Por Ernesto Ángeles .
https://www.sprinforma.mx/noticia/derechos-humanos-o-golpe-suave-el-caso-berkeley-contra-amlo
6 min La semana pasada el liberalismo globalista volvió a usar una causa legítima para tergiversarla y golpear políticamente, en su usual instrumentalización de la democracia, los derechos humanos o la libertad para lograr fines políticos; en este caso los ejecutores fueron el Centro de Derechos Humanos (HRC) de la universidad estadounidense Berkeley, liderados por la académica Lindsay Freeman.
El país elegido por el HRC fue México y el objetivo el sexenio del expresidente López Obrador, para ello se usó el caso de la violencia en México y el peligro que sufrió el periodismo en el país durante su sexenio.
La metodología usada consistió "en conciliar los recuentos existentes y verificar los incidentes registrados” de 78 periodistas y 259 defensores de los derechos humanos que fueron asesinados durante el sexenio del expresidente López Obrador, con un total de 337 víctimas.
El estudio encontró pruebas que “muestran un patrón que podría describirse como un ataque generalizado o sistemático contra la población civil según el Estatuto de Roma” específicamente el artículo 7, bajo la figura de persecución. De acuerdo con la investigación, las evidencias arrojan pruebas de cinco áreas en las cuales se afectó a periodistas y activistas: estigmatización presidencial, acoso digital, vigilancia mediante spyware, procesos judiciales contra críticos y asesinatos/desapariciones.
El objetivo de la investigación en un principio era el aporte de pruebas para una eventual denuncia de López Obrador ante la Corte Penal Internacional usando una nueva metodología (propuesta por Lindsay), en donde las herramientas y pruebas digitales de fuentes abiertas son primordiales; sin embargo, dado que el gobierno de su país, Estados Unidos, no forma parte, no reconoce y está en contra de personal de la propia Corte Penal, Lindsay Freeman y su equipo tuvieron que conformarse con lanzar una plataforma digital con toda la evidencia recopilada.
Y tal como lo escribí en el primer párrafo, en este caso hay elementos para pensar que el caso se trata de la instrumentalización de la tragedia para golpear políticamente.
El primer elemento es la metodología de la investigación, la cual usó una serie de fuentes de código abierto y que, por lo tanto, son susceptibles a tener sesgos o abiertas mentiras. Entre las fuentes usadas por Lindsay y su equipo se encuentran: organismos intergubernamentales, institucionales de México, de gobiernos y agencias extranjeras; así como con ONG nacionales (con el aparato de Claudio X y el gobierno de EUA incluidos), los medios mexicanos e internacionales (y sus intereses políticos de por medio), las redes sociales (con todo y sus bots, troles, Cerimedos y demás), así como seis terabytes de información de nada menos que el grupo hacktivista Guacamaya Leaks, abierto opositor al gobierno y participante en diversas operaciones de desinformación.
Esto lleva a preguntar ¿Qué fuentes originales alimentan la base? ¿Cómo determinaron que la muerte estaba relacionada con esa actividad? ¿Cuántos casos fueron descartados? ¿Cómo resolvieron casos en los que la profesión/actividad de la víctima era ambigua? ¿Cómo distinguieron asesinato por motivos profesionales de violencia criminal ordinaria? ¿Cómo se asoció el crimen con el expresidente López Obrador?
Esto se suma a los cinco elementos que el grupo ligó como pruebas para una posible persecución como crimen contra la humanidad, ya que el argumento jurídico depende de la conexión entre estos cinco componentes: acoso digital; vigilancia mediante spyware; procesos judiciales contra críticos y asesinatos/desapariciones
El hilo conductor de los elementos es la responsabilidad del Estado y del expresidente porque sucedió en su sexenio, pero en ningún lugar se prueba que hubiera asesinatos de Estado o una causalidad directa, sino inferencias de una realidad que muestra más un país víctima de la violencia y de gobiernos locales criminales, a un gobierno y un Estado como criminal, tal como también el trumpismo quiere pintar a México, pero desde el narcotráfico.
Por ejemplo, Lindsay utiliza el asesinato de Fredid Román como uno de los ejemplos más fuertes de conexión entre vigilancia digital, discurso político y violencia física. La secuencia que presenta es: Román publica una columna crítica al gobierno del expresidente López Obrador, su teléfono es atacado mediante un exploit y es asesinado al día siguiente. Freeman utiliza el caso como ejemplo de cómo los distintos instrumentos pueden converger en una campaña de persecución.
Pero hay que separar: Hecho A Que haya evidencia de vigilancia. Hecho B Que Román haya sido asesinado. Hecho C Que haya existido una relación temporal. Hecho D Que el asesinato haya sido ordenado por actores estatales. Hecho E Que forme parte de una política estatal de persecución.
