La oposición no busca justicia, ruegan por intervención

En política no hay casualidades, decía Jesús Reyes Heroles, y esta semana conviene tenerlo presente. Apenas veníamos de discutir la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, no de la DEA, no de una agencia ordinaria contra las drogas, sino de inteligencia extranjera, cuando de pronto apareció desde Estados Unidos una acusación contra figuras de Morena en Sinaloa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a otros funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado, pero hasta ahora eso debe leerse como una imputación que exige pruebas, no como una verdad consumada. 

La presidenta Claudia Sheinbaum fue precisa, si existen elementos claros, México debe actuar conforme a derecho; si no los hay, el uso político de esas acusaciones también debe ser señalado. En un Estado soberano, la justicia no puede funcionar por consigna, ni desde Palacio Nacional ni desde Washington.

Pero más allá de la acusación, lo revelador fue la reacción. La oposición no la recibió con prudencia institucional ni con respeto por la gravedad del tema, sino con una gestualidad casi triunfal, como si no estuvieran frente a un asunto de justicia, sino ante un botín político recién puesto sobre la mesa. En sus miradas, en las sonrisas mal disimuladas, en esa satisfacción de quien cree haber encontrado por fin una derrota ajena, se vio menos compromiso con la verdad que una vieja pulsión de revancha.

En la apertura de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora Lilly Téllez volvió a representar ese papel tosco y estridente que tanto cultiva. Como Paflagonio en Los caballeros de Aristófanes, no parecía hablar para esclarecer la verdad, sino para excitar a Demos, ese pueblo al que los demagogos creen manipulable a fuerza de miedo, ruido y acusaciones. Su intervención no buscaba elevar el debate, sino convertir una imputación extranjera en espectáculo político.

Porque queda claro que la búsqueda de la verdad no es el centro de esta ofensiva. Si lo fuera, la oposición exigiría pruebas, debido proceso y cauces institucionales, no linchamiento mediático ni celebración anticipada. Lo que aparece es otra cosa, una forma de lawfare tropicalizado, donde una acusación todavía no probada se usa como herramienta de desgaste político, como si la justicia no tuviera que investigar, sino servir de escenografía para una revancha electoral.

El contraste con el caso Chihuahua es inevitable, aunque se trate de hechos distintos. Cuando se habló de la presencia de agentes de la CIA en territorio nacional, la oposición corrió a minimizar el problema, a envolver a Maru Campos en una hagiografía de combate al crimen y a desviar la discusión hacia cualquier otro frente. Pero ahora, frente a una acusación extranjera contra figuras de Morena, exige todo el peso de la ley antes incluso de que se presenten pruebas concluyentes. 

No se trata de equiparar casos, sino de observar la actuación política. Ayer relativizaban la soberanía; hoy convierten una imputación en sentencia porque les sirve como arma electoral.

Nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de una acusación convertida en espectáculo. El narcotráfico debe combatirse con firmeza; sin embargo, como advirtió Hugo Chávez hace años, también puede ser utilizado como coartada política para abrir la puerta a presiones extranjeras. Si existen responsabilidades, que se investiguen y se sancionen en los cauces legales. Pero México no puede aceptar que una imputación externa se vuelva sentencia mediática ni que la oposición la celebre como botín electoral. La justicia no se ruega afuera, se defiende adentro, con instituciones mexicanas, pruebas y soberanía.