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Murió el Día De La Raza, nació el Día de la Nación Pluricultural

Murió el Día De La Raza, nació el Día de la Nación Pluricultural

Por Érika Ramírez

Durante décadas, cada 12 de octubre se celebró el llamado Día de la Raza, una conmemoración que exaltaba el mestizaje mientras relegaba a los pueblos originarios a un lugar secundario en nuestra historia. En 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esa fecha fue declarada oficialmente Día de la Nación Pluricultural.

No fue un simple cambio de nombre. Significó reconocer que México no nació de una sola cultura y que los pueblos indígenas no pertenecen únicamente al pasado. Están aquí, con su historia, sus territorios y sus derechos aún por hacer plenamente efectivos.

Como periodista, tuve oportunidad de recorrer sus comunidades y conocer de cerca una realidad que pocas veces encontraba espacio en los discursos oficiales.

Hay historias que una nunca olvida. Rostros que permanecen en la memoria, caminos de terracería y comunidades donde la pobreza parece heredarse de una generación a otra. Pero también hay historias de dignidad que explican por qué los pueblos indígenas de México siguen de pie después de más de cinco siglos de despojo.

En Coicoyán de las Flores, Oaxaca, conocí a un niño del que ya les había contado. De sus ojos supuraba pus, como un llanto permanente y silencioso. No recibía atención médica. Su rostro permanece en mi memoria como una de las expresiones más dolorosas del abandono que padecían las comunidades indígenas.

En la Sierra Negra de Puebla encontré comunidades nahuas sometidas a la pobreza y al cacicazgo. En Santa Lucía Miahuatlán, Oaxaca, mi compañero fotógrafo y yo tuvimos que salir corriendo de una comunidad. Sus habitantes desconfiaban de nuestra presencia y no hablar su lengua nos impidió explicarles que queríamos contar su historia. Aquella experiencia también me enseñó cuánto nos separaba de los pueblos que pretendíamos comprender.

En Sonora conocí a los yaquis, convertidos en jornaleros en sus propias tierras. Un pueblo que, pese a siglos de persecución, mantiene viva la defensa de su territorio y del agua. Ahí confirmé que la tierra no es solamente un medio de producción: es memoria, identidad y continuidad de la vida comunitaria.

Otras historias quedaron marcadas por la violencia. En 2010 viajé con el fotógrafo David Cilia a San Juan Copala, Oaxaca, para documentar la situación del pueblo triqui. La caravana humanitaria que intentó llegar a la comunidad fue emboscada. Bety Cariño y Jyri Jaakkola fueron asesinados.

También recuerdo a Mariano Abarca, quien defendió el territorio de Chicomuselo, Chiapas, frente a la minería y fue asesinado en 2009. Y a Tomás Rojo Valencia, defensor del agua del pueblo yaqui, asesinado en Sonora en 2021. Sus historias hablan del alto precio que han pagado quienes se atrevieron a enfrentar el despojo.

No recupero estos recuerdos para hacer un inventario de agravios, sino para reflexionar sobre el México profundo, aquel que durante siglos permaneció fuera de las prioridades del poder, pero nunca dejó de resistir.

Detrás de aquel niño sin atención médica y de quienes perdieron la vida defendiendo sus territorios hay una misma exigencia: que los derechos de los pueblos indígenas dejen de existir solamente en el papel. Por eso, la memoria de estas luchas adquiere hoy un significado distinto frente a los cambios jurídicos que vive nuestro país.

La reforma al artículo 2º constitucional, impulsada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, la consulta para construir la propuesta de iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos busca dar continuidad a ese reconocimiento.

La ley no puede devolver las vidas perdidas ni borrar generaciones de abandono. Pero puede contribuir a que las demandas que escuché durante años en aquellos caminos se conviertan en derechos efectivos, respaldados por obligaciones del Estado.

Persisten desigualdades y desafíos. Sería ingenuo pensar que siglos de exclusión pueden revertirse de inmediato. Pero tampoco podemos ignorar el significado de estos cambios para pueblos que durante generaciones debieron ser reconocidos.

He conocido el dolor de esas comunidades, pero también su generosidad y su extraordinaria capacidad de resistencia. Por eso me resisto a mirarlas solamente desde la tragedia. Son protagonistas de su historia y tienen mucho que decir sobre el futuro de México.

Pienso en aquel niño de Coicoyán, en Bety Cariño y en tantos rostros que permanecen en mi memoria. Sus historias me recuerdan que las leyes adquieren sentido cuando transforman la vida de las personas.

Que la voz del México profundo se escuche. Que su vida y su lucha se conviertan en derechos.