48 mil millones podrían reavivar al campo, los ejidos y las comunidades agrarias

Hay cifras que, por su magnitud, obligan a preguntarnos qué podríamos hacer para fortalecer ciertos sectores. Para 2027 se estiman alrededor de 48 mil millones de pesos en recursos presupuestarios destinados a las obligaciones financieras asociadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), como parte de una deuda que tiene su origen en el rescate bancario de los años noventa.

Han pasado casi tres décadas y se continúan destinando recursos públicos a aquella decisión. Pero hay algo que no debemos olvidar: mientras se destinaron enormes recursos públicos al rescate del sistema financiero, el modelo neoliberal profundizó el abandono del sector primario, debilitó las instituciones públicas destinadas al campo y dejó a millones de campesinas, campesinos, ejidatarias, ejidatarios, comuneras y comuneros enfrentando mercados desiguales, falta de financiamiento y un creciente deterioro de las capacidades del Estado para garantizar sus derechos.

Fue una expresión clara de las prioridades del neoliberalismo: se socializaron las pérdidas del sistema financiero, mientras se individualizaron los riesgos de quienes producían alimentos y sostenían la vida en los territorios rurales.

En materia agraria, la reforma salinista al artículo 27 constitucional de 1992 expresó esa misma visión. Durante años se pretendió instalar la idea de que el ejido y la comunidad eran formas atrasadas de propiedad y que su destino inevitable era incorporarse al mercado de tierras. Se debilitó la presencia institucional en el territorio y se relegó una política activa de organización, defensa y fortalecimiento de la propiedad social.

Por eso, cuando hoy hablamos del costo que todavía representan las obligaciones asociadas al rescate bancario, resulta legítimo plantear otra pregunta: ¿qué significarían 48 mil millones de pesos si una cantidad equivalente se invirtiera en fortalecer los derechos de quienes poseen y trabajan la propiedad social de nuestro país?

No planteo que los recursos destinados al IPAB puedan simplemente cambiar de destino. Se trata de un ejercicio para dimensionar prioridades y recordar que cada peso público representa también una posibilidad de transformación.

México tiene alrededor de 32 mil 500 ejidos y comunidades, donde más de 5.5 millones de sujetos agrarios tienen derechos. Una inversión de 48 mil millones de pesos equivaldría, sólo para dimensionar su magnitud, a casi 1.5 millones de pesos por cada núcleo agrario del país.

¿Qué podríamos hacer con una inversión equivalente?

Podríamos emprender una estrategia nacional para avanzar en la certeza jurídica de miles de ejidos y comunidades; actualizar padrones, reglamentos internos y estatutos comunales; fortalecer sus órganos de representación y vigilancia; ampliar el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres; modernizar la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional; fortalecer la defensa jurídica gratuita y acercar todavía más las instituciones a los territorios.

Pero hay un ámbito que considero fundamental: la conciliación y la construcción de paz.

Los conflictos agrarios no son únicamente expedientes. Detrás de una controversia por límites, posesión, sucesión o representación hay personas, familias y comunidades. Algunos diferendos permanecen abiertos durante años e incluso generaciones. Cuando no son atendidos oportunamente, pueden deteriorar la convivencia comunitaria y, en los casos más graves, convertirse en conflictos sociales.

Por eso debemos pasar de una política que atiende los conflictos cuando ya han escalado a una política capaz también de prevenirlos.

Imaginemos destinar sólo 8 mil millones de pesos de esos 48 mil millones a una gran estrategia nacional de conciliación, prevención de conflictos y construcción de paz en los territorios de propiedad social. Podríamos desplegar equipos interdisciplinarios de abogadas y abogados, peritos, topógrafos y facilitadores; realizar los trabajos técnicos necesarios para resolver diferencias sobre límites; fortalecer mesas de diálogo; acompañar asambleas y, sobre todo, dar seguimiento a los acuerdos hasta garantizar su cumplimiento.

Porque conciliar no significa únicamente firmar un convenio. Conciliar significa reconstruir confianza, reconocer derechos y crear las condiciones para que dos comunidades puedan volver a mirarse como vecinas y no como adversarias.

La certeza jurídica también construye paz. Un padrón actualizado previene disputas; reglas internas claras fortalecen la gobernanza; órganos de representación legítimos dan confianza a las asambleas; un levantamiento topográfico confiable puede destrabar una controversia de décadas. La construcción de paz comienza muchas veces con algo tan concreto como saber dónde termina una tierra y comienza la otra, quién tiene derechos sobre ella y qué decidió legítimamente la asamblea.

También debemos preguntarnos cuánto podríamos avanzar para saldar una deuda histórica con las mujeres rurales. Una inversión extraordinaria permitiría multiplicar las acciones para que ejidatarias, comuneras, posesionarias y avecindadas ejerzan plenamente sus derechos y participen en las decisiones sobre sus territorios. No puede haber transformación de la propiedad social mientras las mujeres sigan enfrentando obstáculos para acceder a la tierra y a los espacios donde se decide su destino.

Y debemos mirar hacia las nuevas generaciones. Necesitamos jóvenes que conozcan la historia de sus ejidos y comunidades, pero también sus derechos; que aprendan a organizar una asamblea, integrar un expediente, interpretar un plano y acompañar los procedimientos agrarios. Formar auxiliares agrarios desde los propios territorios permitiría construir capacidades que permanezcan en las comunidades.

Los 48 mil millones de pesos son, por supuesto, parte de un ejercicio comparativo. Pero permiten dimensionar algo que no es hipotético: la enorme capacidad transformadora que tendría una inversión sostenida en la propiedad social.

Si México puede destinar decenas de miles de millones de pesos para atender obligaciones originadas por el rescate bancario, también debemos imaginar la dimensión de una inversión equivalente destinada a saldar otra deuda: la deuda con quienes durante generaciones han producido nuestros alimentos, cuidado los territorios y defendido la propiedad social.