Por Víctor Suárez Carrera
https://www.sprinforma.mx/noticia/parte-i-treinta-anos-de-libre-comercio-como-se-debilito-la-soberania-alimentaria-de-mexico
6 min El próximo 1 de julio comenzará formalmente la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), uno de los procesos políticos, económicos y estratégicos más importantes para el país en las últimas décadas. La decisión que adopten los tres gobiernos definirá si el acuerdo comercial se mantiene sin modificaciones hasta 2042, si se renegocian algunos de sus capítulos o si se abre una revisión más profunda de las reglas que han definido el desarrollo económico de América del Norte durante más de treinta años.
Para México, esta discusión trasciende el ámbito comercial. Lo que está en juego es la posibilidad de recuperar una capacidad estratégica que el país fue perdiendo gradualmente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994: la soberanía alimentaria. En dicho proceso, Carlos Salinas de Gortari y la cúpula empresarial cedieron ante las pretensiones expansionistas del complejo agroindustrial estadounidense y su lógica de control hegemónico.
Durante tres décadas, la narrativa oficial sostuvo que la apertura comercial permitiría modernizar el campo mexicano, incrementar la productividad, generar prosperidad y convertir a México en una potencia agroexportadora. Sin embargo, el balance histórico obliga a revisar críticamente esa promesa. Las cifras muestran que, mientras algunos sectores exportadores resultaron beneficiados, el país incrementó su dependencia alimentaria, debilitó la producción nacional de granos básicos y profundizó las asimetrías estructurales con Estados Unidos.
La incorporación del sector agroalimentario mexicano al TLCAN no fue una decisión exenta de controversia. Diversas organizaciones campesinas, investigadores y especialistas advirtieron desde principios de los años noventa que México enfrentaría una competencia desigual frente a uno de los sistemas agrícolas más subsidiados y protegidos del mundo: el estadounidense. A pesar de ello, la liberalización avanzó bajo la premisa de que el mercado sería capaz de sustituir la rectoría del Estado y corregir las desigualdades estructurales del sector rural.
Treinta años después, los resultados muestran una realidad distinta.
Entre 1995 y 2025, las importaciones mexicanas de granos básicos —maíz, frijol, arroz y trigo— crecieron de 4.2 millones de toneladas a 27.2 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 647%. El valor de estas importaciones pasó de 700 millones de dólares a 6 mil 677 millones de dólares anuales, acumulando pagos superiores a 105 mil millones de dólares durante el periodo TLCAN-T-MEC.
La consecuencia más relevante de este proceso es la creciente dependencia alimentaria. En 1995, las importaciones representaban el 21% del consumo nacional aparente de granos básicos; para 2025, la dependencia alcanzó el 52%. Es decir, más de la mitad de los alimentos estratégicos consumidos en México provienen del exterior.
Este fenómeno no puede explicarse únicamente por la apertura comercial. También responde a la profunda asimetría existente entre México y Estados Unidos. Mientras el gobierno mexicano eliminó progresivamente instrumentos de regulación, protección y fomento productivo, Estados Unidos fortaleció un sistema de subsidios agrícolas que continúa siendo uno de los más robustos del planeta.
Tan solo para el ciclo agrícola 2025-2026, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos destinó aproximadamente 40 mil millones de dólares en subsidios para agricultores y ganaderos, además de anunciar un programa extraordinario por 12 mil millones de dólares adicionales para compensar pérdidas derivadas de conflictos comerciales y aumentos en los costos de producción.
La paradoja es evidente: mientras el discurso oficial promovía el libre mercado y la competencia abierta, los productores mexicanos tuvieron que competir contra un sistema agrícola altamente subsidiado y protegido. Estudios internacionales documentan que las exportaciones estadounidenses de productos agropecuarios han ingresado históricamente al mercado mexicano con precios entre 8% y 40% por debajo de sus costos reales de producción, práctica conocida como dumping agrícola o, en otros términos, una práctica comercial desleal.
Las consecuencias han sido particularmente severas para los productores de maíz blanco, el principal cultivo alimentario del país. Durante décadas, el precio nacional del maíz blanco para consumo humano fue alineado artificialmente con las cotizaciones internacionales del maíz amarillo estadounidense, destinado principalmente al consumo animal e industrial. Esta decisión provocó pérdidas estimadas en más de 5 mil millones de dólares para los productores mexicanos, mientras beneficiaba a grandes empresas comercializadoras y procesadoras.
La pérdida de rentabilidad impactó directamente la capacidad productiva nacional. Entre 1995 y 2025, México perdió alrededor de 2.5 millones de hectáreas destinadas a la producción de granos básicos, mientras que la producción nacional apenas pasó de 23.5 millones de toneladas a 28.1 millones, un crecimiento insuficiente frente a la expansión de las importaciones.
Tres décadas después, el balance obliga a formular una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿puede un país considerarse plenamente soberano cuando depende crecientemente de otros países para alimentar a su población?
La revisión del T-MEC abre una oportunidad histórica para replantear esta trayectoria. No se trata únicamente de discutir aranceles o cuotas comerciales, sino de definir si México está dispuesto a recuperar la capacidad de decidir sobre la producción, distribución y consumo de los alimentos que sustentan su soberanía nacional.
Asimismo, esta revisión debe servir para consolidar y profundizar las políticas públicas impulsadas por el Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación, iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Se trata de fortalecer una visión que reconoce y respalda a quienes producen los alimentos que consumimos, mediante programas que han sido elevados a rango constitucional, como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Bienpesca y Precios de Garantía.
Sobre esta base, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado el Programa Nacional de Soberanía Alimentaria, incorporando la estrategia Cosechando Soberanía; el fortalecimiento de Alimentación para el Bienestar y Leche para el Bienestar; la creación de la Productora de Semillas para el Bienestar (Prosebien); y programas específicos orientados a incrementar la producción nacional de maíz, frijol, arroz y leche. El objetivo es avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria, fortalecer la economía campesina y consolidar la soberanía alimentaria de México.
La revisión del T-MEC abre una oportunidad histórica para recuperar la capacidad de decidir sobre la producción, distribución y consumo de los alimentos que sustentan la soberanía alimentaria.
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