Anthropic y el futuro del tecnoimperialismo militarista

Hace más de una semana, Anthropic, una empresa desarrolladora de modelos de inteligencia artificial —comparable con OpenAI y su Chat-GPT— se negó a cooperar con el gobierno de Estados Unidos en el desarrollo de productos orientados a la vigilancia masiva de la población estadounidense, así como en la creación de armamento autónomo sin supervisión humana, cosa que sí aceptó con matices OpenAI. La respuesta de la administración Trump fue catalogar a Anthropic como un riesgo para la seguridad nacional, en un movimiento que recuerda lo que también le pasó a Huawei.

Las consecuencias no tardaron en llegar: cancelación de contratos públicos, daño reputacional severo y pérdidas millonarias, a lo que la empresa respondió con una demanda judicial y con un llamado público a usuarios y empresas; a su vez, trabajadores de Google y OpenAI emitieron una carta en respaldo a Anthropic. 

La designación de Anthropic como amenaza a la seguridad nacional estadounidense abre una serie de preguntas que permiten vislumbrar tensiones que definirán la relación entre desarrollo tecnológico, poder geopolítico y supremacía militar, especialmente en el contexto internacional de transición de poder e imperialismo regional, tales como:

¿Qué futuro les espera a las empresas que se rehúsen a cooperar, y qué ocurrirá con las que sí lo hagan? ¿Somos testigos de un proceso de integración tecnológico-militar-industrial, y qué riesgos plantea esto para los países crónicamente dependientes de tecnología estadounidense? ¿Es momento de replantear esa dependencia, y cómo?

Para responder, primero es necesario abandonar el discurso de marketing según el cual el futuro de un producto tecnológico de esas magnitudes depende fundamentalmente de su innovación o de su aceptación entre usuarios. En el caso de productos tan costosos, con tasas de retorno de inversión tan bajas y con la ausencia de un ecosistema de productos masificados, el financiamiento requiere tanto de grandes inversiones privadas como de protección político-económica estatal. 

El problema es que, mientras las descargas de Claude —el producto insignia de Anthropic— crecieron vertiginosamente, su relación con contratistas gubernamentales se desplomó. Más allá de la calidad del producto, el sostenimiento a largo plazo de un gran modelo de lenguaje no se mantiene únicamente con suscripciones y consultas gratuitas.

Las empresas que se nieguen a cooperar enfrentan presiones que operan en distintos niveles de forma simultánea: En el plano económico, la exclusión de contratos gubernamentales representa no solo pérdida de ingresos directos, sino también un efecto disuasorio sobre inversores privados que no querrán financiar empresas catalogadas como amenaza. En el plano regulatorio, dicha designación abre la puerta a restricciones adicionales: auditorías, limitaciones de exportación y bloqueos de infraestructura. En el plano reputacional, el daño es paradójico: entre usuarios progresistas o internacionales puede reforzar la imagen de la empresa, pero entre clientes corporativos e institucionales genera distancia y desconfianza. 

A menos que la demanda prospere o que Anthropic logre articular una resistencia efectiva, los caminos posibles son tres: volver a la mesa de negociación, verse obligada a venderse a una empresa dispuesta a cooperar, o resistir hasta que el ciclo político cambie; por su parte, las empresas que sí cooperen, ganarán acceso privilegiado a contratos y protección institucional, pero asumirán pérdida de talento crítico —como ya se vio con las cartas de trabajadores de Google y OpenAI— y una subordinación estructural a la agenda política de turno que limitará su autonomía a largo plazo.

Lo que la administración de Trump exige no es una solicitud de colaboración, sino una integración progresiva y sistémica; si analizamos de forma amplia el interés de Trump en la hegemonía tecnológica, es posible identificar tres ejes: la supremacía militar, la dominación de mercados e instituciones a través de la tecnología, y el mantenimiento de la hegemonía del sistema tecnológico internacional. 

En materia militar, el desarrollo de sistemas de armas autónomos no es el único frente, existe una cooperación que abarca desde plataformas y redes sociales hasta la producción de drones, robots e implantes neuronales, lo que desdibuja progresivamente la línea entre uso militar y uso civil. 

Lo que la administración trumpista parece exigir incluye acceso a modelos de lenguaje para operaciones de información y contrainteligencia, sistemas de decisión autónoma con mínima supervisión humana, infraestructura de vigilancia doméstica e internacional y capacidades de ciberofensiva; la lógica subyacente no es únicamente militar, sino de control: control de narrativas, de poblaciones, de adversarios y de aliados.

Es importante recordar que el complejo militar-industrial del siglo XX operaba con una separación relativamente clara entre el sector de defensa y el sector civil, pero lo que está emergiendo ahora es una fusión donde las mismas plataformas que gestionan el discurso público, el comercio electrónico o la atención médica son simultáneamente infraestructura de inteligencia y potencial armamento. Para los países dependientes de la tecnología estadounidense —que son prácticamente todos—, esto significa que su infraestructura crítica puede convertirse, en cualquier momento, en un instrumento de presión geopolítica o de intervención directa. 

Asimismo, la administración Trump tiene como eje rector la "modernización" de la administración pública mediante la tecnología, con el fin de construir bases de datos, algoritmos y dispositivos orientados a la gobernanza y administración de personas, desplazando en el proceso a funcionarios públicos y configurando un poder intermediario entre el Estado y la ciudadanía.

Esta dinámica afecta también a las grandes plataformas con miles de millones de usuarios, empresas como Google, Meta o Microsoft tienen una infraestructura tan distribuida que su subordinación a los intereses de un gobierno nacional podría, en el mejor de los casos, generar fricciones crecientes con reguladores europeos, asiáticos y latinoamericanos.

El escenario más probable no es una ruptura abrupta, sino una fragmentación progresiva: distintas versiones de productos, distintos estándares de privacidad y distintas arquitecturas de datos según la jurisdicción. 

Ante este panorama, replantear la dependencia tecnológica no es solo oportuno, sino que es urgente, la estrategia más realista pasa por tres vías: diversificación de proveedores —incluyendo opciones no estadounidenses—, desarrollo de capacidades regulatorias soberanas que impongan condiciones a las empresas que operan en su territorio, y cooperación multilateral para construir estándares tecnológicos que no estén subordinados a un solo Estado.

Lo que el caso Anthropic revela, en última instancia, es que la tecnología dejó de ser un campo neutro de innovación para convertirse en un terreno de disputa, la pregunta ya no es si depender o no de tecnología extranjera —eso es inevitable en el corto plazo—, sino en qué condiciones y con qué márgenes de autonomía se ejerce esa dependencia. Los países, las empresas y los ciudadanos que no comprendan esta transformación a tiempo se encontrarán, tarde o temprano, atrapados en nuevas formas de colonialismo y dependencia extrema, especialmente dada la tendencia de fusión de la tecnología con los cuerpos y las mentes.