El cártel inmobiliario sí se toca 

El pasado 08 de diciembre, la Fiscalía General de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión en contra del ex delegado de Benito Juárez y actualmente diputado prófugo, Christian Von Roehrich, por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por un servidor público.

Junto con quien, escandalosamente, todavía presidiera la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México y coordinador de la bancada panista, hasta ser considerado prófugo de la justicia, también se ha implicado a otros ex funcionarios de Benito Juárez por participar de la corrupción inmobiliaria en dicha demarcación. 

Entre las atrocidades que señalan al cártel inmobiliario se encuentran el otorgamiento de permisos, construcción de departamentos y adquisición de predios de forma irregular con la participación de servidores públicos. No para ahí, sino que se ha tomado nota de prácticas de extorsión y desalojo violento de viviendas para beneficio de empresas constructoras y el más indignante, el desvío de fondos destinados a la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre de 2017.

La corrupción inmobiliaria no solamente ha operado en favor de empresas constructoras, sino que también ha servido para que funcionarios públicos se hagan con la propiedad de inmuebles en una ciudad donde la vivienda cada vez es menos asequible. 

Pero ¿de qué va el cártel inmobiliario? Pues bien, en la Ciudad de México, sobre todo durante la administración de Miguel Ángel Mancera, aunque operante al menos desde 2003, toda una red de desarrolladores inmobiliarios se dedicaron a construir edificaciones destinadas a vivienda burlando la normatividad sobre usos de suelo y topes máximos a la altura de las edificaciones bajo el Sistema de Transferencia de Potencialidades; tales irregularidades ha afectado al menos al 27% de las construcciones inmobiliarias en la Ciudad de México.

Los efectos nocivos del cártel inmobiliario no se limitan a la desobediencia de la normatividad, sino que impacta directamente en el bienestar de la población, atentando contra el derecho humano a la vivienda digna e incluso atentando contra la vida. Prueba de ello ha sido cómo la especulación en el mercado inmobiliario y el proceso de gentrificación ha precarizado la vida de los habitantes aledaños a las nuevas construcciones, e incluso les terminan desplazando debido a que la vida en las colonias intervenidas se encarece. Más terrorífico aún, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 muchas personas perdieron su hogar, incluso siendo nuevos, como el caso del complejo Residencial San José en la colonia Portales, el cual llevaba apenas nueve meses habitado antes de colapsar, donde dos personas perdieron la vida.   

El drama del inmueble ubicado en Zapata 56 no se limita al hecho de haberse perdido e patrimonio habitacional de los inquilinos que en menos de un año vieron perderse el fruto de su trabajo a causa de la negligencia y la corrupción, sino que además las víctimas mortales de esta edificación fueran personas de la clase trabajadora, dos mujeres dedicadas al servicio doméstico, personas que en función de la remuneración de sus labores difícilmente podrían adquirir un departamento de 2.5 millones de pesos, como los de su lugar de trabajo donde perdieron la vida. 

¿Cuántas de las construcciones que se hicieron bajo el mismo esquema que permitió construir el edificio que colapsó en la colonia Portales podrían resistir otro sismo como el del 19 de septiembre de 2017? Si la irregularidad es la pauta en toda la red que tejió el cártel inmobiliario que en Benito Juárez se valió de la dirección de jurídico y gobierno y de la dirección de obras y desarrollo urbano de la alcaldía para operar por encima de la ley, favoreciendo un crecimiento desmedido de construcciones inmobiliarias en detrimento de los habitantes de dicha región de la Ciudad de México. 

Pero los daños no se quedan solo en la alcaldía Benito Juárez, impactan en toda la ciudad, no solo por la expansión de los negocios inmobiliarios que amenazan a otras demarcaciones, sino que sus efectos en el encarecimiento de los servicios y el desplazamiento, así como la especulación inmobiliaria golpea a la población en su derecho a la vivienda digna, y además, cuando estas construcciones no cumplen con los requisitos de seguridad, atentan contra la vida, y en el caso antes mencionado, son lutos que se esparcen por toda la ciudad, embargando a otras familias que muy probablemente apenas disponen recursos para lo elemental. 

Resulta también escandaloso que, de los fondos destinados para atender los daños del sismo de 2017, en Benito Juárez hayan desaparecido 207 millones de pesos en un esquema de empresas fantasma, dejando sin atención a las viviendas dañadas en dicha demarcación. Y si acaso no fuera suficiente ignominia, mientras la diputada América Rangel se golpea el pecho por el proyecto que circula en la SCJN para prohibir los “nacimientos navideños” en edificios públicos, mismos que representan un episodio de profunda reflexión humana como lo es que el Salvador del mundo no tuviera un hogar donde nacer, al mismo tiempo declara su apoyo a un correligionario que está señalado de participar en una red delictiva que ha dejado sin hogar a muchos damnificados por el sismo, pero también por la gentrificación neoliberal. Una vez más queda al desnudo el carácter hipócrita de quienes un día dicen que la ley no se consulta y al otro día llamar persecución política la aplicación de la ley y la procuración de la justicia. 

Construir una ciudad innovadora y derechos implica tocar intereses de mafias que, enquistadas en el poder, han corrompido las dependencias gubernamentales para llenarse los bolsillos a costa de la seguridad y el bienestar de la población, y aunque a sus benefactores les cause incomodidad, el cártel inmobiliario sí se toca.

Nota al pie: Resulta inverosímil contemplar a las hordas fascistoides whitexicans que tanto han vituperado al indigenismo, sobre todo con la reciente convocatoria de la CEPAC, desbordarse en devoción para la Virgen de Guadalupe, un símbolo religioso de piel morena, una virgen de aspecto indígena. ¿Hipocresía o falta de identidad? Seguramente ambas.