La izquierda no puede renunciar a la rebeldía

La derecha latinoamericana comprendió algo que una parte de la izquierda parece haber olvidado: el descontento social es una fuerza política capaz de transformar gobiernos. Se apropió de la inconformidad, la encabezó y la convirtió en una promesa de orden, seguridad, estabilidad económica, combate a la corrupción y reducción del aparato estatal. Consiguió presentarse como una alternativa antisistema, como una fuerza rebelde dispuesta a enfrentar los privilegios de quienes gobiernan, aunque buena parte de sus propuestas económicas favorezcan precisamente a quienes históricamente han concentrado la riqueza y el poder.

Este discurso ha venido acompañado, en sus expresiones más radicales, de una ofensiva contra derechos conquistados durante décadas de lucha social organizada. Bajo la defensa de supuestos valores tradicionales se cuestionan los derechos de las comunidades LGBTIQ+, los derechos reproductivos de las mujeres, las políticas de igualdad, el reconocimiento de los pueblos indígenas, sus lenguas, territorios y recursos naturales, así como el acceso universal a la educación pública, laica y gratuita. También se alimenta el rechazo contra las personas migrantes, incluso contra quienes abandonan sus países para escapar de la violencia, la persecución, la guerra o el hambre.

Se invoca el regreso a un pasado virtuoso, a una sociedad de orden y prosperidad que, en realidad, nunca existió para las mayorías. Se romantizan las tradiciones mientras se pretende ocultar que buena parte de aquellas sociedades se construyeron sobre la exclusión, la desigualdad y la concentración de los privilegios.

Los datos son contundentes. De acuerdo con el Informe sobre la Desigualdad Mundial 2026, el uno por ciento más rico de América Latina concentra alrededor del 37 por ciento de la riqueza regional. En México, el diez por ciento más rico posee aproximadamente el 71 por ciento de la riqueza nacional y recibe cerca del 59 por ciento de los ingresos totales. Por su parte, el uno por ciento más rico concentra alrededor del 38 por ciento de la riqueza del país.

Esta desigualdad no es producto de la casualidad. Responde a estructuras económicas que durante décadas han permitido la concentración de los medios de producción, el predominio de grandes grupos empresariales, la precarización del trabajo, los bajos salarios, las prácticas monopólicas y el acaparamiento de mercados y canales de distribución. Durante años, incluso se promovió la ilusión de prosperidad mediante el consumo y el endeudamiento, confundiendo el acceso al crédito con una verdadera movilidad social.

Sin embargo, la derecha ha conseguido que importantes sectores de la población identifiquen como responsables de sus problemas no necesariamente a quienes concentran la riqueza, sino a los gobiernos, las instituciones públicas, las personas migrantes y, en ocasiones, a los propios grupos sociales que luchan por sus derechos.

Ahí radica uno de sus mayores éxitos políticos: transformar la indignación contra la desigualdad en una demanda de autoridad, disciplina y restricciones al Estado social. La promesa de libertad económica convive con propuestas de mayor control social; la reducción de la intervención estatal en la economía se acompaña de la exigencia de ampliar su capacidad coercitiva.

No obstante, sería un error explicar sus triunfos electorales únicamente mediante el engaño. La inseguridad, la corrupción, la inflación, la precariedad y el hartazgo frente a gobiernos incapaces de resolver problemas cotidianos son preocupaciones legítimas. La derecha ha sabido ofrecer respuestas simples y contundentes, aunque no siempre sean eficaces ni respetuosas de los derechos humanos. La izquierda, por su parte, no puede permitir que la seguridad, la tranquilidad de las familias y el derecho a vivir sin miedo se conviertan en reivindicaciones exclusivamente conservadoras.

La transformación del escenario político latinoamericano es evidente. Argentina, con Javier Milei; El Salvador, con Nayib Bukele; Ecuador, con Daniel Noboa; Paraguay, con Santiago Peña; Panamá, con José Raúl Mulino; Bolivia, con Rodrigo Paz; Chile, con José Antonio Kast; Costa Rica, con Laura Fernández; Honduras, con Nasry Asfura, y Perú, con Keiko Fujimori, muestran el fortalecimiento de distintas expresiones de derecha y centroderecha en la región.

No se trata de proyectos idénticos. Existen diferencias relevantes entre sus propuestas económicas, sus posiciones institucionales y sus concepciones del Estado. Sin embargo, buena parte de estos liderazgos ha encontrado en las demandas de seguridad, orden, eficiencia gubernamental y ruptura con las élites políticas tradicionales una poderosa herramienta de legitimación electoral.

En algunos casos, además, la defensa del orden se convierte en una justificación para restringir libertades, descalificar la protesta social y debilitar los mecanismos de control democrático. Se presenta a los movimientos sociales como amenazas a la estabilidad, mientras se reivindica el ejercicio de la fuerza estatal como respuesta privilegiada a los conflictos.

El derecho a la protesta se somete entonces a una contradicción: quienes llegaron al poder denunciando a las instituciones pretenden deslegitimar a quienes las cuestionan desde las calles. El ejercicio legítimo de la autoridad no puede convertirse en una patente para criminalizar la inconformidad, como tampoco la protesta puede justificar cualquier forma de violencia.

La derecha latinoamericana no solamente se radicalizó en determinadas expresiones políticas: consiguió apropiarse del lenguaje de la rebeldía, de la inconformidad y de la ruptura con el pasado. Nos está disputando las palabras con las que históricamente construimos nuestras luchas.

