Nunca habíamos estado tan conectados, 104.9 millones de personas de seis años o más utilizan internet en México, equivalentes al 86.1% de esa población y 84.6% utilizó teléfono celular, según el INEGI en su última publicación en junio de 2026. Una parte enorme de nuestra vida transcurre ahí: nos informamos, discutimos, conocemos personas, descubrimos problemas y construimos opiniones. Las redes sociales son hoy una de nuestras principales plazas públicas.
Pero esa plaza pública tiene dueños y tiene un modelo de negocio. Las plataformas necesitan nuestra atención porque mientras más tiempo permanecemos dentro de ellas, más datos pueden obtener y más publicidad pueden vender. Es la “economía de la atención”: sistemas diseñados para capturar, mantener y monetizar un recurso limitado: nuestro tiempo. Y el conflicto funciona particularmente bien: un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que analizo 2.73 millones de publicaciones políticas encontró que hablar del adversario producía aproximadamente el doble de difusión y que cada término adicional referido al grupo político contrario aumentaba 67% la probabilidad de compartir una publicación.
Las reglas, algoritmos y decisiones de las plataformas determinan qué contenido recibe más exposición. Un experimento publicado en Nature en febrero de 2026 encontró que el feed algorítmico de X promovía más contenido conservador, reducía la presencia de medios tradicionales y llevaba a los usuarios a seguir más cuentas de activistas conservadores. Después de siete semanas de exposición, también se registraron desplazamientos hacia posiciones más conservadoras en determinados asuntos políticos. Lo que aparece una y otra vez frente a nosotros importa porque termina influyendo en aquello que consideramos relevante, posible o incluso normal.
Ahí entramos en una disputa mucho más profunda. Antonio Gramsci utilizó la idea de hegemonía para explicar que el poder no se sostiene solamente mediante gobiernos, leyes o instituciones; también se construye consiguiendo que determinadas formas de entender el mundo sean aceptadas socialmente. El triunfo cultural de una idea ocurre cuando deja de parecernos una posición política y comienza a sentirse simplemente como “sentido común”. Entonces dejamos de preguntarnos de dónde viene. Que quien es pobre lo es únicamente porque no trabajó suficiente; que la desigualdad es inevitable; o que ampliar derechos significa quitarle algo a alguien más. Son ideas políticas, aunque muchas veces se presentan como verdades naturales.
Y ese sentido común puede confrontarse con la realidad. Pensemos en la idea de que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo personal. El Informe de Movilidad Social en México 2025 del CEEY encontró que 50 de cada 100 personas nacidas entre el 20% con menos recursos económicos permanecen ahí durante su vida adulta y solamente 2 de cada 100 consiguen llegar al 20% con mayores recursos. Trabajar y esforzarnos importa, pero también importan profundamente la familia en la que nacemos, la educación a la que accedemos, el territorio donde vivimos y las oportunidades disponibles. La disputa política ocurre antes de llegar a la propuesta concreta: ocurre en las palabras con las que definimos el problema.
Eso es parte de lo que llamamos batalla cultural. No consiste simplemente en saber quién ganó una elección o qué partido consiguió más reproducciones en TikTok, sino en disputar la manera en que una sociedad entiende sus propios problemas. La migración lo muestra con claridad: repetir que las personas migrantes “quitan empleos” o generan inseguridad convierte un fenómeno económico y social complejo en una explicación sencilla, aunque la evidencia internacional no permita sostener de manera general esas afirmaciones. Lo importante es entender el mecanismo: quien consigue definir cuál es el problema también condiciona las soluciones que la sociedad considera razonables.
Por eso importa preguntarnos quién está logrando explicar mejor nuestro tiempo y quien está controlando el “sentido común”. Si la pobreza se presenta únicamente como falta de esfuerzo, la política pública parece innecesaria; si reconocemos que también existen desigualdades de origen, aparecen preguntas sobre educación, salarios, cuidados, impuestos y protección social. La disputa política ocurre antes de llegar a la propuesta concreta: ocurre en las palabras con las que definimos el problema. Dar la batalla cultural significa precisamente disputar qué problemas vemos, cómo explicamos sus causas y qué futuros consideramos posibles.
¿Es realmente “sentido común” pensar que cada persona es la única responsable de su éxito o de su fracaso? ¿Que cobrar más impuestos a quienes más tienen destruye la inversión? ¿Que lo privado funciona mejor que lo público? ¿Que garantizar derechos sociales genera dependencia, mientras la competencia individual produce libertad? ¿O son también ideas políticas que, después de décadas de repetirse, consiguieron dejar de parecernos ideológicas?
Ahí está una de las claves de la batalla cultural: volver a discutir aquello que durante años aceptamos como inevitable y preguntarnos qué tipo de sociedad construyen esas ideas, a quién benefician y qué alternativas podemos imaginar y construir desde México, a partir de nuestro propio horizonte político e ideológico. Pero también implica preguntarnos quién produce y amplifica esas narrativas: desde qué países y espacios de poder se impulsan, qué empresas contribuyen a difundirlas, qué intereses económicos las sostienen y qué proyectos políticos terminan favoreciendo.