el estado: en estados republicanos, el 60% de las detenciones ocurre en cárceles y prisiones, mientras que en estados demócratas el 70% se realiza en comunidades, debido a las políticas locales que limitan la cooperación con el ICE. Abogados y defensores acusan al gobierno federal de aplicar tácticas punitivas contra los llamados “estados santuario”.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional reportó un aumento del 830% en agresiones contra agentes migratorios, aunque no ha ofrecido evidencia concreta que sustente esta cifra.
El gobierno de Trump ha destinado 170 mil millones de dólares a seguridad fronteriza e inmigración como parte de su nueva legislación presupuestaria, lo que anticipa una intensificación de estas operaciones en los próximos años.