Más vivo que nunca Ayotzinapa

La detención del ex gobernador de Guerrero, Ángel “N”, vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa marca una ruta que ya venía trazando la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la atención a este tema sin restricciones, ocultamientos y más bien  bajo la premisa del “caiga quien caiga, tope hasta donde tope”.

Así lo hacía saber a las madres y padres de familia de los estudiantes y, en consecuencia, la Fiscalía General de la República destinó todas sus capacidades a avanzar en este caso, aunque a decir verdad éste nunca estuvo cerrado, menos frente al compromiso de justicia de los gobiernos recientes que tienen como bandera impulsar la paz con base en las condiciones justas que deben prevalecer en la sociedad. 

Está claro que debe garantizarse el Estado de Derecho en la actuación de la FGR frente a esta detención y seguramente próximas en ciernes.

Nada de chivos expiatorios, o peces grandes inventados, pero sonaba lógico desde un inicio que se considerara analizar con mayor detalle la responsabilidad de quien entonces era el jefe del Ejecutivo del estado donde sucedieron los hechos. Junto con la policía municipal actuó también la estatal, y está documentado el grado de penetración que ambas tenían por parte del crimen organizado; esto como primer saque.

Un nuevo modelo de investigación emprendido por la FGR acredita la posible participación del ex gobernador guerrerense en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los  estudiantes, como material videograbado proveniente de cámaras de edificios  públicos (el Palacio de Justicia ubicado en Iguala), amenazas de por medio a quienes sabían de su existencia.

No es cualquier cosa lo que revelarían esas videograbaciones, que habrían enfocado lo que sucedió en torno al controvertido quinto autobús en el que se transportaba más de una docena de jóvenes de Ayotzinapa, dentro de lo que destaca la actuación, cuadro a cuadro, de los elementos  policiacos.

“Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”, dijo la fiscal en un mensaje a medios. Esto configura, apuntó, los  delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

El hecho denunciado toma relieve si se considera que el gobierno de Enrique Peña Nieto tardó 11 días para hacer un pronunciamiento sobre los acontecimientos, con la ingenua idea de que encapsularlo en la responsabilidad estatal evitaría atraer reflectores hacia el centro y el caso pasaría de largo, como ha sido con otros, solo que no de esta envergadura.

“No nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos” es la consigna desde la Fiscalía General, y esto llevará a la mesa la Presidenta Sheinbaum en su ya próxima cita con las y los padres de familia, con quienes se ha venido reuniendo con cierta regularidad.

La mejor  administración de la justicia es la que va pegada a la verdad. Ha permeado la idea, sin embargo, de que las verdades desde un Estado se “construyen” con consideraciones relacionadas con la política y aspectos coyunturales, de tal forma  que se cuidan aristas que pueden romper el  orden social o ciertos equilibrios. No es el caso de ninguna manera, y  por eso es que resultó altamente visible en los medios la orden de  aprehensión en contra de un individuo que había acumulado tanto poder como Ángel “N” (dos veces ex gobernador).

Quede claro  que el mayor quebranto al orden social es la simulación, la justicia selectiva, el encubrimiento  y la impunidad. Y por eso resulta alentador el esfuerzo del Estado Mexicano de seguir avanzando con las investigaciones y las acciones judiciales en un asunto que claramente a algunos conviene cerrar definitivamente.

Es un hito  tocar a un ex gobernador, una figura de gran influencia política en su estado natal. El mensaje poderoso de no hay intocables, menos inalcanzables por el manto de la justicia, sirve también para desterrar personajes enraizados en espacios de poder, incluso fácticos, que juegan un  papel caciquil.

Desde este  rol nos venden su contribución a una supuesta estabilidad, que incide en la gobernanza, a cambio de dejarlos operar, aunque eso signifique alargar condiciones históricas de injusticia y carencias sociales. 

Plausible sin duda la postura de la autoridad de mantener vivo el caso Ayotzinapa, lo cual, hay que decirlo con todo su mérito, es también un logro de las madres y los padres de familia y de grupos de activistas que no han cejado en su demanda de justicia y de saber la verdad, sin adjetivos. Ese tesón y valor hoy toma nuevas avenidas.