Las aulas como campo de batalla: Estado, plataformas y la disputa por la infancia digital

Durante años, las empresas de redes sociales se han beneficiado de que se les asocie con valores que poco o nada tienen que ver con lo que venden. Ya sea por estrategia de marketing o como jugada política de los países de donde provienen, estas compañías han logrado que se les vincule con la libertad de expresión, la mejora educativa o el progreso mismo, como si sus algoritmos e interfaces fueran las únicas habilitadoras de condiciones sociales conquistadas, en realidad, a través de siglos de lucha colectiva.

Sin embargo, tras casi dos décadas de existencia, no solo se ha demostrado la falsedad de esos valores asociados, sino que se ha confirmado que productos como Instagram, TikTok o X han afectado áreas tan diversas como la capacidad de atención, el discurso público y lo que hasta hace poco se consideraban verdades compartidas.

El impacto ha sido desproporcionado en infancias y adolescencias, que se encuentran en pleno proceso formativo cuando acceden a estas plataformas y se enfrentan a realidades sociales, juegos de poder y estrategias de manipulación que trascienden ampliamente el mundo digital. La discrecionalidad de estas empresas para definir sus propias normas, imponer esquemas de monetización y realizar experimentos humanos a escala masiva ha generado un círculo vicioso en el que tanto usuarios como instituciones son tratados como engranajes de un negocio que pone en el centro la extracción de datos y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial construidos, en buena medida, sobre trabajo y creaciones no remuneradas.

En infancias y adolescencias, esto se traduce en daños concretos: exposición a tendencias y comportamientos dañinos, deterioro de la atención y la memoria por el scroll infinito, participación involuntaria en campañas de desinformación y manipulación política, entre otros.

Estos efectos llegan inevitablemente a los salones de clase, por lo que la educación enfrenta hoy tres tensiones derivadas de la tecnología: el impacto de las plataformas en la salud mental y cognitiva del alumnado —ansiedad, depresión, aislamiento, exposición a estándares inalcanzables—; la introducción de tecnología en los centros educativos, que encierra al profesorado en una paradoja entre entornos cada vez más vigilados y datificados y un alumnado cada vez más alejado de los supuestos del modelo educativo contemporáneo; y la desconexión entre ese modelo tradicional y las habilidades que exige y promueve el mercado tecnológico.

Este escenario ha llevado a que el costo político y social de seguir permitiendo que los daños se amplíen y trasladen a nuevas generaciones sea ya mayor que el de enfrentar a las empresas tecnológicas. Por eso países como Australia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Japón han explorado diversas formas de regular el acceso y uso de redes sociales por parte de menores, con enfoques que van desde la prohibición total hasta la educación digital, pasando por accesos con restricciones graduales.

La propuesta de la presidenta Sheinbaum y la Secretaría de Educación se inscribe en esta tendencia e intenta atender los dos primeros frentes del problema. A diferencia de las soluciones unilaterales de otros países, este gobierno ha optado por abrir un debate social sobre qué regular, cómo hacerlo, si basta con limitar el uso en lugar de prohibirlo, y qué resultados concretos se esperan de cualquier medida.

Ese es el enfoque más prometedor, porque regular una tecnología exige ir más allá de los riesgos asociados a su uso. Creer que el problema es únicamente cómo se usa una plataforma traslada la responsabilidad a los usuarios —en este caso, a infancias, adolescencias y familias— eximiendo a las empresas de cualquier rendición de cuentas. Con las redes sociales, como con cualquier tecnología, también importa cómo están construidas, qué intereses persiguen, quién se beneficia de su funcionamiento y qué valores promueven.

Esto significa que una regulación efectiva debe apuntar a la estructura misma de las plataformas: los algoritmos que definen qué se ve y qué no, los sistemas de incentivos diseñados para maximizar el tiempo de uso, el comercio de datos y publicidad, y la vigilancia como modelo de seguridad. Pero también debe atender el funcionamiento concreto: qué contenidos circulan, qué tipo de interacciones se promueven y qué lugar ocupan usuarios, empresas e instituciones dentro de estos ecosistemas. 

Por último, valdría la pena que quien llegó hasta estas líneas reflexionara sobre cuántas de las condiciones que hoy consideramos naturales en el entorno digital fueron diseñadas deliberadamente para generar dependencia, extraer datos y maximizar el tiempo de uso. No se trata de romantizar un pasado sin tecnología, sino de exigir que la tecnología que forma parte de la vida de millones de menores responda a criterios de interés público y no solo a los de sus accionistas, especialmente con el advenimiento de la inteligencia artificial y su omnipresencia.