La tierra tiene memoria, y la memoria pide justicia

PIEZAS DEL TERRITORIO

Los tlahuicas de San Juan Atzingo —que se nombran a sí mismos pjiekakjoo— llevan más de tres mil años en estas montañas donde hoy se tocan el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Estaban ahí antes de que los mexicas extendieran su dominio sobre el valle. Estaban ahí cuando llegaron los españoles y convirtieron el territorio en encomienda, y después en tierras de hacienda administradas por colegios jesuitas. Participaron en la Independencia sin que ésta les devolviera nada. Pelearon, como tantos pueblos del centro del país, en una Revolución que prometió la tierra a quien la trabaja —y que en su caso, como en tantos otros, tardó demasiado en cumplir su palabra, o no la cumplió del todo.

En 1945 pidieron formalmente que el Estado reconociera sus bienes comunales, es decir, su propiedad ancestral. Quince años tuvieron que esperar solamente para obtener una resolución presidencial, en 1961, y aún esa resolución no reconoció a la comunidad como titular directa, sino que tituló las tierras al municipio de Ocuilan. Fue apenas en 1980, después de casi dos décadas de inconformidades sistemáticamente rechazadas, que un tribunal dejó sin efecto aquella resolución equivocada. Y desde entonces, la comunidad ha seguido litigando, generación tras generación, para que el Estado reconozca lo que ellos nunca dejaron de saber: que ese bosque, esas casi dieciocho mil hectáreas de monte húmedo, ahora llamado Bosque de Agua, son suyas porque siempre lo han sido.

Esto no es una anécdota jurídica cerrada en un archivo. Es un litigio vivo, hoy, ante el Tribunal Superior Agrario, donde la comunidad no camina sola. Y apenas este año, un peritaje antropológico —resultado del trabajo conjunto entre especialistas y la propia comunidad, entregado en un acto donde también estuvo presente la Procuraduría Agraria, acompañando ese proceso— confirmó con evidencia científica lo que los pjiekakjoo llevan siglos afirmando con su presencia: que este territorio es suyo desde antes de que existiera México como nación, desde antes de la Triple Alianza mexica.

¿Por qué cuento esta historia primero, antes de cualquier otra? Porque ilustra algo que casi nunca decimos en voz alta cuando hablamos de conflictos agrarios: que la ley no siempre camina al mismo paso que la justicia. Que un pueblo puede tener la razón durante ochenta años, cuidar su bosque durante ochenta años, y aun así tener que seguir pidiendo, expediente tras expediente, que alguien con autoridad para hacerlo se digne reconocer lo evidente. La memoria de los pjiekakjoo no es nostalgia: es una acusación pendiente. Cada hongo que recolectan, cada árbol que reforestan, cada asamblea donde deciden juntos el destino de su monte, es también un acto de resistencia frente a un sistema que tardó demasiado —y que en algunos tramos del camino, todavía no termina de responder.

Porque la tierra, cuando ha sido cuidada así, con esa fidelidad de siglos, no olvida quién la trabajó. Y los pueblos que la cuidan tampoco olvidan lo que se les debe. Esa es la primera pieza de este mapa que iremos armando semana a semana: entender que detrás de cada conflicto territorial en México hay una memoria que exige, con toda razón, que la justicia finalmente le dé alcance.