La insoportable doble moral de la era digital

Resulta curioso que, mientras de un lado se celebra la –modesta– victoria regulativa de Estados Unidos contra Meta por ser un riesgo para infancias y adolescencias, del otro se anuncie que el gobierno de Buenos Aires le abrió las puertas de los salones de clase a Google y su IA generativa, Gemini, la cual podrá ser usada por el alumnado a partir de los 9 años.

Esta contradicción –entre la necesidad de establecer límites al poder de las empresas tecnológicas y el riesgo que implican sus productos, por un lado, y la complacencia y dependencia de autoridades, usuarios y sociedad hacia la tecnología, por el otro– se refleja en México en el contraste entre los llamados a regular el uso del celular en las aulas y la reticencia social a registrar las líneas telefónicas.

Sin embargo, algunas contradicciones son artificiales e inducidas por terceros actores, así como pasa en el caso mexicano, ya que existe una intensa campaña de miedo en contra del registro, apoyada por intereses políticos que o no tienen que ver con el registro en sí mismo o cuyos intereses se ven afectados. 

Por ello se crean narrativas para sustentar y legitimar intereses; por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones y redes sociales no son garantes de derechos como la libertad de expresión, el derecho a la información u otros derechos por sí mismas, por lo que su regulación no es “atentar” en contra de tales derechos y garantías. 

Esta misma lógica se ve reflejada en la producción tecnológica nacional, ya que diversas voces coinciden en la necesidad que el Estado apueste por la innovación y el desarrollo; sin embargo, a la hora que el Estado lo hace -como con Olinia-, algunos se dicen decepcionados o minimizan la producción nacional. Cuando en realidad el Estado, pese a todas sus capacidades, parte de una condición de desigualdad a la hora de producir tecnología, especialmente si es tecnología digital, por lo que toda apuesta empezará siendo modesta en comparación con sus pares privados. 

No obstante, el desarrollo de tecnología pública desmonta dos mitos: que no es posible crear tecnología innovadora, útil y funcional fuera del modelo de ganancias establecido; así como que el Estado es incapaz de producir tecnología por sí mismo, algo que ya hacen países como China o Brasil. 

Más allá de las narrativas que ayudan a dar forma a nuestra relación y consumo de la tecnología, elementos como la economía, la política y la construcción misma de la tecnología también juegan un rol importante a la hora de regular -o no- estos espacios. 

Dopamina instantánea, apelación constante al ego, detonantes de miedos e ira y demás explotadores de la conducta y naturaleza humana, han sido cuidadosamente refinados a través de algoritmos y estructuras digitales, las cuales llevan a cabo experimentos masivos en tiempo real, volviéndonos objetos de estudio a la vez que consumidores y habitantes de espacios, moldeándose y moldeándonos en el proceso. 

A esto se le suma una ideología que poco a poco se volvió parte integral de la lógica común de las instituciones, las empresas y  la tecnología y cuyo orden aún no termina de ser desensamblado: el neoliberalismo.

Es así como fenómenos como la autoexplotación, la autovigilancia y la autocensura toman forma en productos, servicios y experiencias digitales que vuelven a las personas víctimas y victimarios: nos quejamos de la soledad, de la presión del presente continuo e inacabable, de una incomodidad perene que difícilmente logramos identificar claramente, pero que nos fatiga, nos exige, nos sabotea y en la cual somos co-participantes. 

Sin embargo, cuando llega la hora de actuar, difícilmente esto sucede. Y no es por mera incapacidad o incompetencia, sino que es el sistema en pleno funcionamiento, el cual nos exige y nos orilla a participar si no queremos quedar obsoletos y aislados en un mundo en constante marcha hacia delante; por lo que no hay momento siquiera de plantear una pausa o la posibilidad de renunciar, ya que si no participas quedas fuera, y si quedas fuera, no existes.

Esta interdependencia entre los procesos humanos y la tecnología revela un escenario en el que el cambio radical parece doloroso y casi imposible, por lo que la forma de adaptación más idónea sería la de la regulación y la responsabilidad compartida. 

El problema es que el mundo digital y sus empresarios y modelos de negocio trajeron consigo la legitimación de la irresponsabilidad como elemento acelerador en el proceso de producción tecnológica. De ahí el tan famoso mantra “moverse rápido y romper cosas” como lógica de funcionamiento empresarial. 

En el caso de usuarios y consumidores la responsabilidad se vuelve motivo de disputa, ya que en primer lugar las empresas de tecnología nos volvieron adictos a productos que ni siquiera sabíamos de su potencial adictivo cuando las descargamos; pero al igual que como pasa con industrias como el tabaco, la comida ultraprocesada o el alcohol; estos negocios no se irán y dependerá también de nosotros el cómo los consumimos, pero para eso necesitamos un proceso de educación e información importante, especialmente ahora con la introducción de tecnologías como la inteligencia artificial. 

El problema de fondo no es decidir qué tecnología permitir o regular, sino preguntarnos en qué condiciones queremos vivir con ella, porque la responsabilidad no puede recaer en un solo actor —ni en el Estado, ni en las empresas, ni en los usuarios— sino que exige una deliberación colectiva y una regulación con dientes que sostenga alternativas públicas, sin depender del beneplácito del mercado y las empresas.

Regular no es un freno al futuro, sino que es el mecanismo para garantizar que, en este masivo experimento en tiempo real, volvamos a ser los sujetos de nuestra propia historia; el primer paso no es desconectarse, sino reconocer que estamos conectados a un sistema diseñado para beneficiar a muy pocos, pero que, colectivamente, podemos incidir en él.