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Del derecho de las audiencias y otros menesteres

Del derecho de las audiencias y otros menesteres

Por Alfredo Olvera

“En lugar de amor, de dinero, de fama, dadme la VERDAD”
Henry David Thoreau

Gracias a la mentira, los poderes económicos y privados lograron, durante décadas, influir en el destino de la patria a su conveniencia. Colocaban gobernantes que, una vez en el poder, devolvían los favores recibidos en campaña. Eran, en los hechos, los titiriteros de las decisiones públicas, mientras el verdadero soberano, el pueblo, permanecía relegado.

Los medios de comunicación desempeñaron un papel determinante en ese modelo. En numerosas ocasiones, la información y la propaganda se confundieron, favoreciendo intereses políticos y económicos por encima del derecho de la sociedad a recibir información veraz, plural y oportuna. Precisamente para corregir esas distorsiones, la Constitución reconoce los derechos de las audiencias y establece que la ley debe prever mecanismos para su protección.

Fue en ese contexto cuando surgieron campañas como "López Obrador es un peligro para México", convertida en uno de los ejemplos más representativos de información falsa difundida a diestra y siniestra. Años después, la expresión "haiga sido como haiga sido" terminó por simbolizar, para una parte importante de la sociedad, una época en la que los fines parecían justificar los medios y la manipulación de la información ocupó un lugar central en la vida pública.

Hoy, el debate ha cambiado. La discusión ya no consiste únicamente en garantizar la libertad de expresión de quienes informan, sino también en proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información clara, veraz y diferenciada de la publicidad o de la propaganda. Bajo esa premisa, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sometió a consulta pública la propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, con el objeto de desarrollar mecanismos para la protección de esos derechos. La consulta pública, prevista por un periodo de veinte días hábiles, deriva del artículo 30 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La propuesta reconoce derechos como recibir información veraz, plural y oportuna; distinguir entre información, opinión y publicidad; ejercer el derecho de réplica y fortalecer instrumentos como las Defensorías de las Audiencias y los Códigos de Ética. Al mismo tiempo, establece una garantía fundamental: sus disposiciones no podrán interpretarse para restringir la libertad de expresión, la libertad editorial, la libertad programática ni para ejercer censura previa, buscando armonizar dos derechos igualmente importantes en una sociedad democrática.

Es precisamente ahí donde surge la pregunta de fondo: ¿puede un comunicador mentir deliberadamente y escudarse en la libertad de expresión? ¿puede presentar propaganda como si fuera información periodística, manipular hechos o difundir información falsa bajo el argumento de que sólo expresa una opinión?

La libertad de expresión constituye uno de los pilares de toda democracia, pero no puede confundirse con una autorización para engañar a las audiencias. El debate público exige pluralidad, crítica y opiniones libres, pero también responsabilidad frente a los hechos. Una opinión es libre, un hecho falso presentado como verdadero afecta el derecho de la sociedad a estar informada.

La democracia no sólo necesita medios de comunicación independientes; necesita también ciudadanos capaces de distinguir entre hechos, opiniones y propaganda. En esa medida, proteger los derechos de las audiencias no significa censurar a los medios, sino fortalecer el derecho de las personas a recibir información transparente, identificar cuándo un contenido responde a intereses comerciales o políticos y exigir, cuando corresponda, el ejercicio del derecho de réplica. Ese es, en esencia, el reto que plantea la propuesta sometida a consulta pública: encontrar el equilibrio entre una prensa plenamente libre y una ciudadanía plenamente informada.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara desde el inicio de su gobierno: nunca más censura ni represión. La transformación del país no puede construirse sobre el silencio de las voces críticas, sino sobre el debate libre, el acceso a la información y el respeto a los derechos de las audiencias. La libertad de expresión debe seguir siendo absoluta para opinar, pero jamás un pretexto para disfrazar propaganda de noticia o para mentir deliberadamente a la sociedad.

Son otros tiempos. La verdad debe prevalecer sobre la manipulación.

Al Tiempo Tiempo.