Repensar la universidad pública como eje para revertir el desencanto juvenil

En México, 11.2 millones de jóvenes en edad de cursar estudios superiores hoy no están en las universidades; una cifra alarmante que representa una verdadera hemorragia de talento para el futuro del país (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior [ANUIES], 2026). Una universidad pública que se encierra a mirar hacia adentro y que ignora a esta inmensa población excluida, es una institución que pierde el sentido social que le dio origen.

Hoy existen 5.5 millones de estudiantes en las aulas de educación superior —3.5 millones en instituciones públicas y 2 millones en privadas—, y aunque la meta gubernamental reciente es alcanzar el 55% de cobertura nacional (Mario Delgado, 2024), el rezago histórico es profundo: de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, apenas el 21.6% de la población mayor a 15 años había estudiado educación superior (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020).

Históricamente, la educación se concibió como el gran motor de movilidad social, pero esa promesa se ha ido fracturando para las nuevas generaciones. Los datos revelan que en 2022, más del 30% de los jóvenes de entre 18 y 24 años no lograron superar los años de escolaridad de sus propios padres (Centro de Estudios Espinosa Yglesias [CEEY], 2023). Peor aún, la estratificación condiciona el destino desde el nacimiento, pues la probabilidad de alcanzar estudios universitarios es cuatro veces mayor para los jóvenes de padres con licenciatura que para aquellos cuyos padres sólo terminaron la primaria (CEEY, 2023).

A pesar de que México cuenta con más de 3,360 universidades, este despliegue no ha sido suficiente. La población de 18 a 24 años —quienes se encuentran en la edad idónea para cursar la universidad— representa aproximadamente el 11.6% del total de los habitantes, lo que equivale a cerca de 15 millones de jóvenes. A pesar de los esfuerzos de masificación, el sistema no ha sido capaz de integrar a la gran mayoría de las juventudes. Sin embargo, el problema no se detiene en las puertas de las universidades; va más allá, se trata de evaluar la calidad de lo que sucede cuando los estudiantes logran llegar a las aulas.

¿Qué enseñanza se está dando realmente en estos espacios? Es urgente hacer una
evaluación de la calidad de la educación que se imparte. La universidad pública debe ser el centro formador de los profesionistas y especialistas que definirán el rumbo del país, pero debemos cuestionarnos si están satisfaciendo las necesidades que nos depara el futuro, o si solo están administrando la educación replicando modelos antiguos. Necesitamos egresados preparados para enfrentar los grandes retos de esta nueva generación: velar por la soberanía energética y alimentaria, afrontar el cambio climático, dominar la inteligencia artificial y construir una sociedad orientada a erradicar la pobreza, así como disminuir las desigualdades y las brechas de género.

Esta educación debe responder a las necesidades nacionales y traducirse en mejoras para las condiciones del día a día de los jóvenes: oportunidades reales, estabilidad y la percepción de un mejor futuro. Como señalé en mi columna anterior, si los gobiernos en turno desean mejorar la percepción que los jóvenes tienen de ellos, una de las grandes apuestas debe seguir siendo el rescate de la universidad pública. Esta es una de las formas más efectivas de evitar que la juventud —movida en parte por la frustración material y la falta de oportunidades— opte por alternativas radicales que ofrecen promesas imposibles de cumplir, pero que son hábiles para capturar el voto joven sustentado en el enojo.

Frente a esta urgencia de vincular la academia con la realidad material y política del país, suele surgir una fuerte resistencia desde los sectores más tradicionales. Argumentan que exigir a las universidades alinear sus planes de estudio a las necesidades de la sociedad, o evaluar su calidad en función de su impacto y retribución social, representa un atentado directo contra la autonomía y la libertad de cátedra. Para estas voces, la universidad debe mantenerse como un santuario de reflexión teórica, blindado frente a las exigencias del mundo, las prioridades o las urgencias sociales, asumiendo que cualquier solicitud externa vulnera el espíritu crítico.

Sin embargo, reducir la autonomía a un aislacionismo académico es un error que confunde autodeterminación, con la evasión de su responsabilidad frente a lo que la sociedad contemporánea demanda. Es necesario revisar la orientación de las universidades, desde las grandes autónomas nacionales (como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana o la Universidad Autónoma Chapingo), pasando por las autónomas estatales (como la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guadalajara, etc.), hasta las instituciones dependientes directamente de los gobiernos estatales y federal. Esto debe hacerse respetando su autodeterminación interna, pero recordando siempre que su financiamiento es público. Una universidad que no
contribuye a resolver los problemas de su región y no mejora la vida de sus estudiantes, traiciona su propia naturaleza y le falla a la sociedad que la sostiene.

Garantizar un asiento en un aula ya no es suficiente. El verdadero desafío del Estado mexicano es devolverle a la educación superior su poder transformador, buscando que un título universitario vuelva a ser sinónimo de estabilidad y no un simple papel que adorne la precariedad. Si la universidad pública no se atreve a salir de su burbuja de confort para resolver las urgencias de los jóvenes, el desencanto político será uno de sus refugios que encuentren. La democracia no descansa sólo en las urnas, sino también en las aulas públicas garantizando un futuro posible.