Élite tecnocrática con anclaje académico en el México de la “transición”

La alternancia política de 2000 abrió en México un periodo de reconfiguración institucional en el que, más allá del relevo partidista, se consolidó un tipo específico de élite “gobernante”; una élite tecnocrática con credenciales académicas, articulada a través de circuitos que conectaron universidades, aparato estatal, organismos internacionales, think tanks y medios de comunicación. 

Lejos de implicar una “toma del poder por académicos”, este importante proceso supuso la consolidación de un campo híbrido de expertise en el que el capital académico o las credenciales universitarias funcionaron, en unos casos  como fuente de legitimidad y, en otros, para la toma de decisiones públicas. De alguna manera, esta élite se insertó en un ecosistema que conjuntaba a una parte del sector académico, comunidades epistémicas, medios y la nueva (y no tan nueva) clase gobernante.

Esta élite se caracterizó por una doble condición. Por una parte, se compuso por individuos con formación académica sólida –frecuentemente economistas, politólogos o especialistas en políticas públicas formados fundamentalmente en el ITAM (aunque también en la universidad nacional y centros públicos de investigación) así como en universidades extranjeras como Harvard, Chicago o Yale. Por otra parte, su inserción en el aparato estatal no se produjo, ciertamente, en calidad de intelectuales críticos, sino como expertos operativos calificados, tecnocrátas algunos, orientados al diseño, implementación y evaluación de políticas y casi siempre bajo marcos “analíticos” estandarizados.

Durante los gobiernos de la denominada transición, esta configuración se tradujo en una consolidación de la gestión pública tecnocrática, particularmente visible en áreas como la política económica, la salud, la energía y la política social.

En todos los casos, el mapa de trayectorias —y sus patrones de circulación— transitaba entre la academia, los think tanks, las secretarías y subsecretarías, así como jefaturas de asesores, vocerías y oficinas de coordinación estratégica, espacios que fueron ocupados por perfiles con alta especialización técnica, capaces de movilizar lenguajes de eficiencia, evaluación, indicadores y benchmarking, pero también de articular las directrices de determinadas comunidades epistémicas que comparten creencias, valores, métodos de investigación y objetivos políticos orientados a influir en las políticas públicas. En este sentido, la política pública se estructuró crecientemente, por ejemplo, como un espacio de traducción de marcos globales, en el que las agendas de organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, así como las mejores prácticas comparadas, se incorporaron como referencias centrales.

Es decir, la influencia de esta élite no se limitó a los cargos formales. Su densidad y capacidad de incidencia radicó y sigue radicando en su carácter relacional y transinstitucional. Si bien, con una nueva alternancia en 2018 esta clase se vió trastocada, muchos de sus integrantes continuan transitando entre la academia, los medios de comunicación corporativos, think tanks transnacionales y organismos internacionales, produciendo un flujo continuo de ideas, instrumentos y legitimidades. En este núcleo se insertaron las comunidades epistémicas internacionales que contribuyeron a definir problemas, encuadrar soluciones y establecer criterios de validez técnica. Think tanks o instituciones académicas operaron como nodos clave en esta producción de conocimiento aplicado.

Asimismo, los medios de comunicación –y en particular ciertas figuras con formación académica que se posicionaron con la etiqueta de periodistas– desempeñaron un papel relevante en la validación pública de este paradigma tecnocrático, contribuyendo a instalar una narrativa en la que la competencia técnica, la evidencia empírica y la racionalidad se presentan como fundamentos incuestionables de la acción estatal.

De tal manera que este denso grupo incluyó a académicos que no ocupaban cargos en los gabinetes, pero que tenían gran proximidad al presidente y, por lo tanto, ejercían cierta influencia en el diseño estratégico y las decisiones de alto nivel. En segundo lugar, había académicos integrados en el gabinete o eran representantes en organismos internacionales y tenían injerencia más directa en el devenir de la acción pública. Los tecnócratas-académicos encontraron buen hogar en secretarías como las de hacienda y energía o en el banco central. Finalmente, los voceros y comunicadores, con influencia tambien indirecta en política, pero que ocuparon una parte cardinal en la base ideológica y discursiva de todo el grupo.

En conjunto, lo que emergió no fue simplemente una élite, sino un ecosistema de expertise y lenguaje que reconfiguró la relación entre conocimiento y poder. Este ecosistema cumpliría al menos tres funciones centrales: (i) traducir y adaptar agendas globales al contexto nacional, (ii) producir instrumentos de política, indicadores, reformas y evaluaciones que estructuraran la acción estatal, y (iii) legitimar decisiones mediante el recurso de la autoridad técnica.

La relevancia de la élite tecnocrática es que la centralidad del expertise puede contribuir a despolitizar decisiones profundamente normativas, desplazando el debate público hacia criterios y evidencia que no siempre capturan dimensiones distributivas o de justicia social. Asimismo, la concentración de estos perfiles en determinadas instituciones educativas y redes profesionales sugiere la existencia de mecanismos de reproducción elitista, que limitan la pluralidad de perspectivas.

Así, el periodo de la transición puede interpretarse como un momento de consolidación de una forma específica de gobernanza en México: una gobernanza tecnocrática anclada en credenciales académicas, que articula conocimiento experto, circulación transnacional de ciertas ideas y ejercicio del poder estatal. Más que sustituir la política del viejo partido gobernante, esta forma de gobernanza la reconfiguró, redefiniendo quién poseía autoridad para decidir, bajo qué lenguajes y con qué criterios de legitimidad.

Identificar la configuración y el funcionamiento de estos ecosistemas permite comprender quiénes diseñan, implementan, comunican y validan las políticas públicas, también bajo qué marcos cognitivos, lenguajes y criterios de validez se definen los problemas y sus soluciones. Visibiliza los mecanismos de circulación de ideas y de legitimación –en este caso técnica– que, al privilegiar ciertos enfoques, pueden contribuir a despolitizar decisiones con implicaciones distributivas y normativas profundas. 

Finalmente, también en el caso que se discute, permite problematizar la concentración de estos perfiles en redes institucionales específicas y sus efectos sobre la pluralidad de perspectivas en la acción estatal, así como sobre la relación entre conocimiento experto, poder y democracia en contextos de transición política, incluyendo su papel en la esfera pública, donde a través de medios de comunicación y espacios de opinión se pueden construir consensos y delimitar los términos del debate público.