¿Por qué deberíamos confiar en la lucha contra el narco de los EE.UU?

Desde Washington vuelve a escucharse una vieja melodía. Cambian los tiempos, cambian los nombres de los enemigos y cambian los argumentos, pero permanece una idea que ha acompañado durante décadas a determinados sectores de la política estadounidense: considerar a América Latina como un espacio sobre el cual Estados Unidos puede intervenir cuando así lo dicten sus intereses estratégicos.
Hoy el argumento es el narcotráfico.

Desde el gobierno de Estados Unidos y desde sectores de la derecha norteamericana se insiste en presentar a los grupos de la delincuencia organizada mexicana como una amenaza directa a su seguridad nacional. A partir de esta premisa se ha llegado a plantear la posibilidad de utilizar fuerzas militares estadounidenses dentro de nuestro territorio.

El argumento parece sencillo: si las drogas que llegan a Estados Unidos constituyen una emergencia de salud pública y de seguridad, entonces Washington tendría derecho a combatir fuera de sus fronteras a quienes considera responsables.
México no puede aceptar esa lógica.

El narcotráfico es un problema real. La violencia de las organizaciones criminales es real. También lo son el tráfico de personas, la extorsión, el lavado de dinero y las redes transnacionales que permiten operar a estos grupos. Combatirlos constituye una obligación del Estado mexicano.

Pero reconocer la existencia del problema no significa aceptar que otro país tenga derecho a enviar soldados, policías o agentes a nuestro territorio para sustituir a las instituciones nacionales.

Porque además existe una pregunta que pocas veces aparece en el discurso intervencionista: ¿dónde termina la responsabilidad mexicana y dónde comienza la responsabilidad estadounidense?

No puede existir narcotráfico sin consumidores, armas, dinero y redes de distribución.

Por eso el problema exige responsabilidad compartida. Pretender que toda la explicación de la crisis estadounidense de consumo de drogas se encuentra al sur del río Bravo no solamente es falso: permite evadir responsabilidades internas.

Y cuando desde Washington se habla nuevamente de utilizar fuerzas militares fuera de sus fronteras, México tiene razones históricas suficientes para desconfiar.
La historia latinoamericana está marcada por intervenciones realizadas bajo grandes justificaciones morales. Cuba fue intervenida por Estados Unidos durante la guerra contra España y posteriormente quedó sometida a fuertes mecanismos de tutela política. Panamá conoció directamente una invasión militar estadounidense en 1989.

Durante la Guerra Fría, Washington intervino abierta o encubiertamente en distintos procesos políticos latinoamericanos y respaldó acciones contra gobiernos que consideraba contrarios a sus intereses. Chile y el derrocamiento de Salvador Allende forman parte inevitable de esa memoria histórica. 

Hoy día, Colombia, Argentina, El Salvador, Chile están contaminados con la violencia y el entreguismo de presidentes que son un ruidoso accesorio diseñado para justificar la entrega del país. 

Fuera de nuestro continente encontramos también Vietnam, Afganistán e Irak.
En este último caso, la invasión de 2003 fue justificada principalmente bajo la afirmación de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Aquellas armas nunca fueron encontradas.

La historia demuestra algo elemental: las intervenciones militares comienzan con una justificación, muchas veces con una mentira, pero nadie puede garantizar dónde terminan.

México conoce particularmente bien esa historia.

Durante el siglo XIX sufrimos una guerra con Estados Unidos cuyo desenlace significó la pérdida de una enorme parte del territorio nacional; poco después firmó con Benito Juárez tratados donde el gobierno mexicano le cedía importants partes del territorio nacional, impedido sólo por la Guerra de Secesión. Patrocinó el Golpe de Estado Huerta en 1911; en 1914 fuerzas estadounidenses ocuparon Veracruz.

Dos años después, la llamada Expedición Punitiva encabezada por John J. Pershing penetró territorio mexicano buscando a Francisco Villa.

Nuestra doctrina de política exterior no nació de los libros. Nació de nuestra propia experiencia histórica.

Por eso resulta especialmente relevante la posición que ha sostenido la presidenta Claudia Sheinbaum: México puede colaborar con Estados Unidos, pero nunca aceptar subordinación. La seguridad compartida debe construirse desde el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la responsabilidad compartida y diferenciada y la confianza mutua.

Esa posición no significa proteger delincuentes.

Hay que decirlo claramente porque quienes promueven la intervención intentarán construir una falsa disyuntiva: o se acepta la presencia estadounidense o se está defendiendo a los grupos criminales.

Es falso.

México debe combatir con toda la fuerza de la ley a quienes asesinan, secuestran, extorsionan, trafican drogas o corrompen instituciones. Ningún criminal puede estar por encima del Estado.

Pero precisamente porque defendemos al Estado debemos defender su soberanía.
Hoy podrían venir por un narcotraficante. Mañana podrían argumentar la protección de una frontera, de una instalación estratégica, de una cadena productiva, de una inversión o de algún recurso considerado indispensable para su seguridad nacional.

Por eso tampoco podemos ignorar el resurgimiento de discursos políticos que dividen al mundo entre pueblos superiores e inferiores, entre naciones que supuestamente tienen derecho a imponer sus decisiones y otras condenadas a obedecerlas. El nacionalismo basado en la superioridad racial, cultural o civilizatoria produjo algunas de las mayores tragedias del siglo XX. América Latina no puede normalizar nuevamente esa retórica.

Este no debe ser un asunto de Morena, del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano ni de ninguna otra fuerza política. Hay momentos en los cuales las diferencias partidistas deben colocarse detrás de una responsabilidad histórica superior.

La delincuencia organizada debe ser enfrentada. El narcotráfico debe ser combatido. La violencia debe disminuir y quienes han construido fortunas mediante la muerte y el sufrimiento de miles de personas deben responder ante la justicia.

El mundo ha pagado demasiado caro, a lo largo de su historia, cada pérdida de soberanía como para olvidar las lecciones del pasado. El colonialismo, el extractivismo, las políticas racistas, el racismo y el supremacismo son caras del mismo monstruo. El capitalismo del S. XXI es cada vez más voraz y cínico.

Frente a los nuevos cantos de sirena del intervencionismo debemos recordar una verdad elemental: ninguna potencia extranjera viene a resolver los problemas que plantea, son pretextos para plantear su “obligación histórica” de tomar todas las acciones para robar libremente. 

Nuestra responsabilidad es construir un Estado más fuerte, combatir la impunidad y recuperar la paz.