Quien acusa debe probar

Apenas reflexionábamos sobre el complejo momento geopolítico que atraviesa nuestro país, cuando en cuestión de horas se detonó una “bomba mediática” que ciertos sectores de la oposición replicaron sin el más mínimo cuestionamiento ni sentido de responsabilidad nacional.

Me reifero a la imputación presentada por una corte del sur de Nueva York en contra del gobernador de Sinaloa y de nueve funcionarios más, entre ellos un senador y el alcalde de la capital. Sin embargo, más allá de la gravedad que implica cualquier señalamiento de esta naturaleza, resulta aún más delicado el contexto en el que se produce: acusaciones sin pruebas públicas, acompañadas de solicitudes de captura y extradición canalizadas a través de su embajada en México, bajo el argumento de la cooperación bilateral.

Este hecho obliga a una reflexión seria, responsable y, sobre todo, soberana.

Primero. Hace apenas unos días, el gobierno de los Estados Unidos quedó en entredicho al no ofrecer explicaciones claras sobre la presencia y actividades de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano, específicamente en el estado de Chihuahua. Este hecho, de confirmarse, representaría una violación directa a los principios de soberanía nacional y a los mecanismos de cooperación internacional que deben regirse por el consentimiento expreso del Estado mexicano.

En lugar de atender los legítimos cuestionamientos del gobierno de México, la respuesta ha sido la difusión de acusaciones de alto impacto mediático, sin sustento verificable, lo que abre la puerta a interpretaciones preocupantes.

Segundo. Desde una perspectiva histórica y geopolítica, no puede ignorarse que este tipo de acciones han sido utilizadas en distintas regiones del mundo como mecanismos de presión e injerencia. América Latina tiene memoria: casos como los de Chile, Bolivia o Argentina muestran cómo narrativas externas han servido para influir en la vida política interna de las naciones.

En este sentido, surgen interrogantes legítimas:

1. ¿Existe una intención del gobierno estadounidense de incidir en la estabilidad política de México mediante el uso de imputaciones judiciales sin sustento público?
2. ¿Hay actores políticos nacionales dispuestos a facilitar o respaldar este tipo de intervenciones, anteponiendo intereses particulares sobre la soberanía del país?

Estas preguntas no deben evadirse, porque lo que está en juego no es un proyecto político, sino la integridad del Estado mexicano.

Tercero. Es fundamental recordar que las relaciones entre Estados deben regirse por el respeto mutuo, la no intervención y la cooperación en términos de igualdad jurídica, tal como lo establecen los principios del derecho internacional y los tratados de Viena. Cualquier acción que vulnere estos principios —ya sea mediante operaciones no autorizadas en territorio nacional o presiones diplomáticas indebidas— constituye una afectación directa a la soberanía.

Cuarto. En el ámbito jurídico, México es un Estado de derecho. La Fiscalía General de la República ya ha recibido la información correspondiente y ha dejado claro que cualquier solicitud deberá analizarse conforme al marco legal nacional y a los tratados internacionales vigentes. Esto implica que:

• Toda acusación debe estar debidamente sustentada con pruebas.
• Se respetarán los procedimientos legales internos, incluyendo, en su caso, el debido proceso para el retiro del fuero constitucional.
• No se actuará bajo presión mediática ni política extranjera.

Quinto. La cooperación internacional en materia de justicia no puede convertirse en un instrumento de presión política ni en un mecanismo de desestabilización. La historia demuestra que cuando se rompe el equilibrio entre cooperación y soberanía, los pueblos son quienes terminan pagando las consecuencias.

Más claro que nunca: México no es tierra de intervención.

Aquí, quien acusa está obligado a probar. Y si existen responsabilidades, será el propio Estado mexicano, a través de sus instituciones, quien las investigue y sancione conforme a derecho.

Hoy no solo se pone a prueba la honorabilidad de ciertos funcionarios; se pone a prueba la fortaleza institucional de México y su capacidad para defender su soberanía frente a presiones externas.

La posición debe ser firme, pero apegada a derecho: cooperación sí, subordinación no.

Respeto mutuo sí, injerencia extranjera no.

Porque la soberanía no se negocia: se ejerce y se defiende.