Uno de los rasgos centrales del modelo trumpiano de poder es el desdibujamiento de la frontera entre lo público y lo privado. Los intereses económicos del presidente y de su entorno penetran en la esfera pública, mientras las facultades del Estado pueden convertirse en instrumentos capaces de favorecer intereses particulares.
La política migratoria no escapa a esa lógica. Además de estar sostenida por un discurso profundamente racista, xenófobo y supremacista, la ofensiva contra las personas migrantes ha construido también un negocio multimillonario alrededor de la detención.
En julio de 2025, el Congreso puso a disposición de ICE 45 mil millones de dólares adicionales para ampliar su capacidad de detención hasta 2029. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la población bajo custodia de la agencia aumentó 71 por ciento: pasó de 39 mil 314 personas en enero de 2025 a más de 67 mil en julio de 2026. En ese mismo periodo, las instalaciones autorizadas para detener migrantes pasaron de 134 a 272.
Pero, ¿quién gana con esta expansión? Una investigación de The Washington Post, basada en documentos internos de ICE, reveló un plan para duplicar la capacidad de detención de alrededor de 50 mil a más de 100 mil camas. En esa hoja de ruta, GEO Group y CoreCivic, los dos gigantes de la detención privada en Estados Unidos aparecían con posibilidades de obtener más de 500 millones de dólares anuales cada una en nuevos contratos. Más de mil millones de dólares al año entre ambas.
Pero el circuito no termina en los contratos. Existe también una puerta giratoria entre el gobierno y las empresas que viven de esos contratos. David Venturella fue funcionario de ICE, después ejecutivo de GEO Group y, en 2025, regresó al Departamento de Seguridad Nacional. Matthew Albence recorrió el camino inverso: después de dirigir ICE terminó como vicepresidente sénior de GEO Group.
Mientras crece la infraestructura para detener, se reducen los recursos destinados a recibir, asistir e integrar. El 25 de septiembre, la Casa Blanca anunció la cancelación de 810 millones de dólares destinados a programas para refugiados, asilados y otras poblaciones, bajo el argumento de que se trataba de programas innecesarios. No se trata únicamente de endurecer la política migratoria. Se está reorganizando el gasto público alrededor de una concepción de la migración basada en la vigilancia, el encierro y la expulsión, y esa reorganización produce ganadores económicos muy concretos.
Contratos públicos, criptomonedas, negocios familiares, regulaciones, indultos y decisiones gubernamentales forman parte de un debate más amplio sobre la relación entre poder político y beneficio económico privado. En un ensayo publicado esta semana en Rolling Stone, el historiador Sean Wilentz recurre a Richard Nixon como contraste. Nixon utilizó el poder presidencial para perseguir fines políticos personales; con Trump, sostiene Wilentz, ese uso del poder se combina además con la posibilidad de obtener beneficios económicos privados a través de una red de empresas, inversionistas y actores cuyos intereses dependen de decisiones gubernamentales. Por eso describe el sistema no sólo como transaccional, sino como relacional: dinero, acceso, lealtad y poder gubernamental alimentándose entre sí.
Este comportamiento cleptocrático de Trump fue heredado a nivel familiar por su padre Fred Trump, quien entendió bien la importancia de mantener vínculos cercanos con la clase política neoyorquina que le permitió obtener contratos millonarios en el sector inmobiliario, así, como por parte de su mentor Roy Cohn, abogado y principal asesor de Joseph Mc Carthy, principal rostro del anticomunismo radical.
La percepción de corrupción alrededor de la figura de Trump ya empieza a reflejarse en el pulso social. La encuesta Reuters/Ipsos publicada el 21 de septiembre colocó la aprobación de Trump en apenas 32 por ciento. El desgaste ocurre, además, a pocas semanas de las elecciones legislativas. Las tres encuestas nacionales más recientes mostradas en la recopilación de The New York Times colocan a los demócratas por delante en el voto genérico al Congreso.
El estilo personal de gobernar de Trump trasciende la arena política. El empresario abusivo, marcado durante décadas por una voraz necesidad de reflectores y exposición mediática, trasladó esa lógica a la Presidencia: convirtió el poder del Estado en una herramienta para cooptar, corromper y favorecer intereses privados, incluidos los propios. En Trump, la búsqueda de notoriedad, poder y enriquecimiento no son dimensiones separadas, sino partes de una misma forma de ejercer el gobierno.