La batalla por el ciberespacio: el registro telefónico y la soberanía de datos en México

Desde que el gobierno lanzó el registro de líneas telefónicas -con el fin de luchar contra crímenes como la extorsión, el secuestro o los fraudes-, comenzó una feroz lucha de parte de opositores para evitar que este registro tuviera éxito, por lo que lanzaron una fuerte campaña para que la gente rechazara el registro; lo que, según ellos, obligaría en la práctica al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a cancelar o flexibilizar las inscripciones, al punto de hacerlo inútil. 

En este escenario el gobierno tuvo que hacer una prórroga a los plazos establecidos, ya que el porcentaje de líneas registradas no era suficiente para evitar un caos por las cancelaciones que acompañarían al fin del plazo establecido; sin embargo, esto no hizo retroceder al gobierno, sino al contrario, lanzó una prórroga escalonada por terminación numérica, así como aprobó un registro automático por parte de telefónicas para evitar un caos anunciado.

No obstante, este conflicto continúa y resulta sintomático un hecho subyacente y difícil de eludir: varias personas tienen reticencia a vincular sus datos a su línea telefónica y, en general, a dar datos personales al gobierno y sus instituciones; ya sea por desconfianza, desconocimiento, desidia o manipulación, pero ese hecho existe. Aquí la pregunta es ¿qué podría hacer el gobierno -además de flexibilizar el registro y no ceder en la aplicación de esta medida- para cambiar la percepción de que el Estado es intrínsecamente ineficiente, peligroso e inseguro para administrar los datos de su población?

Es evidente que, por parte del Estado, su gobierno e instituciones será necesario una labor de pedagogía, convencimiento y desmentidos hacia su población; así como una negociación constante entre intereses nacionales y extranjeros, ya que la soberanía de datos y la supremacía de estos se convirtió en otro frente en las relaciones de cooperación y conflicto entre los países, las empresas y demás actores del sistema internacional. 

No hay que olvidar que en México opera un sistema de gobernanza tecnológica y de datos bastante curioso, mientras que la regulación de tecnología se fundamenta en la perspectiva estadounidense de la autorregulación de empresas o regulación mínima (lo que beneficia a las empresas), el sector de los datos está más fuertemente regulado, de acuerdo a la tradición europea, el cual no sólo impone límites a las empresas y su explotación de datos, sino también al Estado; paradójicamente, esta situación favorece más a las empresas por sus capacidades técnicas y tecnológicas frente a los Estados y sus gobiernos. 

En este contexto puede interpretarse que el registro de líneas es un paso más a la formalización del ciberespacio nacional y su administración soberana por parte del Estado, una tarea que llevaba décadas pendiente y que, ante el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica y las interfases neuronales, es más que prioritaria atender si se quiere sobrevivir en el sistema internacional que se está construyendo a punta de algoritmos, silicio, satélites y datos.

Lo anterior queda reflejado en la célebre metáfora del matemático Clive Humby, quien afirma que “los datos son el nuevo petróleo”; aunque la frase suele citarse de forma incompleta, omitiendo su advertencia esencial: “si no se refinan (los datos) no sirven de nada”. En términos tecnológicos, refinar significa transformar datos en información y conocimiento —mediante procesos humanos o automatizados— para extraer un valor concreto, ya sea en forma de ventajas en el campo de batalla, capacidad de influencia política y social sobre otras poblaciones, o el desarrollo de tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial.

Esta alegoría resulta útil, ya que ilustra la condición en la que la mayor parte de Estados nos encontramos hoy: la mayor parte de países son ciber-explotados intensivamente por empresas transnacionales -con tendencias monopólicas y capital que excede el de la mayoría del de países-, pero obtienen pocos beneficios directos, ya que las capacidades de capital, infraestructura, propiedad intelectual, tecnología o mano de obra o, lo que es lo mismo, las capacidades de refinamiento de datos, se encuentran repartidas en muy pocos países.

Es por lo anterior por lo que los demás Estados no dominantes en capacidades terminan malbaratando sus datos y los de su población a cambio de acceder y escalar este sistema, sus tecnologías y productos en sus territorios (construir y fortalecer su ciberespacio nacional, pues).

Y como no se puede administrar lo que no se conoce, los Estados se enfrentan a una situación compleja, por un lado algunas empresas conocen más a la ciudadanía, sus necesidades y peticiones que los propios Estados y gobiernos y que, además, han empezado a lucrar política y económicamente con ese conocimiento; mientras que por el otro, los Estados parten de un desequilibrio de datos en sus intercambios con otros países y empresas, lo que no sólo impacta su seguridad, economía, territorio o población, sino que empodera a otros actores a sacar ventajas a través de la supremacía de datos. 

Si los datos son el nuevo petróleo, México lleva décadas exportando crudo sin refinería propia. El registro de líneas telefónicas, además de su utilidad contra la extorsión y los fraudes, es un primer paso -torpe pero necesario- para que el Estado deje de administrar a ciegas un ciberespacio que otros actores conocen mejor que él mismo.