El abogado del que no tiene poder

Margaritas es un ejido pequeño, encajado en el desierto del altiplano potosino: veinticinco ejidatarios, un avecindado, cuatro posesionarios. No tiene el peso político de una gran comunidad indígena ni la visibilidad mediática de un conflicto urbano. Durante años, mientras la larga noche neoliberal reorganizaba el campo mexicano a favor de quien tuviera más dinero y más abogados, ejidos como este aprendieron una lección amarga: tener la razón no basta si no hay una institución dispuesta a ponerse de su lado.

Porque ese fue, precisamente, el vacío que dejó el periodo neoliberal: no la ausencia de instituciones agrarias —de esas hubo, y con presupuesto—, sino la ausencia de instituciones con vocación humanista. La reforma al Artículo 27 de 1992 abrió la puerta al dominio pleno y convirtió la tierra ejidal en mercancía transferible; los programas de titulación individual fragmentaron la cohesión de los núcleos agrarios en nombre de la "certeza jurídica"; y buena parte del aparato del Estado se limitó a administrar ese tránsito con neutralidad técnica, como si no hubiera nada que decidir, como si dar trámite parejo a un ejido sin recursos y a una empresa con despachos de abogados fuera, de por sí, un acto de justicia. No lo es. Una institución verdaderamente humanista no puede ser neutral frente a esa desigualdad: tiene que tomar partido, ponerse del lado de la gente y de la propiedad social, porque solo así se equilibra una relación de poder que nunca fue pareja desde el principio.

Ahí es donde, para Margaritas, apareció en el mapa la Procuraduría Agraria. En pleno frenesí por la certificación agraria nacional, cuando tantos núcleos agrarios cedieron ante la presión de fragmentar y vender sus tierras de uso común, los ejidatarios de Margaritas hicieron algo distinto: en asamblea, decidieron garantizar el libre paso por su territorio para que el pueblo wixárika pudiera seguir llegando al Cerro del Quemado, uno de sus sitios más sagrados. Fue una decisión tomada años antes de que existiera cualquier plan de manejo oficial para proteger Wirikuta —una comunidad campesina reconociendo, por decisión propia, el derecho de otro pueblo a su territorio espiritual. Y cuando después llegaron intentos de romper ese acuerdo, de parcelar lo que debía permanecer como uso común, de levantar cercas donde debía haber paso libre, ahí estuvo la Procuraduría Agraria: primero deteniendo en el papel cualquier cambio de destino de esas tierras, más tarde acompañando —junto con otras instancias federales— una acción histórica de la que ya hablaremos con calma en otra entrega de esta columna, porque merece su propio espacio.

Lo que Margaritas necesitaba no era solamente una autoridad que resolviera trámites. Necesitaba una institución consciente de que su función es equilibrar esa desigualdad —entre la comunidad campesina y la industria que codicia su tierra, entre el ejidatario sin recursos legales y el despacho que sí los tiene. Cuando esa institución concilia un conflicto, no está desahogando un expediente: está restituyendo a alguien su condición de sujeto con derechos. Cuando defiende un patrimonio ejidal frente a un intento de despojo, está afirmando, con hechos, que esa comunidad y ese territorio importan.

Aquí está la pieza que hoy toca revelar: ningún principio agrario —ni la memoria, ni el sujeto en el centro, ni la tierra como condición de lo humano, ni la comunidad como forma superior de organización— puede sostenerse sin instituciones capaces de acompañarlo con vocación humanista. La ley por sí sola no protege a nadie; la protege quien la aplica con la convicción de que del otro lado no hay un expediente, sino una persona. Margaritas lo entendió antes que muchos: que un ejido pequeño, sin poder económico ni político, puede sostenerse en pie si encuentra, aunque sea una vez, una institución dispuesta a estar de su lado.