Carta a Guillermo Ortiz

Ya no lo recordaba, pero su reaparición pública, ahora con cuestionamientos a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, me trajo a la memoria cómo lo veía durante mi adolescencia, por ahí de 1995, y la caricatura que entonces construí de su papel al frente de la economía mexicana: un ser pequeñito, de nariz afilada y enormes manos que frotaba cada vez que hacía una maldad.

Así las entendía entonces: maldades. Con los años aprendí sus nombres: ajuste fiscal, estabilización, rescate financiero. En las casas se traducían de manera mucho más sencilla: no alcanza, subió, debemos, hay que recortar, tenemos que vender el auto.

Tenía 16 años cuando usted llegó a la Secretaría de Hacienda, señor Ortiz. Edad suficiente para sentir cómo la crisis entraba en nuestras familias, aunque desconociera sus tecnicismos. En marzo de 1995, el IVA pasó del 10 al 15 por ciento; las gasolinas y el diésel aumentaron 35 por ciento; las tarifas eléctricas domésticas, 20 por ciento, mientras el incremento extraordinario al salario mínimo fue de apenas 10 por ciento. Después, el rescate bancario mediante el Fobaproa, tasas de interés que volvieron impagables numerosos créditos, pérdida de patrimonio, desempleo y una inflación que golpeó el poder adquisitivo.

Ya como reportera, conocí otros rostros de aquel México. Uno fue el de Vicente, en Coicoyán de las Flores, Oaxaca. Sus ojos supuraban pus como si fueran un llanto permanente. No había recibido la atención que necesitaba porque hasta su comunidad no llegaban los médicos. Sólo después de que un lector de Contralínea conoció su historia y ofreció ayudarlo, Vicente pudo ser trasladado a la Ciudad de México y atendido en un hospital pediátrico. Ahí se supo que padecía una tumoración en la parte frontal del cerebro y necesitaba una cirugía. Su padre, temeroso de perderlo, decidió regresarlo a casa y “dejarlo a la buena de Dios”. Lo terrible era que prácticamente todo un pueblo parecía vivir así.

Coicoyán era entonces uno de los municipios más pobres del país. Había enfermedades curables sin médicos para atenderlas y casas de salud sin personal. En 2005, el entonces presidente Vicente Fox llegó en helicóptero y prometió Seguro Popular para todos, escuelas y otros apoyos. Cuando volvimos, años después, la realidad seguía muy lejos de aquellas promesas.

Después vinieron otros nombres: Jorge Vladimir Muñoz Delgado, uno de los 65 trabajadores muertos en Pasta de Conchos, cuya familia, como las demás, pasó años exigiendo recuperar su cuerpo; Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, jóvenes comunicadoras triquis asesinadas en Oaxaca en 2008; Mariano Abarca Roblero, defensor de Chicomuselo, Chiapas, quien denunció afectaciones vinculadas con una minera canadiense y fue asesinado frente a su casa en 2009; y Bety Cariño y Jyri Jaakkola, asesinados durante la emboscada a una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala en 2010. Mi compañero David Cilia y yo íbamos en esa caravana, pero quizá ésa será otra entrega.

Durante casi dos décadas de reportear para Contralínea aparecieron una y otra vez concesiones mineras, agua acaparada por grandes corporaciones, hospitales inconclusos, abandono del campo y comunidades indígenas sin servicios elementales. Eran problemas distintos, con causas y responsables distintos. Pero juntos mostraban el país que existía detrás de las cifras económicas. Privatización, concesión, desregulación o ajuste no eran palabras que se quedaran en los documentos oficiales: sus efectos podían alcanzar el patrimonio de una familia, los recursos de una comunidad o los servicios públicos disponibles para millones de personas.

También quedó otra certeza: muchas veces el dinero sí alcanzaba; la pregunta era para quién.

Por eso cuesta entenderlo, señor Ortiz, cuando cuestiona hoy el bienestar de las mexicanas y los mexicanos en salud, educación, seguridad y otros ámbitos, como si nuestra historia hubiera comenzado esta mañana. Sería falso responsabilizarlo de Vicente, Pasta de Conchos, Mariano Abarca o San Juan Copala. No lo hago. Lo que sí recuerdo es que aquellas historias formaban parte del México de esas décadas, mientras desde las más altas posiciones usted promovía y defendía un modelo económico cuyos costos y beneficios también merecen ser tomados en cuenta.

Hay una escena que, vista desde hoy, resume mucho de aquello. En marzo de 1996, durante la Convención Bancaria en Cancún, usted pedía a los reporteros “calma, mucha calma”. La periodista Verónica Valdés le preguntó: “¿Pero usted dice que hay que apretarse el cinturón y ya ni a cinturón llegamos?”. Su respuesta fue: “Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo”.

Treinta años después, aquella frase conserva toda su crudeza: ya ni a cinturón llegábamos y usted estaba de acuerdo.

Lo veía en los periódicos siempre trajeado, “elegante”, con mancuernillas y relojes de esos “machuchones”. Después de Hacienda fue gobernador del Banco de México durante doce años; más tarde presidió el consejo de administración de Grupo Financiero Banorte y posteriormente se incorporó al consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Sureste, ASUR, donde actualmente figura como consejero independiente. Del gobierno a las esferas financieras y empresariales. Nunca demasiado lejos de las altas finanzas.

Usted puede cuestionar y debatir. Quienes vivimos aquellos años no debemos olvidar. Las consecuencias de una política económica no desaparecen cuando un funcionario entrega la oficina: algunas permanecen durante años; otras alcanzan a generaciones enteras.

Así que critique, señor Ortiz. Pero antes de volver a explicarnos cómo debemos medir nuestro bienestar, recuerde también a quienes tuvieron que apretarse el cinturón hasta que ya ni a cinturón llegaban.

Señor Guillermo Ortiz, por favor, tenga tantita sensatez.