Las visas y sus juicios sumarios

“Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia
a plagar la América de miserias en nombre de la libertad.”

Simón Bolívar

México ha padecido, durante buena parte de su historia, una complicada relación con su vecino del norte. No por nada se popularizó aquella frase, atribuida entre otros, a Nemesio García Naranjo: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”. Perdimos territorio, sufrimos invasiones, intervenciones y presiones de toda índole. Por eso, la defensa de la soberanía nacional no es un capricho ideológico ni una ocurrencia de ocasión: es una lección escrita, muchas veces con sangre, en nuestra propia historia.

Hace unos días, de manera unilateral y sin explicaciones, el Gobierno de Estados Unidos decidió retirar la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Algo es cierto: Estados Unidos tiene el derecho soberano de decidir quién entra y quién no a su territorio. Una visa estadounidense no es un derecho humano ni una condecoración internacional; es, simple y sencillamente, una autorización administrativa para ingresar a otro país. Pero una cosa es cancelar una visa y otra muy distinta pretender convertir esa decisión en una sentencia sobre la culpabilidad de una persona.

Como era de esperarse, inmediatamente apareció buena parte de la derecha del país, siempre presta para convertir cualquier señal proveniente de Washington en verdad revelada. Acusan, juzgan y condenan. Todo al mismo tiempo. No necesitan pruebas, expedientes ni resoluciones judiciales. Les basta una sospecha, un trascendido o, como ahora, una decisión de un gobierno extranjero para declarar culpable al adversario. Primero dictan la condena y después, si acaso, buscan las pruebas.

Esa forma de hacer política es profundamente peligrosa. En un Estado democrático nadie debería ser declarado culpable por consigna, mucho menos porque así lo desean sus adversarios políticos. Si el Gobierno de Estados Unidos posee pruebas contra Andrés Manuel López Beltrán, que las presente ante las autoridades competentes; si existe una investigación, que siga los cauces legales correspondientes y si existen responsabilidades, que se investiguen y sancionen. Nadie debe estar por encima de la ley, ni siquiera el hijo de un expresidente, pero tampoco nadie debe estar por debajo de ella. El apellido López Obrador no puede convertirse en patente de impunidad, pero tampoco en presunción automática de culpabilidad.

Ese es precisamente uno de los males de la mentirocracia que pretenden imponer: la insinuación sustituye a la prueba, el encabezado sustituye al expediente y la repetición pretende sustituir a la verdad. Ya lo he sostenido: una acusación no se vuelve verdadera por el volumen con que se grita ni por las veces que se repite. La verdad no nace del odio ni de la propaganda, sino de la correspondencia entre lo que se afirma y lo que realmente existe.

Pero el asunto tiene una dimensión todavía mayor. La discusión no puede reducirse a si Andrés Manuel López Beltrán puede o no viajar a Estados Unidos. El verdadero debate consiste en determinar hasta dónde una decisión de un gobierno extranjero puede terminar siendo utilizada para intervenir, directa o indirectamente, en la conversación política de nuestro país. Es ahí donde las palabras de Bolívar, escritas hace casi dos siglos, adquieren una incómoda actualidad.

México necesita a Estados Unidos y Estados Unidos necesita a México. Somos vecinos, socios comerciales y países obligados a colaborar frente al narcotráfico, el tráfico de armas, la migración, el lavado de dinero y el crimen organizado. Sin embargo, cooperación no significa subordinación. Sería profundamente peligroso normalizar que una decisión administrativa extranjera se convierta automáticamente en certificado de culpabilidad dentro de la política mexicana.

México no es colonia, protectorado ni patio trasero de ninguna potencia. Defender este principio tampoco significa otorgar impunidad a nadie. Si existen pruebas serias contra Andrés Manuel López Beltrán, deberán investigarse y, si cometió algún delito, tendrá que responder ante la justicia como cualquier ciudadano. Pero mientras eso no ocurra, debemos exigir pruebas y no rumores, expedientes y no insinuaciones, justicia y no propaganda.

Resulta paradójico que quienes constantemente hablan de defender las instituciones mexicanas hoy celebren cualquier señal proveniente de Washington cuando sirve para golpear a sus adversarios. La soberanía no puede defenderse únicamente cuando conviene. Podrán  estar a favor o en contra de López Obrador, de Morena o de la Cuarta Transformación; podrán incluso criticar a sus gobiernos, decisiones y dirigentes, porque precisamente de eso se trata la democracia, pero esa discusión pertenece a los mexicanos y debe darse con argumentos, hechos y pruebas.

La historia de México nos ha enseñado demasiado sobre las consecuencias de permitir que los intereses extranjeros se inmiscuyan en nuestros asuntos. Si existen pruebas, que se presenten; si existen delitos, que se castiguen. Pero mientras una acusación no sea demostrada, una visa no puede sustituir a un tribunal ni una decisión extranjera puede sustituir a nuestra soberanía. A México, con sus virtudes, problemas y contradicciones, nos corresponde gobernarlo y juzgarlo a los mexicanos. Bolívar lo advirtió hace casi doscientos años; a nosotros nos corresponde demostrar que aprendimos la lección.

Al Tiempo Tiempo.