Toda generación llega, en algún momento, a ocupar los espacios que hacen funcionar a una sociedad. Llega a los gobiernos, a los medios de comunicación, a las empresas y a las instituciones donde se toman decisiones. Durante algunos años tiene en sus manos el rumbo de un país y, con ello, una responsabilidad fundamental: ¿qué condiciones de vida estamos dejando a quienes vienen detrás?
Las movilizaciones que recorren distintas partes del mundo obligan a recuperar esa pregunta. En Europa, Asia y América Latina, miles de personas —con un fuerte protagonismo de estudiantes y jóvenes— han salido a las calles por el costo de vida, la educación, la vivienda, el empleo, contra la corrupción, los derechos y el funcionamiento de sus instituciones. Las causas son diferentes, pero detrás de muchas aparece una preocupación muy similar: qué posibilidades tendrán las nuevas generaciones para construir su futuro.
La dimensión de esta ola comienza a ser difícil de ignorar. Un recuento en base a estimaciones y datos oficiales nos dicen que en las movilizaciones registradas entre el 1 y el 18 de octubre en 19 países arroja alrededor de 3.1 millones de manifestantes alrededor del mundo. El cálculo incluye protestas en Francia, España, Estados Unidos, Brasil, Italia, Argentina, Colombia, India, Portugal, Bélgica, Albania, México, Chile, Austria, Alemania, Irlanda, Ecuador, Grecia y Perú.
Pero detrás de las cifras importa observar quiénes están empujando muchas de estas movilizaciones. En Francia, las protestas comenzaron entre estudiantes de bachillerato que exigían mejores condiciones educativas y terminaron reuniendo a cientos de miles de personas; sólo la jornada del 17 de octubre congregó entre 550 mil y 800 mil manifestantes. En Bélgica, las protestas han sido impulsadas principalmente por estudiantes; en Albania, decenas de miles de jóvenes han salido contra la corrupción, los costos educativos y la falta de oportunidades; mientras que en Italia estudiantes tomaron las calles reclamando más recursos para las escuelas y menos gasto militar.
La misma inquietud adopta otras formas. En Portugal, jóvenes han acampado en Lisboa para exigir viviendas asequibles, siguiendo movilizaciones similares en España. En India, un movimiento encabezado por jóvenes cuestiona la revisión del padrón electoral y reclama empleo, educación y participación democrática. En Brasil, miles de estudiantes han vuelto a ocupar las calles en defensa de la educación pública y de las instituciones democráticas. Incluso en Irlanda, miles de universitarios marcharon este mes bajo una consigna que resume buena parte de este malestar generacional: “Fund Our Future”, financien nuestro futuro.
Esta semana se sumaron también nuevas movilizaciones en Colombia, Italia, Albania y México. En Guadalajara, miles de personas protestaron por el acceso a agua limpia y contra la actuación policial de jornadas anteriores; en Colombia, estudiantes universitarios participaron junto con sindicatos, docentes, comunidades indígenas y otros sectores en el primer gran paro contra el gobierno de la derecha. No todas estas protestas son exclusivamente juveniles, pero muestran algo importante: los jóvenes forman parte de una inconformidad social mucho más amplia sobre las condiciones materiales, los derechos y las prioridades de los gobiernos.
Aquí aparece una de las contradicciones de nuestro tiempo. Durante décadas se ha planteado que estudiar, trabajar y esforzarse son caminos para alcanzar mejores condiciones de vida. Sin embargo, para millones de jóvenes, cumplir con esas expectativas no necesariamente significa poder acceder a una vivienda, alcanzar estabilidad económica, conseguir un empleo digno o construir un patrimonio. El progreso acumulado por una sociedad no garantiza, por sí mismo, que las nuevas generaciones puedan acceder a sus beneficios.
Por eso vale la pena hablar de una deuda con el futuro. No se trata de responsabilizar a todas las personas de una generación por los problemas actuales, sino de cuestionar las decisiones de quienes han tenido el poder de transformar nuestras sociedades. Cada presupuesto, cada reforma educativa, cada política de vivienda y cada decisión sobre empleo, servicios públicos o medio ambiente establece condiciones que pueden durar décadas. Gobernar implica resolver los problemas del presente, pero también hacerse responsable de las posibilidades que tendrán quienes vienen detrás.
Y volvamos entonces a la pregunta inicial: ¿realmente estamos dejando mejores condiciones de vida a quienes vienen después? ¿Los jóvenes debemos conformarnos con las condiciones que estamos recibiendo? No hace falta buscar demasiado lejos para encontrar parte de la respuesta. Basta observar las calles de París, Madrid, Tirana, Lisboa, Guadalajara, Delhi o Río de Janeiro. Tal vez las demandas sean diferentes, pero millones de asistencias a movilizaciones en apenas unas semanas nos recuerdan algo fundamental: una generación está preguntando qué futuro está recibiendo y, sobre todo, qué posibilidades reales tendrá de vivirlo dignamente.