Cuando el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU señala que la desaparición forzada en México llegó a tal grado que se debe de declarar como un crimen de lesa humanidad, no descubrió el hilo negro, ni siquiera aportó algún elemento novedoso de la situación en la que vivió el país.
Efectivamente, los datos que arroja su reporte, su estudio, su gran análisis sobre la desaparición forzada en México, era una verdad oculta.
Tiene razón este comité al momento de señalar que la desaparición forzada en México fue utilizada como un mecanismo de represión y de control de forma sistemática en contra de la población civil, y con los acontecimientos que pasaron no hacen mucho, respecto a quien era el secretario de seguridad pública en el sexenio de Calderón, podemos decir que fue un mecanismo utilizado para el reclutamiento forzoso de organizaciones delincuenciales.
También tienen razón al solicitar que la ONU, tome cartas en el asunto, pues estos actos, como ellos mismos catalogaron, crímenes de lesa humanidad, no pueden quedar impunes.
Así, si los datos, análisis, investigación y la conclusión de todo ello se basaron en los años del 2009 al 2017, tenemos que señalar que quien gobernó durante ese periodo fue el PRIAN: Felipe Calderón gobernó del 2006 al 2012 y Peña Nieto del 2012 al 2018.
Ahora bien, para poder dimensionar lo que concluyó esa comisión, tenemos que hacer un análisis de qué se entiende por crimen de lesa humanidad.
Para el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad es aquel que un Gobierno, o aquel que detenta el poder, o grupos de personas que se sitúan en un país, realizan haciendo uso de ese poder, sobre las personas que se encuentran indefensas o en una situación de subordinación, es decir sobre la población civil. Pero estos actos atentan contra la dignidad del ser humano, contra los derechos más elementales del ser humano, como es la vida, la libertad, la alimentación, la salud, entre otros.
Ahora bien, estos actos van encaminados a generar un control o incluso un exterminio de ciertos grupos sociales, culturales, políticos e incluso de etnias o poblaciones indígenas de cierto lugar. Y cuando estos actos se llevan a cabo de forma sistemática, se catalogan como crímenes contra toda la humanidad, no sólo contra las víctimas directas, sino contra toda la humanidad, por eso se les conoce también como actos atroces contra la población civil.
Ahora bien, cuando el Estado mexicano rechaza el informe o las conclusiones de este comité, lo hace, porque el reporte señala que todos esos crímenes son realizados por el Estado Mexicano, haciendo responsable al actual Gobierno, lo cual es absurdo, pues pretenden hacer responsables a gobernantes actuales por actos que se llevaron a cabo por gobiernos anteriores.
En este sentido, el Estado mexicano, sí es responsable de estos actos contra la humanidad, pero se debe de señalar con puntualidad, quienes fueron los gobernantes que en su momento cometieron estos crímenes, para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables.
Así, el Estado mexicano debe de solicitar al alto comisionado de derechos humanos de la ONU que haga esa distinción y, con ello, solicite al actual gobierno mexicano la investigación y el castigo de quienes fueron responsables en su momento de estos delitos cometidos en contra de las víctimas directas y de la humanidad
La solicitud también deberá de ir dirigida a que se realice un nuevo estudio, análisis, investigación y conclusiones sobre lo que se ha llevado a cabo por los gobiernos de la Cuarta Transformación para erradicar la desaparición forzada en nuestro país.
Como podemos ver con este estudio, se confirma que los gobiernos neoliberales tienen como práctica común y cotidiana, cometer delitos, cometer crímenes contra la humanidad. Sólo basta recordar las matanzas de Río Blanco, en el porfiriato, la de 1968 contra los estudiantes, Acteal, Atenco, Aguas Blancas, Nochistlán, Zongolica, y un gran etcétera.
Queda claro que sí existe una gran diferencia entre los gobiernos neoliberales, y los gobiernos de la Cuarta Transformación y debe existir un castigo a los autores de esos crímenes de lesa humanidad.