Y Freeman reconoce parcialmente este problema: ella misma dice que no afirma que un funcionario haya ordenado cada acto individualmente. Su tesis es que los actos pueden analizarse como componentes de una misma campaña.
El mismo error en conclusiones apresuradas, descontextualización y problematización sucede a nivel discursivo, ya que hasta el propio expresidente López Obrador pintaba una línea clara entre el periodismo corporativo y el periodismo local; ya ni se diga de los poderes e intereses políticos de los medios masivos que todo mexicano conoce bastante bien. Por lo que:
Por lo que, podría pensarse que, en realidad, la plataforma es el armado digital de una serie de eventos y situaciones, en donde el grupo interpretó causalidad como correlación y, por tanto, creyeron “útil” penalmente a nivel internacional el lanzar esas pruebas al mundo en forma de “plataforma”.
Berkeley no ha demostrado que exista un crimen contra la humanidad; ha construido una argumentación y un archivo digital que, según sus autores, justifican que una fiscalía internacional investigue si ese crimen existe; casi como el reportaje de Tim Golden en el New York Times, en donde ponen el escenario, la narrativa, las ideas de una colusión del gobierno del expresidente AMLO con el narcotráfico, pero ninguna prueba. Creando en el proceso narrativas útiles para la oposición nacional y la intromisión internacional, eso sí.
Prácticamente, construyeron un ecosistema de pruebas digitales basados en una hipótesis que ni siquiera la autora principal puede sostener, por lo que la plataforma es una idea para que actores interesados hagan con ella lo que les parezca conveniente.
Esto nos lleva a un segundo nivel del análisis, la propia Lindsay Freeman, cuyo currículo parte de trabajar para Google y luego se desenvolvió en instituciones de derechos humanos y universidades. Resulta interesante el trabajo de Freeman, ya que de entre los países de interés en los últimos años están Ucrania y México, pero no Israel o Arabia, por ejemplo.
No digamos de preguntas como ¿por qué no habla de los bípers que usó Israel para explotarles a civiles, la IA usada para seleccionar objetivos civiles para bombardear, la censura digital a las voces pro-Palestina o el régimen de segregación tecnológica probado y exportado por Israel?
Lo mismo se repite con en HRC, cuyos últimos proyectos incluyen México, Mali, Irán y Ucrania, pero ni una palabra de Palestina, Sudán o Yemen[1]. Y más allá que este argumento pueda pensarse como “whataboutismo”, el caso de Israel, su genocidio, desprecio, odio y violación a los derechos humanos también ha afectado profundamente a la actividad periodística con asesinatos directos, por lo que cabría preguntarse si hay algún interés político de por medio en no inverstigar.
Y dado que más allá de México, el objetivo de Freeman y Berkeley es promover un estándar internacional para investigar digitalmente lo que consideren como crímenes, surgen preguntas como ¿Quién tiene hoy la capacidad tecnológica, jurídica e institucional para convertir millones de rastros digitales en una narrativa susceptible de convertirse en una acusación internacional contra un gobierno soberano?
El riesgo es la posibilidad de que surja una infraestructura transnacional privada-académica capaz de producir evidencia y orientar la atención de instituciones judiciales internacionales con interpretaciones a modo.
Por último y no menos importante, está el tema de intereses externos de financiamiento e inversión, donde se asoman Open Society, el Atlantic Council y otros actores que forman parte del injerencismo suave estadounidense que financian a Berkeley al HRC.
No se trata de negar que en México se asesina a periodistas y defensores. Se trata de exigir que la denuncia de ese horror no se convierta en una mercancía geopolítica. La plataforma de Berkeley no prueba que AMLO ordenara una persecución; prueba, en todo caso que, con suficientes datos abiertos, sesgos y una hipótesis generosa, se puede armar una narrativa con apariencia de caso internacional.
Ese es el verdadero peligro: la creación de una infraestructura académico-digital capaz de transformar correlaciones en acusaciones, silencios en complicidad y selectividad en justicia. Mientras esa infraestructura mire a México, Ucrania o Irán pero aparte la vista de Gaza, Sudán o Yemen, no estaremos ante derechos humanos universales, sino ante una política exterior con buenos modales. Defender a las víctimas es no usar su dolor como munición. Y defender la soberanía es exigir pruebas, contexto y debido proceso, no sólo titulares.
¿Dónde termina la evidencia y comienza la narrativa? La investigación de Berkeley sobre el sexenio de AMLO presenta causalidades como correlaciones: una lectura de instrumentalización de la tragedia.
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