El 13 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció seis centros penitenciarios de alta seguridad en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Estos sumarán un total de 18 mil 480 espacios en 2028. Estas obras atienden un déficit muy real y los problemas históricos que ocasiona la falta de capacidad de los penales.
El problema más grave, es el llamado autogobierno, donde grupos de reos hacen cobros, extorsiones y suplantan las funciones de autoridad dentro de un penal. El fenómeno es doblemente perverso, porque hace al crimen aún más eficiente: la cárcel da protección física a criminales que desde ahí siguen dando órdenes a otros de cometer delitos.
En México hay más de 275 mil personas privadas de la libertad y solo hay 230 mil espacios disponibles. El otro factor de presión a la capacidad penitenciaria es que hay más de 70 mil detenciones por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y septiembre de 2026. Los seis penales cubren solo cuatro de cada diez espacios que hacen falta. Lo que se anunció es un avance parcial pero necesario.
Los nuevos centros serán operados por autoridades públicas, con bloqueo de señales y módulos de clasificación por nivel de riesgo. México encarcela a 202 personas por cada 100 mil habitantes; Estados Unidos, a 542, y El Salvador, a 1,659 y México también tiene una tasa menor de personas sin condena: 89 frente a 138 por cada 100 mil en Estados Unidos.
Sin embargo, el 44% de la población penitenciaria mexicana está en espera de sentencia. Es necesario seguir reduciendo las cifras de personas en prisión sin sentencia, al tiempo que los éxitos en detenciones del nuevo modelo de seguridad pública agregan reos de alta peligrosidad que ingresan al sistema penitenciario mexicano.