Y mientras eso ocurría, una parte de la izquierda, al conquistar los gobiernos, comenzó a moderar su discurso, a privilegiar la administración sobre la movilización y a confundir el ejercicio del poder con la realización de su proyecto histórico.

Ese es uno de los mayores peligros para los movimientos progresistas.

Ganar el gobierno no significa haber transformado las relaciones de poder que producen la desigualdad. Obtener mayorías legislativas tampoco garantiza haber modificado las estructuras económicas, sociales y culturales que sostienen los privilegios. Gobernar es indispensable para transformar, pero administrar no puede convertirse en el horizonte final de una fuerza política que nació para cambiar la sociedad.

México y Brasil constituyen ejemplos importantes de los resultados que pueden alcanzar los gobiernos progresistas mediante políticas sociales, recuperación salarial y mecanismos de redistribución. En México, entre 2018 y 2024, alrededor de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional. En Brasil, solamente entre 2022 y 2023, 8.7 millones de personas superaron la línea de pobreza utilizada por su instituto nacional de estadística.

Estos avances demuestran que la política pública puede modificar las condiciones materiales de vida de millones de personas. Pero también plantean un desafío: el mejoramiento económico no produce automáticamente una identificación política permanente.

Quienes ascienden socialmente construyen nuevas aspiraciones, nuevas demandas y nuevas expectativas. No necesariamente votarán siempre por quienes impulsaron las políticas que contribuyeron a mejorar sus condiciones de vida. La izquierda no puede esperar gratitud electoral indefinida; debe renovar continuamente sus vínculos con la sociedad, responder a las nuevas necesidades y mantener vigente su proyecto de transformación.

Por eso, la izquierda no puede renunciar a su carácter rebelde ni olvidar que nació de las luchas sociales, de la organización popular, de las movilizaciones y de la inconformidad frente a la injusticia.

Pero radicalizar a la izquierda no significa adoptar prácticas autoritarias ni sustituir la razón política por la confrontación permanente. Significa regresar a la raíz de nuestros compromisos: combatir la desigualdad, ampliar los derechos, democratizar el poder económico, enfrentar los privilegios, fortalecer la participación popular y defender las libertades democráticas.

Significa comprender que la transformación no termina cuando se gana una elección.

En México, Morena conquistó la Presidencia y construyó una mayoría política sin precedentes recientes, respaldada por millones de mexicanas y mexicanos que encontraron en la Cuarta Transformación una esperanza de justicia, bienestar y recuperación de la dignidad popular.

Ese respaldo constituye una enorme responsabilidad histórica.

Hoy, la oposición mexicana enfrenta dificultades para construir un proyecto alternativo capaz de articular las demandas sociales. Buena parte de su discurso continúa definido por su rechazo a Morena y no por una propuesta coherente de nación. Sin embargo, sería un error estratégico suponer que esa debilidad será permanente.

La experiencia latinoamericana demuestra que las fuerzas conservadoras pueden reorganizarse, recuperar espacios y convertirse en representantes del descontento cuando los movimientos gobernantes dejan de responder a las expectativas de la sociedad.

El mayor peligro para Morena no radica únicamente en la capacidad de organización de sus adversarios, sino también en la posibilidad de que sus propias contradicciones terminen proporcionando las razones para que esos adversarios crezcan.

No podemos permitir que la corrupción encuentre refugio en nuestras filas. No podemos justificar el dispendio, los privilegios, el oportunismo político ni la reproducción de las prácticas que durante décadas denunciamos. Tampoco podemos sustituir la participación democrática por decisiones cupulares, ni pretender que la disciplina partidista implique renunciar a la crítica.

La unidad de un movimiento no se construye mediante el silencio, sino mediante la congruencia entre sus principios, sus decisiones y sus acciones.

La transformación necesita gobiernos eficaces, pero también una sociedad organizada, crítica y participativa. Necesita instituciones sólidas, pero no puede abandonar las calles. Requiere responsabilidad en el ejercicio del poder, pero no puede perder la capacidad de indignarse frente a la injusticia, incluso cuando esta provenga de quienes se dicen parte del mismo proyecto.

No podemos permitir que la derecha monopolice la inconformidad, la esperanza de cambio o la exigencia de libertad. Mucho menos que consiga presentarse como defensora de los sectores populares mientras impulsa políticas que pueden profundizar las desigualdades o debilitar derechos sociales.

La izquierda debe seguir siendo una fuerza de transformación, no convertirse en una estructura dedicada exclusivamente a conservar posiciones de poder.

No podemos dejar de ser rebeldes. No podemos abandonar las banderas que nos llevaron a las calles y posteriormente a las urnas. No podemos perder la cercanía con quienes han sostenido históricamente nuestras luchas ni permitir que los intereses personales terminen desplazando los compromisos colectivos.

La derecha ha demostrado que puede aprender de sus derrotas, reconstruir su discurso y regresar al poder. La izquierda debe comprender que ninguna victoria electoral representa un triunfo definitivo sobre las estructuras que pretende transformar.

Porque la derecha no necesariamente se fortalece cuando la izquierda pierde una elección. Muchas veces comienza a fortalecerse cuando la izquierda pierde su identidad.

Y no podemos olvidar que, en política, como en la historia, las victorias y las derrotas nunca son para siempre.