La “censura” según las gárgolas neoliberales

Cada vez que un gobierno democrático en América Latina intenta arañar el monopolio de las ondas hertzianas para devolverle un mínimo de soberanía comunicativa a la ciudadanía, la maquinaria corporativa activa la misma alarma prefabricada: «¡Atentado contra la libertad de expresión! ¡Censura previa!».

En México, el debate en torno al fortalecimiento del Derecho a las Audiencias ha vuelto a encender la hoguera de la indignación patronal. Una jauría de opinócratas de derecha, pertrechada tras los micrófonos de los grandes conglomerados mediáticos, se rasga las vestiduras denunciando un supuesto autoritarismo estatal. Sin embargo, detrás de esta retórica libertaria no hay una defensa de la verdad, sino el pánico de una élite a perder el privilegio de moldear la realidad a la medida del mercado.

Para comprender el histerismo de la derecha mediática, conviene recordar que la dominación de las clases propietarias no se sostiene únicamente por la fuerza del aparato estatal, sino por la construcción de una hegemonía cultural, la capacidad de transformar los intereses particulares de una minoría económica en el «sentido común» de toda la sociedad.

Durante décadas, la televisión y la radio privadas en México operaron como los «intelectuales orgánicos» del modelo neoliberal. Moldearon hábitos, legitimaron despojos y convirtieron el acceso a la información en una mercancía más. Cuando la propuesta pública plantea regular estas concesiones —exigiendo cosas tan elementales como diferenciar entre información comprobada y opinión, o garantizar el derecho de réplica—, lo que la ley toca no es la libertad humana, sino el monopolio de la interpretación.

La clase dominante no solo posee los medios de producción material, sino también las herramientas de producción de sentido. Para ellos, cualquier intento de democratizar la palabra es vivido como una «censura», porque rompe la ilusión de su unanimidad.

Los opinócratas no defienden la pluralidad, defienden la impunidad con la que el capital ha administrado históricamente el espectro radioeléctrico, una propiedad pública concesionada que trataron como si fuera su feudo privado.

El filósofo esloveno Slavoj Žižek suele señalar que la forma más eficaz de censura en el capitalismo tardío no es la prohibición explícita —el censor con las tijeras en la mano—, sino la violencia objetiva y estructural del mercado. Es la censura que no dice su nombre. La que determina qué temas son financiables y cuáles no, la que margina del debate público a los movimientos populares, la que reduce la complejidad política a un espectáculo melodramático para mantener altos los índices de audiencia.

Cuando la derecha mediática acusa al gobierno mexicano de pretender «censurar» al exigir un código de ética y defensores de audiencias, opera mediante un cinismo ideológico perfecto «Saben perfectamente lo que hacen —proteger sus negocios y las líneas editoriales de sus patrones—, pero aun así lo hacen disfrazándolo de cruzada por la democracia».

La verdadera censura en México la han ejercido durante años los comités editoriales
subordinados a los anunciantes y a las élites financieras. Lo que hoy llaman «libertad» es, en realidad, la libertad de mentir sin consecuencias, de hacer pasar propaganda corporativa como periodismo neutral y de manipular a las audiencias bajo la premisa de que el televidente o radioescucha es un mero consumidor pasivo sin derechos.

Fortalecer el Derecho a las Audiencias no significa que el Estado dictamine qué se puede decir y qué no. Significa reconocer que la comunicación es un bien público y un derecho humano, no un cheque en blanco para el linchamiento mediático o la desinformación sistemática.
La queja airada de la opinocracia no es más que la reacción violenta de quien ve amenazada su hegemonía. Al verse acorralados por una ciudadanía cada vez más consciente y crítica, recurren a la mentira burda: inventan un ogro estatal para ocultar la tiranía del mercado. 
Democratizar los medios no es censurar; es desmonopolizar la verdad. Mientras el poder mediático siga concentrado en unas cuantas familias y corporaciones, la «libertad de expresión» seguirá siendo el privilegio de unos pocos para adoctrinar a la mayoría.