En México queremos imaginar que Estados Unidos tiene un sistema político cuya alternancia entre partidos a veces nos beneficia y otras nos perjudica. Hemos construido una realidad dual en la que los malos se agrupan en el Partido Republicano y los buenos militan en el Partido Demócrata.
¿Cómo podría ser de otra manera si la democracia es buena por definición, pues representa el gobierno de las mayorías y la oposición a los privilegios de las élites políticas y económicas?
Nada más equivocado.
¿Qué celebran quienes, desde un micrófono, hablan de la derrota electoral de Donald Trump? ¿Acaso creen que el triunfo de los demócratas representa también una victoria para México?
Quienes ganan en Estados Unidos no necesariamente significan una victoria para nosotros.
Demócratas y republicanos disputan el control político de Estados Unidos a partir de sus intereses internos. Sin embargo, las grandes líneas de su política exterior mantienen continuidades que trascienden las diferencias partidistas. Creer que un cambio en la correlación de fuerzas del Congreso modificará sustancialmente la relación con México sería, cuando menos, ingenuo.
Es posible que las nuevas mayorías demócratas intenten acotar algunas decisiones de Trump, particularmente aquellas que repercuten en la economía, el equilibrio institucional y la estabilidad política estadounidense. Pero ambos partidos coinciden en reconocer dos asuntos estratégicos para sus intereses nacionales: la relación con China y la relación con México.
En el caso mexicano, el narcotráfico, particularmente la producción y el tráfico de fentanilo, se ha convertido en uno de los principales instrumentos de presión política de Washington. Las investigaciones y denuncias sobre los llamados narcopolíticos, la corrupción y los costos sociales de las drogas constituyen elementos de una agenda que Estados Unidos utiliza también para exigir mayores compromisos de seguridad a nuestro país.
Pero sería un error interpretar la llamada guerra contra las drogas únicamente como una política encaminada a erradicar su producción, distribución y consumo. Históricamente, también ha funcionado como un mecanismo de control social, con consecuencias particularmente severas para las comunidades afroamericanas y latinas de menores ingresos.
Las desigualdades raciales en la aplicación de las leyes antidrogas, las políticas de encarcelamiento masivo y la asociación de determinados grupos sociales con la delincuencia permiten comprender que esta guerra ha tenido objetivos, instrumentos y consecuencias que van mucho más allá de la salud pública. La historia de la legislación estadounidense muestra cómo el miedo social, los prejuicios raciales y los intereses políticos han intervenido en la construcción de sus políticas de seguridad.
Por otra parte, Trump ha utilizado los aranceles como instrumento de presión económica sobre el mundo. Sin embargo, sus consecuencias también han repercutido en los bolsillos de los estadounidenses. A ello se suma la guerra con Irán, que provocó un incremento significativo en los precios de los combustibles y contribuyó al descontento electoral.
Las elecciones intermedias de noviembre de 2026 reflejaron, entre otros factores, ese malestar económico. Pero no podemos interpretar sus resultados como un rechazo uniforme a toda la política exterior estadounidense. Los electores respondieron a una combinación de preocupaciones internas y externas, entre las que destacaron el costo de la vida, la inflación y las decisiones de la administración Trump.
Y aquí surge una pregunta: ¿por qué tendríamos que suponer que los estadounidenses están dispuestos a renunciar a una política de poder que ha formado parte de la construcción histórica de su país?
Desde el siglo XIX, Estados Unidos ha buscado extender o mantener su influencia política, económica, militar y estratégica sobre otros países y territorios, llegando, en determinados momentos, a limitar su soberanía y su capacidad para decidir sobre sus propios asuntos.
Ejemplos sobran.
México no puede bajar la guardia ante el triunfo demócrata en las elecciones del Senado y la Cámara de Representantes. No podemos olvidar a Barack Obama, durante cuya administración se registraron más de tres millones de expulsiones migratorias formales, de acuerdo con las estadísticas correspondientes a los años fiscales de 2009 a 2016. Esa política le valió, en 2014, el calificativo crítico de Deportador en Jefe.
La historia demuestra que el intervencionismo estadounidense no es patrimonio exclusivo de los republicanos. Las invasiones a México durante los gobiernos demócratas de James K. Polk y Woodrow Wilson, así como otras intervenciones militares en América Latina, son suficientes para cuestionar la supuesta división entre un partido imperialista y otro respetuoso de la soberanía de los pueblos.
La soberanía mexicana seguirá enfrentando riesgos y presiones. Nuestro territorio, nuestra posición geográfica, nuestros recursos, nuestra economía y nuestra relación comercial han despertado históricamente el interés estratégico de los gobiernos estadounidenses, independientemente de su filiación partidista.
Nos gusta olvidar.
Nos hemos convertido en una sociedad profundamente influida por el consumo, la publicidad y la industria cultural estadounidense. En ocasiones, esa cercanía funciona como una cortina de humo que dificulta mirar críticamente nuestra historia compartida. Pero la memoria no puede faltarnos.
No se trata de destruir ni de desconocer nuestra importante relación cultural, social y económica, resultado de una convivencia histórica que ha construido vínculos profundos a ambos lados de una extensa frontera común. Tampoco se trata de negar que existen espacios de cooperación y beneficios mutuos.
Se trata de comprender que la cercanía no elimina las asimetrías de poder y que la cooperación no debe confundirse con subordinación.
México necesita mantener una relación constructiva con Estados Unidos, pero también una posición firme en la defensa de su soberanía, de sus instituciones y de su capacidad para decidir su propio destino.
No se trata de desconfiar de los pueblos, sino de comprender los intereses de los gobiernos. No se trata de romper la relación, sino de evitar que la esperanza en una alternancia partidista sustituya nuestra memoria histórica.
Porque las palabras siempre son importantes. Y llamar demócrata a un partido no convierte automáticamente sus decisiones en democráticas, ni garantiza que su política exterior respete la soberanía de otras naciones.