Nadie manda solo

En Tepoztlán, la organización empezó como siempre ha empezado ahí: de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, tocando puerta por puerta. No fue una convocatoria desde arriba ni una decisión tomada en una oficina —aunque la chispa, dicen quienes estuvieron ahí, saltó en una reunión en la Procuraduría Agraria, donde se avivó la idea de recorrer así, caminando, cada rincón del municipio. Fueron comuneras e hijas de comuneros, que recorrieron a base de voluntad y acompañadas con el censo agrario, para asegurarse de que cada comunera y cada comunero —de la cabecera, de Santo Domingo, de cada uno de los barrios y pueblos que conforman este territorio nahua entre montañas— supiera que tenía derecho a voz y voto. Después de trece años sin poder elegir libremente a quienes los representan ante Bienes Comunales, después de asambleas suspendidas, padrones inflados con gente que nada tenía que ver con la comunidad, y comisariados que se perpetuaron en el cargo con el argumento de la costumbre, Tepoztlán volvió a hacer lo único que siempre le ha funcionado: reunirse en asamblea y decidir juntos.

La asamblea de marzo de este año duró horas, como suelen durar las asambleas cuando se toman en serio. Se votó a mano alzada una planilla única de veintitrés comuneras y comuneros, construida no por imposición sino por consenso entre pueblos, barrios y colonias. No fue una elección de individuos que compiten entre sí por el poder: fue un pueblo completo decidiendo, de manera horizontal y desde abajo, quién habría de cuidar lo que a todos pertenece. Y lo que está en juego no es poco: casi veinticuatro mil hectáreas de bosque, manantiales y montaña, dentro de un área natural protegida constantemente amenazada por la tala clandestina, por incendios forestales —algunos accidentales, otros no tanto— y por construcciones irregulares que avanzan sobre tierra comunal como si nadie fuera a notarlo. En ese camino, la comunidad tampoco ha estado sola: la Procuraduría Agraria ha seguido cerca, acompañando y tendiendo los puentes que las nuevas autoridades comunales han tendido con instancias ambientales para que la defensa del bosque no dependa solo de la buena voluntad de un funcionario en turno.

Aquí conviene detenerse en algo que se pierde fácilmente cuando hablamos de conflictos agrarios solamente en términos de propiedad o de despojo: la comunidad no es solamente un conjunto de personas que comparten un título de propiedad social. Es, ante todo, una forma de decidir juntos que ninguna estructura individual puede replicar por sí sola. Cuando una asamblea decide a mano alzada, después de escuchar a cada pueblo, a cada barrio, a cada voz que quiso hablar, está ejerciendo algo más profundo que un procedimiento legal: está demostrando que lo colectivo puede gobernarse a sí mismo mejor que cualquier autoridad impuesta desde fuera. Nadie manda solo porque, en el fondo, nadie decide bien sin escuchar a la comunidad.

Por eso Tepoztlán defiende su bosque igual que defiende su asamblea: son la misma lucha. Frenar la tala ilegal, apagar a tiempo un incendio, detener una construcción irregular, requiere exactamente el mismo tipo de organización que se necesitó para elegir, de manera legítima, a quienes hoy representan a la comunidad: gente caminando junta, escuchándose, decidiendo entre todos, sin que nadie —ni cacicazgo local ni autoridad externa— les arrebate esa capacidad de decidir sobre lo suyo.

Ahí está esta pieza del rompecabezas: la comunidad no es una suma de individuos con derechos agrarios idénticos, es una forma superior de organización humana, capaz de proteger lo que ningún propietario aislado protegería igual de bien —porque lo que está en juego no es de uno solo, es de todos y todas, y solo entre todos y todas se decide y se cuida.