El 19 de febrero de 2006, aproximadamente a las dos de la mañana, en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, ocurrió una explosión que cambió la vida de familias enteras y reveló, sin matices, la indiferencia del poder frente a la tragedia.
Ese día, 65 mineros quedaron atrapados, sin la presencia del entonces presidente, Vicente Fox, y con un yacimiento que nunca dejó de operar del todo. Solo pasaron cinco días para que, el 24 de febrero, el entonces secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, los diera por muertos y con ello se cerrara, en los hechos, la posibilidad de rescatarlos.
Los años pasaron, y las familias de Pasta de Conchos no tuvieron paz ni justicia. Ya en el gobierno de Felipe Calderón, apenas iniciada su administración, el 5 de abril de 2007 se oficializó el abandono: la empresa suspendió el rescate de los cuerpos, bajo el argumento de una supuesta contaminación del agua con VIH, hepatitis y tuberculosis. La declaración de Javier Lozano, secretario del Trabajo, fue brutal: “no arriesgar a los vivos para sacar muertos”.
No fue sino hasta 2020, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se retomaron los trabajos de rescate a través de la CFE, como una deuda histórica que el Estado finalmente decidió asumir.
Hace 13 días ocurrió un derrumbe en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.
La respuesta fue inmediata. De manera coordinada, la Defensa, la Semar, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la CFE, autoridades estatales y brigadas especializadas iniciaron los trabajos de rescate. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: no detenerse hasta encontrar a todos.
Han pasado 13 días, y ayer rescataron con vida al minero Zapata Nájera. Falta aún localizar a una persona y recuperar un cuerpo. Pero hay algo que ya es evidente: la diferencia no está en la tragedia, sino en la respuesta.
Porque mientras antes se administraba el desastre y se normalizaba el abandono, hoy hay un Estado que permanece, actúa y responde. No borra el dolor, pero sí rompe con la lógica del olvido. Se trata del compromiso de un gobierno que coloca la vida y el bienestar como eje central de su acción. Y sí, también el compromiso con la verdad, con la justicia y con asumir la responsabilidad frente a las y los mexicanos.
Hoy hay atención, trabajo y responsabilidad. Hoy hay un Estado presente. Un modelo de protección civil centrado en la vida, no en la muerte, el olvido y la impunidad que marcaron años previos.
Esa es la verdadera línea divisoria entre gobiernos que cierran expedientes y gobiernos que asumen responsabilidades.