El 1° de junio la salud pública también se vota

Este 1º de junio, las mexicanas y mexicanos acudirán a las urnas para participar en una jornada histórica. Por primera vez en México, la ciudadanía elegirá mediante el voto directo a ministras, ministros, magistradas, magistrados y jueces federales.

Para conocer el perfil de quienes participan en esta elección, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha habilitado la plataforma Conóceles (candidaturaspoderjudicial.ine.mx/), donde es posible revisar la trayectoria de quienes aparecerán en las seis boletas federales que recibiremos al acudir a las urnas.

Más allá de las candidaturas de ministras y ministros —que han acaparado la atención de los medios de comunicación— hay una boleta que no puede pasar desapercibida porque puede tener un impacto directo en nuestra vida: la boleta para elegir a jueces y magistrados en materia administrativa del Poder Judicial. Una boleta silenciosa, sin espectaculares ni jingles, pero con el poder de definir el acceso a derechos fundamentales como la salud.

Hablar del Poder Judicial es también hablar de salud pública. A primera vista parece distante, pero la relación entre justicia y salud es profunda, estructural y muchas veces invisible. ¿Qué relación hay entre un juez o magistrado en materia administrativa y un hospital? ¿Qué tienen que ver con un tratamiento médico? La respuesta es: todo. La salud no se agota en el consultorio. Comienza mucho antes: en los presupuestos públicos, en las políticas de prevención, en los contratos de servicios hospitalarios, en la respuesta del Estado frente a una negligencia, una omisión o una injusticia.

Y es justamente ahí donde entra en juego el Poder Judicial. Cuando una persona enferma no encuentra medicamentos; cuando una familia debe recurrir al amparo para garantizar una cirugía o atención médica urgente; cuando se denuncia corrupción en la compra de insumos; o cuando se impugna una política pública que pone en riesgo la atención médica, es el juez o el magistrado administrativo quien decide. Y lo que se resuelve ahí no es una simple interpretación legal: es la vida misma.

Durante los últimos años, hemos visto cómo la justicia puede ser una herramienta para restituir derechos. Casos emblemáticos han llegado a los tribunales: niñas y niños con cáncer que necesitaban quimioterapia, personas con VIH que exigían continuidad en sus tratamientos, comunidades que reclamaban servicios de salud básicos. En muchos casos, la vía judicial se mostró como la única puerta abierta.

Pero también hemos visto el lado oscuro: resoluciones tardías, expedientes que duermen en archivos, autoridades judiciales insensibles ante el sufrimiento humano. No basta con que exista una ley que diga que la salud es un derecho. Es necesario que haya jueces y magistrados que hagan valer esa ley. Que la interpreten con perspectiva de derechos humanos, con sensibilidad social, con ética pública.

Por eso, lo que elegimos este 1º de junio no es una tecnocracia legal, sino una visión de país. El tipo de justicia que queremos. Si queremos un Poder Judicial ajeno a las urgencias de la gente o uno cercano a las causas del pueblo. Y, en particular, si queremos jueces capaces de reconocer que su papel es clave en la garantía del derecho a la salud.

La elección judicial no es un ejercicio menor. Representa la posibilidad de democratizar el acceso a la justicia, de construir un Poder Judicial más transparente, más representativo, más humano. Significa reconocer que la salud y la justicia están entrelazadas, y que no puede haber un sistema sanitario justo si no hay también una justicia accesible, imparcial y eficaz.

Esta elección no cambiará el sistema de salud por sí sola. Pero puede marcar una diferencia enorme en cómo se vigilan, sancionan o corrigen sus fallas. Puede lograr que los recursos públicos destinados a salud lleguen a donde deben llegar. Puede hacer que la ley no sea privilegio, sino escudo.

Por ello, es que toda la ciudadanía debemos participar activamente en esta elección. Votar por jueces y magistrados administrativos no es un acto simbólico ni una elección técnica: es un acto profundamente ético. Es votar por quienes decidirán sobre derechos esenciales, por quienes interpretarán las normas que nos protegen, por quienes tendrán en sus manos la responsabilidad de vigilar el cumplimiento del Estado en materia de salud, equidad y dignidad.

El derecho a la salud es un pilar del bienestar colectivo. Y su garantía no depende únicamente de políticas públicas acertadas, sino de un ecosistema institucional que funcione. Quienes creemos en una justicia al servicio del pueblo debemos hacerla realidad también desde las urnas. Porque el voto judicial también es un voto por la vida.

Votar por jueces y magistrados administrativos es cuidar también nuestra salud y la de nuestras comunidades. No basta con emitir un voto; informémonos, comparemos trayectorias y evitemos dejar esa boleta en blanco. Porque una justicia bien administrada no solo impone orden: también repara, acompaña y sana.