De la resistencia indígena al reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público

Más de cinco siglos de despojo, explotación, racismo y etnocidio no han podido doblegar a los pueblos indígenas de México. Les arrebataron sus tierras, intentaron silenciar sus lenguas, desconocieron a sus autoridades y buscaron destruir sus formas de organización. Pero nunca consiguieron arrancarles sus raíces ni extinguir su voluntad de seguir su origen.

Ni la Conquista [Invasión], ni el régimen colonial, ni el liberalismo del siglo XIX, ni las políticas de exterminio del porfiriato, ni el neoliberalismo lograron consumar su desaparición. Perseguidos y expulsados de sus territorios ancestrales, muchos encontraron refugio en las sierras, montañas, selvas, barrancas y regiones apartadas.

Otros resistieron en sus propias tierras, donde preservaron sus culturas, conocimientos, formas de gobierno y su profunda relación con la naturaleza.

La historia de los pueblos indígenas es una historia de agravios. Pero, sobre todo, de resistencia que ha mantenido vivo al México profundo.

Guillermo Bonfil Batalla explicó que la categoría de indio surgió de una relación colonial de dominación. Los pueblos originarios, con sus propias identidades, historias y culturas, fueron reducidos por el poder colonial a una condición impuesta. Sin embargo, nunca renunciaron a su existencia colectiva.

Durante la Colonia defendieron sus territorios mediante títulos primordiales y distintas formas de organización comunitaria. En el siglo XIX, las leyes de desamortización abrieron paso a nuevos despojos. Bajo el porfiriato, la concentración de la tierra estuvo acompañada de peonaje, deportaciones, trabajos forzados y campañas militares contra los pueblos que se negaban a someterse.

Ricardo Flores Magón denunció aquella injusticia en Regeneración, el 2 de septiembre de 1911, al describir las condiciones en que habían quedado los pueblos indígenas tras el despojo de sus tierras y bienes naturales:

“Sin un palmo de tierra, sin derecho a tomar del bosque ni la más pequeña rama de un árbol”.

Más de un siglo después, aquellas palabras conservan su fuerza y nos recuerdan que la lucha por la tierra también ha sido una lucha por los bosques, el agua, la libertad y la dignidad.

La Revolución Mexicana, fundamentalmente campesina, surgió también de la lucha contra el despojo y la concentración de la tierra. La reforma agraria y, particularmente, el cardenismo abrieron un horizonte de justicia mediante el reparto agrario, la restitución de tierras y el fortalecimiento de los ejidos y las comunidades agrarias.

Sin embargo, la deuda histórica no quedó saldada. El racismo y la discriminación continuaron marcando la vida nacional.

Rosario Castellanos retrató esa realidad en Oficio de tinieblas, cuando Marcela Gómez Oso, una mujer indígena, camina por el arroyo de una calle de Ciudad Real porque a las personas de su pueblo no se les permite transitar por las aceras. La escena revela la brutalidad de una discriminación arraigada durante siglos, que pretendía negar incluso el derecho a ocupar dignamente el espacio público.

Con el neoliberalismo llegó una nueva ofensiva contra la propiedad social. La contrarreforma al artículo 27 constitucional de 1992 abrió paso a la individualización de los derechos agrarios y generó nuevas presiones sobre las tierras ejidales y comunales.

El levantamiento zapatista de 1994 y los Acuerdos de San Andrés de 1996 colocaron nuevamente en el centro del debate nacional una exigencia histórica: tierra, territorio, autonomía, dignidad y reconocimiento de los derechos colectivos.

A esta historia se suma la del pueblo afromexicano, cuya presencia ha sido fundamental en la construcción de nuestra nación. Sus comunidades enfrentaron la esclavitud, el racismo, la exclusión y siglos de invisibilización. Su lucha por el reconocimiento constitucional forma parte de la exigencia de justicia histórica, con una identidad y una trayectoria propias.

México tiene una deuda de más de cinco siglos con sus pueblos indígenas y una deuda histórica con el pueblo afromexicano.

Reconocer y garantizar sus derechos es una obligación del Estado y una condición indispensable para construir una nación verdaderamente pluricultural.

La reforma al artículo 2º constitucional, publicada el 30 de septiembre de 2024, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, representa un cambio de paradigma histórico. Por primera vez, la Constitución reconoce expresamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

No se trata de una modificación meramente jurídica, sino de una transformación de fondo: superar una relación histórica de subordinación para construir otra fundada en el reconocimiento de los derechos colectivos, la libre determinación y la autonomía.

Este avance constitucional abre una nueva etapa que corresponde consolidar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante leyes, políticas públicas e instituciones que hagan efectivos los derechos reconocidos.

Por ello, la construcción de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos trasciende el ejercicio legislativo. Representa la oportunidad histórica de recoger la palabra de quienes han resistido durante generaciones y convertir sus demandas en derechos plenamente reconocidos y garantizados por el Estado mexicano.

La Procuraduría Agraria ha participado como facilitadora del proceso de consulta previa, libre e informada, mediante asambleas regionales en distintas entidades federativas, con la participación de autoridades tradicionales, representantes comunitarios y personas defensoras del territorio. Destaca la presencia de las mujeres indígenas y afromexicanas, cuyas voces y propuestas son fundamentales para construir una legislación con perspectiva de género y respeto a los derechos colectivos.

En este proceso, las tierras y los territorios ocupan un lugar central. La propiedad comunal tradicional, la integridad territorial, la protección del medio ambiente y los bienes naturales constituyen asuntos fundamentales para garantizar la continuidad histórica, cultural y material de los pueblos.

En los ejidos y las comunidades agrarias de México también habitan pueblos indígenas y comunidades afromexicanas que encuentran en la propiedad social una base fundamental para preservar su identidad, sus formas de organización, sus conocimientos ancestrales y sus medios de vida.

La propiedad social de la tierra es mucho más que una forma jurídica de tenencia. Es territorio, identidad, memoria histórica, organización colectiva y sustento de la vida comunitaria. En numerosos núcleos agrarios se conservan lenguas originarias, sistemas normativos, prácticas de ayuda mutua y conocimientos indispensables para el cuidado de la biodiversidad.

Por eso, defender la propiedad social también significa proteger los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que habitan esos territorios, los trabajan y preservan su riqueza cultural y natural.

Desde la nueva Procuraduría Agraria asumimos que el rescate, la defensa y la revalorización de la propiedad social de la tierra son inseparables del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Nuestra tarea no consiste en sustituir la voluntad de las comunidades, sino en acompañarlas, brindarles asesoría y fortalecer sus capacidades para ejercer sus derechos, proteger sus territorios y hacer valer las decisiones de sus asambleas.

Porque los derechos de los pueblos no son concesiones ni actos de generosidad del poder. Son conquistas de generaciones de mujeres y hombres que enfrentaron el despojo, resistieron la discriminación y mantuvieron viva la organización comunitaria en las condiciones más adversas.

Después de más de cinco siglos de resistencia, ha llegado el momento de que las demandas históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos se conviertan en derechos efectivos, instituciones comprometidas y justicia tangible.

Que la voz de los pueblos se haga ley. Que la ley se convierta en derechos y que los derechos se traduzcan en justicia, autonomía, dignidad y bienestar.

Y que nunca más se decida sobre sus tierras, sus territorios y su futuro sin escuchar su voz, respetar su voluntad y garantizar el ejercicio de sus derechos.