Negocio millonario con detención de migrantes: compañías privadas reportan ingresos históricos bajo el mandato de Trump

Las dos principales compañías privadas de detención en Estados Unidos, GEO Group y CoreCivic, han registrado un fuerte incremento en sus ingresos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, impulsadas por políticas migratorias que han expandido de manera acelerada la capacidad de detención del gobierno federal.

En el segundo trimestre de 2025, GEO Group reportó ingresos por 636.2 millones de dólares, superando las expectativas de Wall Street, mientras que CoreCivic alcanzó 538.2 millones, un crecimiento interanual del 9.8%. Ambas compañías hablaron de “oportunidades de crecimiento sin precedentes” durante sus llamadas con inversionistas, y anunciaron programas de recompras de acciones por cientos de millones de dólares.

El crecimiento ha estado vinculado a la estrategia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha recurrido a contratos sin licitación (“no-bid contracts”) para reabrir prisiones cerradas y ampliar la infraestructura de detención migratoria. En Kansas, por ejemplo, ICE planea reactivar una cárcel de 1,033 camas operada por CoreCivic, con un costo mensual de 4.2 millones de dólares para la empresa.

Actualmente, ICE mantiene en operación alrededor de 57 mil camas, muchas en instalaciones privadas. Con la nueva legislación aprobada en el Congreso, la llamada “One Big Beautiful Bill”, firmada por Trump en 2025, se asignaron 45 mil millones de dólares adicionales para ampliar la red de detención.

El proceso ha estado rodeado de cuestionamientos por conflictos de interés. Tom Homan, nombrado por Trump como “zar fronterizo”, recibió previamente pagos de GEO Group como consultor. Se estima que los contratos adjudicados a la empresa alcanzan los 130 millones de dólares anuales.

Además, GEO Group ya explora el uso de bases militares para abrir nuevos centros, mientras CoreCivic ha firmado u extendido contratos en al menos ocho instalaciones en distintos estados.

El proyecto de expansión también se ha apoyado en la coordinación con gobernadores republicanos. En Florida, el gobierno estatal y Trump impulsaron la construcción de un centro de detención en los Everglades —conocido como “Alligator Alcatraz”—, el cual enfrenta órdenes judiciales de suspensión por impacto ambiental. En Nebraska se abrió el “Cornhusker Clink”, con capacidad para 280 detenidos y apoyo logístico de la Guardia Nacional.

El auge no se limita a las compañías penitenciarias. Palantir Technologies, proveedora de software de vigilancia y análisis de datos, reportó ingresos superiores a 1,000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, impulsados por contratos con ICE y el Pentágono. Su director ejecutivo, Alex Karp, se jactó en una conferencia con inversores de las “extraordinarias cifras” y del “orgullo enorme” de la compañía por contribuir a la ofensiva migratoria del gobierno de Trump. 

El crecimiento de estas empresas ocurre en medio de un creciente escrutinio legal y social. Un tribunal federal permitió que avanzara una ley estatal en Washington para endurecer la supervisión sanitaria y de condiciones en el centro de detención de GEO en Tacoma, después de años de denuncias.

Al mismo tiempo, el FBI investiga la Cibola Correctional Facility, operada por CoreCivic en Nuevo México, tras varias muertes bajo custodia. Organizaciones de derechos humanos acusan a estas compañías de “lucrar con el sufrimiento humano” y de beneficiarse de políticas que criminalizan la migración.